Un alto riesgo de aplicar un cambio abrupto en las reglas actuales sobre seguridad vehicular advierte la Andi, gremio de industriales que agrupa a las más grandes empresas del país.
Según expresan en una carta de 10 páginas, que fue enviada al Congreso de la República, advierten sobre un proyecto de ley que hace trámite en el Legislativo, relacionado con “derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos, mediante una movilidad segura”.
Al decir de la Andi, plantear una transformación de los cinturones de seguridad de los vehículos, si bien permite avanzar en protección y cuidado de los actores viales, también podría afectar la continuidad de los proyectos de ensamble de vehículos actuales en el país.
La Andi hace especial referencia al artículo del proyecto de ley relacionado con el cinturón de seguridad, con el cual se modifican las normas. “Sobre este punto es importante mencionar que el artículo determina la obligatoriedad de contar con cinturones de tres puntos en todas las posiciones de los vehículos automotores, lo que incluye a motocicletas y buses de servicio de transporte masivo, por la definición dada en la ley, en los que por razones prácticas y de diseño resulta inviable”.
Otra de las memorias que hizo la Andi es que, “en 2022, el Gobierno reglamentó los requisitos técnicos que deben cumplir todos los vehículos que ingresan al país para ser comercializados, estableciendo las condiciones y los tipos de cinturones de seguridad que deben estar instalados en los vehículos (no en todos los casos y en todos los asientos deben ser cinturones de 3 puntos)”.
Con esa regla, “en el país se dio una directriz al mercado nacional (industria) y al mercado internacional, sobre los requisitos técnicos que deben tener los vehículos automotores nuevos para poder ser comercializados en los próximos años”, manifestó la Andi.
Así las cosas, la directriz llevó a que “los vehículos que, basados en su arquitectura y diseño cuentan con cinturones fabricados e instalados, que además cumplen con las pruebas de desempeño requeridas para garantizar su debido funcionamiento sobre todo en condiciones de alto impacto”. Por lo tanto, “la determinación de una exigencia técnica mediante una ley sin tener en cuenta la normatividad técnica expedida por el Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desconociendo la realidad industrial del país, generaría un cambio abrupto en el marco regulatorio actual sobre seguridad vehicular, lo que podría afectar la continuidad de los proyectos de ensamble de vehículos actuales en el país”.