Durante el año anterior, las actuaciones unilaterales de la alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Daniel Quintero, con respecto a EPM, como la demanda por $9,9 billones que terminó con la salida de la junta directiva y más recientemente la salida de Álvaro Guillermo Rendón de la gerencia, generaron graves fracturas al gobierno corporativo de la compañía que por supuesto causaron graves preocupaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esto quedó en evidencia en septiembre del año anterior cuando el BID suspendió momentáneamente un millonario desembolso. No obstante, el gobierno corporativo no fue la única preocupación en ese momento.
El BID también mostró su preocupación por el tema de la licencia ambiental del proyecto, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha manifestado muchos reparos al respecto, incluso le impuso a EPM una multa por 5.500 millones de pesos.
No obstante, y pese a estos antecedentes, en diálogo con Semana James P. Scriven, gerente general de BID Invest; y José Agustín Aguerre, Gerente, Sector de Infraestructura y Energía, explicaron que desde el BID se encuentran haciendo seguimiento al proyecto y que avanzan a buen ritmo las conversaciones con la Alcaldía de Medellín y EPM para firmar una enmienda al contrato del crédito original.
“Venimos trabajando junto con EPM y la Alcaldía en lo que puede ser una enmienda al contrato. Estamos con esas conversaciones y esperamos llegar a buen puerto”, dijo Scriven.
Por otro lado, ambos funcionarios, recalcaron el compromiso del BID con nuevos proyectos de infraestructura en el país, como quedó evidenciado con el anuncio el anuncio del la APP para la navegabilidad del río Magdalena en la que participó este organismo.
La inversión en esta APP alcanzará los 1,4 billones de pesos, y el apoyo del BID fue fundamental para el fortalecimiento del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta los fracasos que se presentaron en el pasado y las dificultades para lograr el cierre financiero del proyecto.
Se espera que esta concesión que se extenderá por 15 años beneficia a más de 6 millones de personas que viven en 69 municipios del país que se beneficiarán de este proyecto.
Scriben explicó que si bien el BID normalmente no participa en este tipo de proyectos por sus implicaciones ambientales, en este caso se encuentra tan bien estructurado en términos de estudios técnicos, ambientales, impactos sociales y financieros, que decidieron tomar el riesgo y avanzar en la APP del Magdalena.
También destacaron la institucionalidad del país, indicaron que es muy sólida en temas de infraestructura gracias a la estructuración financiera que se hace desde la ANI y la relación armoniosa de las distintas entidades.
“Junto con el Gobierno acabamos de aprobar un préstamo para identificación de nuevas apps no solo en transporte, muchas en el sector de energía así que ahí hay una bolsa de recursos”, indicó José Agustín Aguerre.
Así mismo, los funcionarios explicaron que vienen trabajando para que en el futuro se lleven a cabo nuevas APP para temas de las 4g, aeropuertos e incluso hidroeléctricas.
Finalmente, explicaron que es fundamental que el país siga haciendo grandes inversiones en materia de infraestructura, no solo para salir del rezago que se ha tenido por años, sino porque será una herramienta fundamental para la reactivación de cara a la crisis que ha generado la pandemia.
Aguerre indicó que lo deseable sería que se invirtiera al menos un 4% del PIB en esta tarea y destacaron la importancia que tendrá el sector para tener mejores resultados. Destacó que es importante que incluyan estímulos en la eventual tributaria para impulsar el sector privado.
“La nueva administración del grupo BID tiene una agenda ambiciosa para reactivación. El presidente Mauricio Claver-Carone esta presentando la Visión 2024 enfocada en lo que es entender el efecto de la pandemia sobre la región. En eso será fundamental el rol del sector privado y nosotros los vamos a ayudar”, indicó Aguerre.