A las varias evaluaciones que se han hecho en el país, luego de que se conociera el grado de avance en el Congreso de la República, del proyecto de Acto Legislativo que busca reformar la Constitución Política para que se modifique la manera de distribuir las transferencias en Colombia, se suma ahora la del Banco de la República, que puso el foco en esta propuesta, la cual ya lleva 6 debates aprobados en el Legislativo.
Las conclusiones que halló el emisor están en línea con las preocupaciones que asaltan en todos los frentes, pues los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) han sido claves para las regiones, ya que se asignan prioritariamente a la prestación de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico y a otros programas sociales y de inversión de los territorios.
Muchos de los entes territoriales en el país han alzado la mano porque quieren mayor descentralización.
En medio de esas dos realidades, el proyecto de reforma constitucional propone el aumento gradual de las transferencias, a través del SGP, hasta alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación durante un período de 12 años a partir de 2027.
En ese sentido, el emisor señala que habría un fuerte impacto fiscal. “Suponiendo que no hay un ajuste en el gasto del Gobierno nacional originado en la reasignación de competencias (a las regiones), el aumento progresivo de los recursos por SGP tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, llevando el déficit fiscal al 4,7 % del PIB y la deuda neta al 64,6 % del PIB en 2038″, advierte el Emisor.
Hay que recordar que, sin reforma, el déficit y la deuda se situarían en 2,8 % y 54,9 % del PIB, respectivamente.
Para el Banco de la República, si bien el proyecto de acto legislativo pretende fortalecer la descentralización, algo que están abogando las regiones para, entre otras, tener autonomía en el manejo de los recursos y evitar circunstancias que se han presentado recientemente, los desafíos fiscales son muchos, en particular “para el cumplimiento de las metas de la regla fiscal y el manejo de la deuda pública”, concluyeron.
Similar a la posición de JPMorgan
Ya en días pasados el JPMorgan, el banco más importante de los Estados Unidos, había llegado a una conclusión similar.
Y es que, el cumplimiento de la regla fiscal es clave para el llamado riesgo país, con el cual, a medida que sube, la factura se paga en la deuda, pues se obtiene, pero mucho más cara en comparación con el momento en el que las finanzas están sanas y sin peligro de que se llegue al impago.
Ojo con el riesgo país y el dólar
Así las cosas, el Banco Central estima que la reforma al SGP podría tener consecuencias sobre el comportamiento de otras variables como la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica.
Esto, teniendo en cuenta que que el gasto del Gobierno es financiado con un mayor endeudamiento, lo cual eleva la percepción de riesgo del país.
Y el efecto terminaría en una caída en el consumo de los hogares y a una mayor depreciación del peso que a su vez reduce el consumo y la inversión privada, dice el emisor.
“La contracción de la demanda interna privada no alcanza a ser compensada por el aumento del gasto público (impulsado por el proyecto de ley) y de las exportaciones, lo cual se refleja en un menor nivel del PIB. Es importante señalar que los resultados descritos no consideran el impacto sobre el gasto del Gobierno nacional debido al traslado de competencias a los municipios y departamentos”, concluyó.