El pasado domingo primero de octubre, en la aguas del río San Andrés de Cuerquia, ozona de influencia de la central hidroeléctrica Hidroituango, dos personas desaparecieron. Ante este hecho, diferentes grupos de personas se han tomado las vías de acceso fluvial y terrestre a la central de Hidroituango para exigir que EPM disponga de buzos para la búsqueda de las personas desaparecidas en la desembocadura del embalse.
En medio de los bloqueos, Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió un comunicado asegurando que la vida de más de 3 mil trabajadores y contratistas que laboran en Hidroituango se encuentra en riesgo, así como la seguridad energética del país.
“Este bloqueo no solo impacta a la central Hidroituango, también lo hace con los municipios vecinos, especialmente con los habitantes de Ituango, generando afectaciones al comercio, al suministro de gas, víveres y alimentos y la atención en salud al no poder trasladar pacientes”, se lee en el comunicado.
“A esto se le suma la imposibilidad de usar la vía alterna que comunica al corregimiento de Puerto Valdivia con el sitio de presa afectando la movilidad de los habitantes de veredas de los municipios de Briceño, Ituango y Valdivia. Sin alimentos e hidratación El bloqueo a la Central afecta los derechos a la vida y la salud de los trabajadores de Hidroituango, pues impide el suministro de alimentos e hidratación y el cambio de turnos”, dice la compañía.
EPM ha asegurado que, aunque esta labor de búsqueda de desaparecidos corresponde a los organismos de socorro, la Compañía, bajo el principio de solidaridad consagrado en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 y la colaboración armónica entre entidades del Estado, apoya al cuerpo de bomberos de Toledo con el suministro de dos lanchas con sus conductores, sobrevuelos de dron con personal especializado, hidratación para los socorristas, acompañamiento psicosocial para las familias de los desaparecidos y hospedaje. Afectación a la comunidad.
Suspensión de la producción de energía
EPM informa que ya dio aviso a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el fin de evitar que esta emergencia escale a una crisis humanitaria y de seguridad energética. “De continuar el bloqueo será necesario suspender la producción de energía de las unidades 1 y 2 de la central, las cuales vienen entregando 600 megavatios continuos al Sistema Interconectado Nacional (6 % de la demanda energética nacional); esta generación representa un aporte significativo a la confiabilidad energética del país y mitiga los efectos del fenómeno de El Niño en el precio de la energía”, dice el comunicado.
La empresa también ha dicho que se compromete la operación de las compuertas del vertedero y la subestación de 500 kilovoltios, con un aumento del riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa. De la misma forma, se afectan los sistemas de bombeos de aguas de infiltración de las cavernas del proyecto, las cuales impiden que este se inunde y se pierda control de la obra.
Hoy se encuentra en alto riesgo el funcionamiento de muchos equipos y sistemas, todos neurálgicos para la estabilidad del sistema eléctrico nacional y para la seguridad de las comunidades aguas abajo.
Bloqueos ponen en riesgo a los manifestantes
Los bloqueos también ponen en riesgo la vida de los manifestantes y de los que quedan allí confinados, ya que según informa EPM, en la zona hay presencia de vehículos cuyo combustible es gasolina, lo que a su vez genera riesgos de incendio y explosiones al interior de los túneles.
“Este bloqueo, que impacta a miles de personas entre empleados, contratistas y comunidad de los municipios vecinos, tienen una incidencia directa sobre la seguridad de la Central, el cronograma de obra de las unidades 3 y 4, y la confiabilidad energética del país”
Ante esto, el llamado de la empresa es a que se levante cuanto antes el bloqueo y reitera su disposición permanente al diálogo y la interacción con las comunidades.