Los compromisos para contrarrestar el cambio climático son la columna vertebral de la agenda verde del nuevo gobierno, que durante la campaña presidencial tomó como bandera la descarbonización de la economía, que tiene grandes retos a la hora de reglamentarla.
Ante los retos verdes, los abogados consultados piden prudencia, escuchar a los empresarios y hasta crear una jurisdicción ambiental especializada, así como más recursos. Para Érika Serrano, abogada asociada de la firma Posse Herrera Ruiz, los desafíos del nuevo Gobierno “se materializan en la necesidad de reglamentar y hacer operativos varios mecanismos legalmente creados, pero, a la fecha, inoperantes, como el Reporte Obligatorio de Emisiones (ROE) y el Programa Nacional de Cupos Transables (PNCT), que están llamados a dinamizar los mercados de carbono actuales”. Para ella, la reglamentación que el nuevo Gobierno expida en materia ambiental debe tener en consideración las perspectivas de los empresarios. Cree también que se favorecerá la consolidación del escenario jurídico para la potencialización del desarrollo de iniciativas de reducción y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, así como el marco jurídico y operativo para seguir fomentando la economía circular.
Por su parte, para Natalia Soto, asociada, e Ignacio Santamaría, socio de la firma Lloreda Camacho, el Gobierno tiene desafíos como la deforestación y la degradación de ecosistemas sensibles. Consideran que la administración Petro tiene el reto “de diseñar e implementar una política articulada, transversal y aterrizada a los territorios, que logre disminuir el aumento rampante de estos fenómenos, recupere el control territorial y, simultáneamente, garantice alternativas económicas viables para las comunidades”.
Frente a la descarbonización de la economía, dicen: “Se debe garantizar que dicho proceso se adelante de manera gradual y responsable, sin afectar el crecimiento económico, la autosuficiencia energética y apoyando a las industrias, para que la apuesta de reducir las emisiones de carbono no genere más daño que bienestar”.
Adicionalmente, consideran que el Gobierno no la tiene fácil con respecto a la necesidad de avanzar en medidas de adaptación al cambio climático, la expedición de las complejas reglamentaciones de la ley de plásticos de un solo uso en los próximos meses y el fortalecimiento de los mercados de carbono y pago por servicios ambientales. “En particular, consideramos que el Gobierno tiene que ser prudente y técnico al momento de establecer nuevas reglas y directrices, ya que ello puede traducirse en desincentivos para sectores clave de la economía nacional”, comentan los abogados de Lloreda Camacho al explicar cómo se van a materializar los anuncios en lo que respecta a sectores como el minero-energético e infraestructura.
Natalia Núñez, socia y directora del área de Derecho Ambiental y Servicios Públicos de la firma Pinilla, González & Prieto Abogados, considera que será importante apostar y enfocarse en programas de reforestación en los territorios como mecanismo para la reducción de los gases efecto invernadero ocasionado por actividades como la ganadería extensiva y la deforestación. Subraya que es importante que este Gobierno se encargue de la formulación de la normativa ambiental relacionada con la remediación y la contaminación ambiental, tema que sigue sin ser regulado a la fecha. “Se espera que el Estado brinde seguridad jurídica y garantías a los titulares de licencias, títulos y/o contratos de concesión, de exploración o explotación de recursos naturales y que continúe las actividades del sector minero-energético de manera responsable y sostenible, revisando actividades con alta contaminación y generación de CO2, como la deforestación, etc.”, dice. Otra de las preocupaciones es la tala ilegal, que se ha convertido en una de las principales causas de la deforestación, impulsada por los grupos ilegales, uno de los mayores retos para el Gobierno.
Alejandro Mesa y Camila Jiménez, de Baker McKenzie, ponen lupa en el Acuerdo de Escazú y advierten que preocupa su inadecuada implementación, ante una posible ratificación. “Todos sabemos que el Acuerdo es una herramienta extraordinaria que permite garantizar el derecho a la información ambiental, la participación pública en asuntos y justicia ambientales. Sin embargo, una implementación del Acuerdo de Escazú que no se compadezca con la realidad jurídica colombiana en el marco de los mecanismos de participación, podría generar el desplazamiento de la autoridad ambiental como autoridad legítima en la toma de decisiones ambientales, lo que podría poner en riesgo la ejecución de proyectos de desarrollo”, advierten.
Según ellos, Colombia ya cuenta con un marco regulatorio lo suficientemente amplio en materia de acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia. “De ser ratificado, el Acuerdo de Escazú debería permitir robustecer los mecanismos existentes en Colombia, sin llegar a crear mecanismos o instituciones adicionales que, al generar una proliferación normativa y dispersión en esa materia, crearía más inseguridad jurídica”.
Por ejemplo, en lo que respecta al derecho de petición que se rige por Ley Estatutaria, una reforma a la misma requeriría modificación a través de ley, lo cual necesitaría aprobación absoluta de los miembros del Congreso, con revisión previa de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. “El proceso de implementación podría tomar un tiempo considerable. Uno de los temas que nos preocupa en relación con esto es que no existe un término de implementación del Acuerdo, lo cual activa un riesgo de posibles demandas por la no adopción de una reglamentación en “tiempo razonable”, para que por vía de los fallos judiciales se exija el proceso de implementación”, explicaron Alejandro Mesa y Camila Jiménez.
Natalia Soto e Ignacio Santamaría, de Lloreda Camacho, señalan que los grandes retos de Escazú se encontrarían “principalmente relacionados con el tercer pilar del Acuerdo, la justicia ambiental y, específicamente, la creación de una jurisdicción ambiental especializada, que cuente con el expertise necesario para resolver disputas ambientales tan complejas como las que hemos estado viendo en los últimos años”.
De la agenda verde del nuevo Gobierno, Núñez, de la firma Pinilla, González & Prieto Abogados, espera que con los proyectos e iniciativas ambientales en pro de la reducción del cambio climático, Colombia avance en el cumplimiento de los acuerdos en materia de reducción de gases efecto invernadero, como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés), a las que se comprometió bajo el Acuerdo de París. Así mismo, destacó iniciativas como la reducción de plásticos de un solo uso, que lograrán una disminución importante de la contaminación a fuentes hídricas y suelo, optando por soluciones sostenibles que contribuyan a una economía verde y que mejoren las condiciones de vida de las comunidades de subsistencia. Sin embargo, sobre este tema Mesa y Jiménez, de Baker McKenzie, consideran que “la reglamentación a la nueva ley deberá buscar estrategias para evitar un menoscabo en la industria del plástico, teniendo en cuenta la cantidad de empleos que esta genera, así como definir qué se entiende por alternativas sostenibles como componentes que reemplazarían al plástico y la viabilidad de producirlos en Colombia”.