La mayor parte de los recursos involucrados en el lío alrededor del presupuesto 2024, con las famosas partidas globales, son para infraestructura ($ 10,5 billones, de $13 billones que no fueron desagregados en el anexo del mencionado decreto), por lo que este lunes 12 de febrero, la Cámara Colombiana de la Infraestructura también hizo su pronunciamiento.
Efecto en el empleo
Advierten sobre parálisis en infraestructura de transporte y pérdida de la confianza inversionista; pero el gremio de concesionarias señaló que los efectos ya se estarían sintiendo. “La no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vı́as (Invías), como el mantenimiento rutinario de todas las vı́as nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos”, argumentó la CCI.
Y no es todo. “También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas. El Invı́as no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones”, agregaron.
Urge la corrección del decreto
Para la CCI, la no corrección de los yerros del Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, estaría poniendo en jaque proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, que ha sido un tema recurrente en los últimos días. Al igual pasaría con la operación del Túnel de La Línea e, incluso, con la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán, sostuvo el gremio de concesionarios.
Ojo con la confianza
Los voceros de los concesionarios expusieron su preocupación por el efecto que tiene esta situación en la confianza inversionista, pues ven que se atenta contra la seguridad jurídica de lo ya acordado, lo que toca el tema de las vigencias futuras, que son un compromiso soberano basado en el cual, los ejecutores de obras de infraestructura hacen sus inversiones.
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