Una de las decisiones más trascendentales que se han tomado en el país, a raíz del escándalo de InterBolsa, está contenida en un reciente fallo emitido por el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores (JCC), entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este tribunal ordenó cancelar el registro profesional de Grant Thornton Fast & ABS Auditores, firma que ejercía la revisoría fiscal en el malogrado grupo bursátil. La decisión significa que, en adelante, esta sociedad de auditoría no podrá volver a ofrecer en Colombia servicios relacionados con esta área de la contabilidad. La relevancia del fallo no solo está en la importancia de la firma sancionada -Grant Thornton es una de las multinacionales de auditoría externa más prestigiosas en el mundo y tiene 20 años de servicios en Colombia-, sino en el precedente que se sienta sobre la responsabilidad de los revisores fiscales y auditores cuando se cometen irregularidades en las compañías. Cuando cayó InterBolsa, en noviembre de 2012, muchos apuntaron hacia los auditores y contadores del grupo, tras afirmar que se hicieron los de la vista gorda frente a los hechos que llevaron a la debacle. Pues bien, en ese entonces, el tribunal disciplinario de la JCC emprendió una investigación de oficio que terminó en diciembre de 2014 con una sanción contra los contadores públicos Carlos Alberto Posada, Ulfany Castillo López y la firma Grant Thornton Fast & ABS Auditores. El primero era empleado de InterBolsa y la segunda representaba a esta última sociedad. Cabe anotar que cuando ejerció la revisoría fiscal y la auditoría en InterBolsa, Grant Thornton tenía como firma miembro en Colombia a Ulloa Garzón & Asociados, pero en enero de 2013 esta última fue absorbida por Fast & ABS Auditores y Consultores. Para el caso del fallo, la razón social de la entidad sancionada es Grant Thornton Fast & ABS Auditores y Consultores (identificada con NIT 800.159.484-7). Aunque la firma había apelado la decisión, los miembros del tribunal disciplinario, reunidos hace una semana, confirmaron en todas sus partes la resolución 000-1633 mediante la cual se le quita el registro de operación teniendo en cuenta los cargos. Según los investigadores, la auditoría no se pronunció en su debida oportunidad, ni ejerció las medidas de control pertinentes sobre las irregularidades contables de InterBolsa para el periodo de 2012, verificadas en visita llevada a cabo por la JCC. Tampoco se pronunció frente a situaciones como el riesgo de iliquidez que representaba, para la sociedad, la concesión de préstamos particulares no comprendidos dentro del objeto social del Grupo InterBolsa y además otorgados sin garantías reales. Se encontró un déficit de garantías del 89 por ciento. También se detectaron diferencias e inconsistencias en las cifras relacionadas con préstamos a particulares. Otra de las fallas de la revisoría fue no informar oportunamente a las entidades de control y vigilancia sobre la grave situación financiera por la que atravesaba InterBolsa. Al dictaminar los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2011 y a 30 de septiembre de 2012, algunos saldos no se encontraban acordes con los correspondientes, consignados en los libros oficiales. En resumen, se concluye que no se efectuó una labor de seguimiento, supervisión y control permanente. Por primera vez en Colombia se sanciona una firma de auditoría por su responsabilidad en las irregularidades de una empresa. Expertos consultados afirmaron que probablemente la decisión tendrá repercusiones en el futuro y afirmaron que el hecho hace recordar, guardadas proporciones, lo sucedido con Arthur Andersen en el sonado caso de quiebra de Enron. La firma de auditoría fue encontrada culpable por delitos de obstrucción a la justicia, destrucción y alteración de documentos relacionados con la bancarrota del gigante de la energía Enron e irregularidades cometidas por esta corporación. Arthur Andersen terminó casi todas sus actividades, pues se le prohibió seguir ejerciendo sus funciones de auditoría y asesoría para las sociedades registradas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En los países en que operaban, las sociedades de Arthur Andersen y sus equipos se fueron disolviendo o fueron absorbidos por otras empresas del sector. En el caso de Grant Thornton en Colombia, como la sancionada es la persona jurídica y no las personas naturales no es de extrañar, afirman fuentes del sector, que, a través de otras sociedades, los socios vuelvan a operar en el mercado bajo otro registro. Aunque el fallo del tribunal disciplinario ya fue notificado y, por consiguiente está en firme, al afectado le queda recurrir ante el contencioso administrativo si así lo decide. En cualquier caso, este fallo reabrió el debate sobre la responsabilidad de los revisores fiscales. Muchos sostienen que tienen un papel muy limitado y otros afirman que les falta más profundidad en su tarea, sobre todo en casos de negocios muy técnicos como en el sector financiero y en particular las sociedades comisionistas y fiduciarias. Un consultor afirmó que el personal que designan para auditar estas empresas no tiene un conocimiento especializado y detallado de cómo funcionan los negocios y, por lo tanto, es muy fácil que omitan muchas actuaciones y transacciones especializadas. Además, en muchos casos les hacen falta dientes para ser tenidos en cuenta por las administraciones de los negocios. Es decir, si a la administración no le gusta la forma como se comportan los auditores por ser inquisitivos y detallistas, lo más probable es que los cambien. Se debe buscar que estas firmas tengan muchos más argumentos técnicos y regulatorios sobre las empresas que auditan. Dentro de las tantas investigaciones que las superintendencias adelantaron en el caso de InterBolsa, se encuentra el siguiente testimonio sobre la gestión de la revisoría fiscal en los últimos años de existencia del grupo: “La revisoría fiscal en ninguna de las compañías del Grupo InterBolsa actuó de acuerdo con las funciones establecidas en los estatutos de la sociedad. La revisoría fiscal, a través de los funcionarios encargados y delegados por Grant Thornton, nunca mostró un entendimiento real del funcionamiento del negocio ni de las implicaciones fiduciarias que se tenían para la protección de los dineros de los accionistas y de los clientes de la firma. Por lo tanto, las actuaciones fueron permisivas y omisivas en detrimento de la responsabilidad fiduciaria de la compañía con sus diferentes grupos de interés”, dice el reporte, que además califica la tarea de la revisoría fiscal como mediocre y superficial.