En medio de la peor crisis que ha enfrentado la economía colombiana en el último siglo, acaba de comenzar la nueva legislatura. La expectativa es enorme frente a los cambios que se plantean en el Congreso de la República para dar la vuelta a las negativas cifras económicas y propiciar un escenario de reactivación. En materia de crecimiento económico, el Dane acaba de confirmar que el Índice de Seguimiento de la Economía, un buen predictor de cómo se comportará el Producto Interno Bruto, mostró en mayo una caída del 16,65 por ciento, que si bien es un registro menos malo que el de abril, cuando cayó 20,06 por ciento, reafirmó igual el enorme daño que la pandemia le ha causado al crecimiento.
El empleo tampoco se ha salvado de los estragos del coronavirus. Mientras en abril se perdieron 5,4 millones, la tasa de desempleo para ese mes se ubicó en 19,8 por ciento. En mayo el desastre continuó a pesar de la leve recuperación de vida productiva, cuando el desempleo alcanzó un 21,4 por ciento y la pérdida de empleos llegaba a 4,9 millones. Una tragedia social para un país que venía recuperándose del choque que generó entre 2014 y 2015 la caída de los precios del petróleo. En medio de este escenario, nefasto para algunos de los principales indicadores económicos y sociales del país, el Congreso tendrá que asumir un papel histórico y abordar los debates más importantes para el futuro del país y tramitar algunas reformas que han sido aplazadas por su impopularidad, pero que resultan determinantes para la recuperación del país. Aunque ya varios partidos han anunciado innumerables iniciativas que llevarán al Congreso, cinco son las que, en opinión de analistas expertos, empresarios y exministros, resultan más relevantes en estos momentos para el país. Aquí se las contamos.
Una reforma laboral que promueva el empleo La destrucción de cerca de 5 millones de empleos y la aceleración de las tasas de desempleo en el país a 21,4 por ciento en mayo son dos de los fenómenos más preocupantes que deja la pandemia. Con estos resultados, Colombia se convierte en el país de la región con los peores registros en desempleo y uno de los más afectados en el mundo. Varios analistas han identificado que entre las razones de esta situación están la inflexibilidad del régimen laboral que provoca una enorme informalidad y reduce la cobertura en seguridad social para un amplio sector de la población. Si bien es difícil pensar que todos estos problemas se pueden acabar ‘por ley’, un avance indiscutible sería lograr que el Congreso por fin aborde la discusión y se pueda corregir el problema de inflexibilidad laboral en el país. Se trata de una discusión muy impopular, que tiene en contra a muchos sindicatos y a sectores que buscan mantener sus privilegios a costa de que otros colombianos sigan en la informalidad. Pero aunque no es popular, es prioritario.
“La flexibilización laboral se ha vendido como una forma de bajarle el salario a la gente”, dice el experto en temas legislativos Javier Hoyos Arboleda, pero asegura que eso no es cierto. Se trata de buscar un sano equilibrio entre asegurarles a las personas unas condiciones dignas de empleo sin que para las empresas se convierta en una costosa carga que les impida su desarrollo. De hecho, muchos expertos atribuyen el alto nivel de informalidad laboral, que en el país es de casi el 50 por ciento, a las pesadas cargas que se han impuesto al trabajo formal y que llevan a muchas empresas a limitar su contratación. Entre los cambios que plantea para incluir en una reforma laboral que flexibilice la contratación, Hoyos asegura que se debe tener en cuenta la contratación por horas, la eliminación de excesivas cargas parafiscales y la ampliación de la cobertura en seguridad social. Este modelo no es nuevo: funciona en Estados Unidos y parte de ofrecer una buena remuneración para el asalariado, que a la vez le garantiza el pago de su seguridad social. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, ha sido uno de los abanderados en plantear este modelo de trabajo por horas para actividades agropecuarias, ya que, por un lado, mejoraría el ingreso de los trabajadores del campo y, por otro, facilita el pago de la seguridad social. Actualmente, en el sector agropecuario se registran las mayores tasas de informalidad laboral, cercanas al 86 por ciento. Renta básica o reorganizar los subsidios En las últimas semanas, y a raíz de la pandemia, algunos congresistas han llamado la atención sobre la necesidad de establecer en el país una renta básica para los más pobres. Uno de los senadores de la Alianza Verde, Iván Marulanda, ha sido abanderado de esta iniciativa, que ha planteado en varios escenarios y ya tiene el aval de los congresistas de su partido. Por eso será uno de los temas de discusión en esta legislatura que comienza. El Gobierno no ha rechazado de plano esta idea de garantizar un ingreso mensual a las familias que de otra manera no tendrían cómo sobrevivir en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se parte de cero: por más de 20 años en Colombia se han creado distintos programas de subsidios que podrán servir de base para una mejor estructuración de esta iniciativa de renta básica.
Pero, para estructurar un buen sistema de renta básica que ayude a los más necesitados del país, debe tener en cuenta el mandato de la Constitución. Esta contempla los casos específicos en los que el Estado puede otorgar subsidios: a los menores de edad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, a las mujeres embarazadas desprotegidas, los servicios públicos domiciliarios y la vivienda digna, así como a los partidos políticos. Esto implica que una ley para establecer una renta básica debería partir de reorientar algunos de los subsidios que ya existen, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el más reciente, Ingreso Solidario, con el fin de racionalizar y focalizar el gasto, en momentos en que el país tiene agotadas sus arcas fiscales y, tras la pandemia, la situación de muchas familias y empresas no permitirá generar nuevas o pesadas cargas tributarias.
Hora de reformar por fin el sistema pensional Uno de los temas más debatidos en la campaña presidencial de 2018 apuntaba a solucionar buena parte de las deficiencias del país en materia pensional. En los debates, todos los candidatos tenían sus propuestas para solucionar un problema que cada vez tiene un mayor tamaño: el de los enormes subsidios a las pensiones y las diferencias entre lo que al final de sus días obtiene un trabajador que está en el régimen público frente al que se queda en el régimen privado. Pero, aunque la reforma pensional es un tema crítico para el país, en los dos últimos años ha generado tal nivel de polarización que el Congreso y el propio Gobierno han optado por aplazarlo. Sin embargo, una iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes, que en la nueva legislatura tendrá que ser abordada por el Senado, ha puesto el dedo en la llaga y podría llevar al Gobierno y al Congreso a meterle el diente a este espinoso tema.
Aunque no se trata de una reforma pensional estructurada, sí podría afectar al sistema en su integralidad, pues busca que los colombianos —a los que les falten menos de 10 años para alcanzar su pensión— puedan trasladarse de manera automática del régimen de ahorro privado (Rais) al sistema público, en cabeza de Colpensiones. Esto tendría un costo fiscal enorme para el Estado, el cual si bien recibiría cerca de 27,9 billones que ha ahorrado este grupo, también tendrá que hacerse cargo de una enorme deuda que tendrá que pagar en el futuro, y con cargo al presupuesto pagando enormes subsidios. En momentos en que disminuye dramáticamente la ‘pirámide pensional’ que daba sustento al sistema público, el país debe buscar fórmulas más racionales que hagan sostenible este régimen, es decir, que el porcentaje de lo que ahorran los trabajadores sea el principal sustento de lo que van a obtener en su retiro y no que el Estado sea el gran responsable de subsidiar estos ingresos. Esta reforma parece inaplazable. La necesaria reforma de los impuestos territoriales Una misión creada por la Ley de Crecimiento Económico o reforma tributaria aprobada a finales del año pasado en el Congreso, quedó encargada de revisar el sistema tributario territorial y presentar sus recomendaciones para una reestructuración profunda. La misión, liderada por el exministro Roberto Junguito, acaba de presentar su informe al Ministerio de Hacienda en el cual plantea los cambios que deben hacerse para que tanto los municipios como los departamentos cuenten con recursos suficientes y estables que les permitan fortalecer su autonomía
Este iniciativa, imprescindible para garantizar la recuperación regional en la pospandemia, tendrá que ser abordada en el Congreso de la República, aunque ya hay voces que insisten en las dificultades que podría enfrentar. Sin duda, requerirá que los impuestos municipales como el predial y el ICA sean replantados, pues en el primer caso existen muchos municipios del país en que los impuestos de los inmuebles no reflejan la realidad de su valorización. Esto puede resultar impopular, pero muy pertinente en estos momentos. También los impuestos departamentales tendrán que pasar por un cambio extremo para lograr que su recaudo, además de eficiente, sea más efectivo para atender las crecientes necesidades que dejará la pandemia. Sin embargo, el Congreso deberá abordar el tema no solo desde el punto de vista de la generación de nuevos ingresos, sino también desde el gasto más eficiente, para evitar que estos recursos terminen en los bolsillos de los particulares y vayan realmente a cubrir necesidades apremiantes de las regiones.
¿Ahora sí habrá una tributaria estructural? El presidente Iván Duque ha insistido en que este no es momento de hablar de reformas tributarias. Quizá no le falte razón. Sin embargo, una vez termine la fase más difícil de la pandemia, será necesario evaluar el desastre económico y social que ha generado para comenzar a hacer las cuentas de lo que necesitará el país para su reconstrucción. Y en ese momento será fundamental una reforma tributaria.Todo indica que en la segunda parte de esta legislatura el Gobierno tendrá que comenzar a trabajar de la mano del Congreso para lograr que, de una vez por todas, se corrijan los errores del pasado y se logre la reforma tributaria estructural que requiere el país. De hecho, una comisión recientemente nombrada por el Gobierno para revisar las exenciones del sistema tributario colombiano puede dar buena cuenta de que esta vez los cambios tributarios deberían ser más estructurales. Aunque esta comisión tendrá 18 meses para hacer su diagnóstico y plantear soluciones, todo indica que se tomará menos tiempo, pues la pandemia está acelerando muchos cambios.
Sin duda, el tema de las enormes exenciones que permite el sistema tributario colombiano es el punto central. Allí se contempla una enorme cantidad de beneficios que suman, según el Instituto Nacional de Contadores Públicos, 80 billones de pesos al año. Pero también será necesario controlar mejor la evasión que, según el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, es superior al 40 por ciento en tributos como el IVA y el impuesto de renta. Junto con la reforma tributaria, el Gobierno tendrá que replantearse el tamaño del Estado, que en los últimos años ha crecido de manera incontrolada con la creación de un gran número de nuevas entidades. Revisar la necesidad y pertinencia de estas nuevas entidades será clave para mejorar la eficiencia del Estado y garantizar que los recursos que se recaudan se utilicen de manera adecuada.