El anuncio del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, junto con funcionarios del Ministerio de Hacienda, de una posible modificación a la regla fiscal en Colombia, ha generado alarma entre exministros, congresistas, economistas, y expertos en finanzas públicas.
El Gobierno nacional considera que tal y como está establecida la norma en el país, la regla fiscal es “muy inflexible”, y es por ello que se anunció que se evalúa la posibilidad de hacerle cambios.
“Eso obviamente necesita una estructuración, mirarlo con calma, evaluar de cuánto puede ser el costo y ver cómo eso se puede introducir”, dijo González. Sin embargo, este tema resulta muy técnico para la mayoría de ciudadanos, no obstante, modificar la regla fiscal puede impactar directamente en la economía del país.
¿En qué consiste la regla fiscal y como funciona?
Se trata de una herramienta de política económica utilizada por la mayoría de los gobiernos, con el objetivo de mantener un control prudente sobre las finanzas públicas y evitar desequilibrios fiscales excesivos.
En Colombia, se estableció mediante la Ley 819 de 2003 y se ha modificado en varias ocasiones para adaptarse a las circunstancias económicas cambiantes del país, está diseñada para garantizar la estabilidad económica y fiscal a largo plazo y establecer límites o reglas en relación con el gasto público y el endeudamiento del Gobierno.
Estos son algunos de los elementos clave que la componen:
- Sostenibilidad fiscal: busca garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles a largo plazo, lo que implica que el Gobierno no acumule deudas insostenibles que puedan llevar al país a crisis financieras. En otras palabras, evitar endeudarse por encima de la capacidad de pago.
- Límites al déficit fiscal: se establecen límites máximos para el déficit fiscal como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Esto significa que el Gobierno no puede gastar más de lo que recibe en ingresos, por un margen específico en relación con el tamaño y el crecimiento de la economía.
- Ciclo económico: la regla fiscal colombiana es procíclica, lo que significa que limita el déficit o la deuda, durante los años de crecimiento económico, y permite un mayor margen de maniobra o endeudamiento, durante períodos de desaceleración económica. Esto se hace para evitar que el gasto público sea una fuente de inestabilidad en tiempos de bonanza económica y para permitir que el Gobierno actúe durante crisis económicas.
- Consejo Fiscal: Colombia cuenta con un Consejo Fiscal independiente, el cual debe supervisar el cumplimiento de la regla fiscal. Su función es evaluar la situación económica del país y emitir recomendaciones al Gobierno sobre las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fiscales.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Gobierno nacional debe presentar informes regulares, mediante una rendición de cuentas, sobre la situación fiscal del Estado y el cumplimiento de la regla. Además, el cumplimiento de los límites fiscales debe verificarse y hacerse público, con el fin de aumentar la transparencia en cuanto a la gestión financiera gubernamental.
¿Qué propone el Gobierno?
Los cambios que sugiere del Gobierno nacional están relacionados con el reiterado planteamiento del presidente Petro de que las inversiones en materia de conservación ambiental, sean descontadas del pago de la deuda externa, propuesta que, más allá del discurso, no ha recibido buena acogida por parte de la comunidad internacional.
En ese caso, se busca que los gastos en reforestación y transición energética no figuren en la contabilidad del Estado como gastos públicos de inversión corriente, con el fin de dar un mayor margen de endeudamiento. Según explicó Jorge Iván González, director de Planeación Nacional.
“Estamos discutiendo cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte, empezando, por ejemplo, porque los recursos que se destinen a salvamento de activos ambientales, que tienen beneficios futuros enormes, no se introduzcan como una parte del gasto de la inversión corriente, sino que se excluyan y eso genera un margen fiscal un poco más amplio”.
Las críticas y preocupaciones de los expertos frente a esa “regla fiscal verde” está relacionada con que no se garantiza de manera clara un retorno financiero de dichas “inversiones”, motivo por el cual el uso de esos recursos debería seguir siendo considerado un gasto público.