Aún sin detenerse del todo la convulsión social en Colombia, en medio de la cual el país perdió el codiciado estatus de grado de inversión frente a la calificadora Standard & Poor’s, ya empiezan a aparecer señales que indican que las aguas para la economía podrían tranquilizarse.
Nada está resuelto todavía, pero la sola idea de avanzar en un diálogo para llegar a un consenso y sacar adelante una reforma tributaria que reemplace la que fue retirada del Congreso de la República, y que de paso llevó a la renuncia del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, está teniendo su efecto.
Hace unas semanas, la Ocde destapó un pronóstico de crecimiento para Colombia, de 7,6 por ciento, mientras que el Banco Mundial confirmó su optimismo y subió al 5,9 por ciento esa expectativa. Estas cifras le ganan en positivismo, inclusive, a la del mismo Gobierno, que, sin presentar aún el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que revisa sus proyecciones, espera una expansión del 5 por ciento.
El jefe del buró de estudios económicos para Colombia y Chile, de la Ocde, Jens Arnold, dijo que para llegar a esta proyección se basaron en el arrastre estadístico dado después de conocer el resultado del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre, que fue de 1,1 por ciento, cuando todos esperaban números en rojo. Ese desempeño se junta con lo que venía ocurriendo en el tercer y cuarto trimestre de 2020, momento en que la economía empezaba a oxigenarse.
Sin embargo, debido al paro –prolongado por más de 30 días– y a la persistencia de una pandemia que ha tenido una tercera ola con cifras históricas de contagios y muertes, ahora mengua la expectativa para el periodo entre abril y junio.
Desde los sectores productivos solo se habla de pérdidas ocasionadas por los 2.577 bloqueos registrados desde el 28 de abril, y que han paralizado al menos al 22,2 por ciento de las empresas.
La Ocde también lo registra así en su expectativa: “Vemos un segundo trimestre mucho más débil. De hecho, prevemos una contracción para ese periodo. Pero, inclusive, si la economía colombiana se quedara estancada y no hubiese ningún crecimiento más allá del nivel que se alcanzó en el primer trimestre de 2021, ya tendríamos un resultado para 2021 de casi 8 por ciento”.
El optimismo, al igual que las nuevas cepas del coronavirus, se propaga con facilidad. La firma Credicorp Capital subió su apuesta, de 4,8 a 6,5 por ciento para todo el año, incluyendo el efecto ‘freno’ que se espera del paro.
El nubarrón más denso es la incertidumbre política y social, pues la vacunación, que es clave para que la economía pueda tomar impulso nuevamente (cerró en mayo con más de 10 millones de dosis), sigue algo rezagada en comparación con otros países del vecindario.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no se rinde, pese a que en la breve experiencia que lleva al frente de la cartera de las finanzas, ya confirmó que “lograr consenso no es nada fácil”.
Salvar el grado de inversión es definitivo para que Colombia siga siendo un buen candidato a adquirir crédito con bajos intereses y con la confianza de que tendrá con qué pagar. Y hay respaldo para lograr preservar esa categoría de nación con finanzas estables. Varias voces estimaron que la decisión de Standard & Poor’s de bajar la calificación de Colombia de BBB– a BB+ pudo ser apresurada.
A los analistas de mercado del JP Morgan les sorprendió, puesto que solo había pasado un mes desde que esa calificadora reafirmara la nota que le daba dicho estatus al país. No obstante, consideran que las demás firmas podrían seguir el mismo camino.
La decisión que tomará Fitch y Moody’s mantiene en vilo a la nación y a los mercados internacionales que le prestan dinero a Colombia; los inversionistas confían más en los países que tienen mejores calificaciones.
Mientras tanto se sigue abonando el terreno para cambiar el curso de los acontecimientos con las firmas que evalúan el riesgo crediticio de un país. En escenarios internacionales, el presidente Iván Duque se dirigió a las calificadoras de riesgo y les pidió no evaluar a las naciones con criterios prepandémicos, porque “el mundo enfrenta la crisis más profunda que se haya visto desde la Segunda Guerra Mundial, y que ha golpeado con crueldad a todos los países y a todos los sectores”.
Las distintas voces podrían llegar a hacer eco. Richard Francis, miembro del equipo de calificación soberana de Fitch para América Latina, sostuvo que “una perspectiva negativa significa una probabilidad de 50 por ciento de una rebaja por definición”.
Normalmente, para el caso de Colombia, hay dos comités, y uno de ellos se reunirá dentro de uno o dos meses. Si la probabilidad es del 50 por ciento, hay oportunidad de batallar. Por eso, para los analistas de Barclays, no todo está perdido con el grado de inversión. Es más, estiman que la decisión de S&P puede llevar a un sacudón que conduzca a reforzar la posición del Gobierno en sus negociaciones con el Congreso para sacar adelante la reforma tributaria.
La esperada reforma
Mostrar que el país tiene un plan serio para honrar sus deudas es la tarea del ministro Restrepo, entre otros integrantes del poder Ejecutivo y del Legislativo que han decidido apoyar ese frente.
Por un lado, Restrepo ha recibido ideas para que la reforma tributaria sea hecha por consenso y así genere confianza, aunque también acercándose a las calificadoras para convencerlas de que las finanzas públicas se pueden enderezar.
El ministro sigue anclado en la posición que ha expresado el Gobierno en medio de las protestas. Lo primero que se va a priorizar es el tema social: “Atender los planes de ingreso solidario, impulsar programas de empleo para los jóvenes, acceso a la educación superior gratuita para los más vulnerables y también para los jóvenes. Además del apoyo a la micro y pequeña empresa”.
Igualmente, quedará escrito en piedra que las iniciativas no podrán tocar a la clase media, no se meterán con el IVA ni con las pensiones o con la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto de renta.
Lo urgente, según el ministro, es que haya crecimiento, reactivación de la economía, y avance en estabilidad social y fiscal. Para ello, “se ha hablado de una propuesta que capte recursos del orden de 14 billones de pesos”.
Jens Arnold, de la Ocde, dice que hay que hacerlo “ahora”, aunque la reforma sea menos ambiciosa que el proyecto de ley anterior, pues será sin aumento de impuestos. Eso no quiere decir que en el mediano o largo plazo, en busca de que Colombia se suba al tren de los países con buenas prácticas, como son los de la Ocde, no se deba pensar en cambios que aún no se han logrado introducir.
Es fundamental convencer a los ciudadanos y a los políticos de que para llevar a cabo una estrategia social musculosa, que les corte las alas a la pobreza y a la desigualdad (que aumentaron aún más en la crisis sanitaria), se necesitan ingresos públicos. “Colombia recauda menos del 20 por ciento del PIB en impuestos. Comparado con otros países –inclusive de la región– es relativamente poco.
Hay espacio para pensar en un aumento de impuestos que sea más progresivo, porque el gravamen a la renta de hoy solo lo paga alrededor del 5 por ciento de la población”, asegura Arnold.
Por ahora, lo inmediato es que el país envíe una buena señal de que las cuentas fiscales pueden estar en una senda sostenible. Arnold está convencido de que los prestamistas del mercado financiero van a fortalecer su confianza en Colombia.
Con la disponibilidad de recursos –tanto de impuestos como de créditos–, emparejar el camino del crecimiento de la economía y, por esa vía, del bienestar ciudadano será más factible. El experto de la Ocde afirma que hay mucho por hacer; no obstante, la prioridad está en el mercado laboral, que sigue dominado por la informalidad, lo que termina siendo un ‘morderse la cola’ para la economía.
“Hay, al menos, 60 por ciento de personas sin acceso a ningún tipo de protección social ligada al trabajo. Si se busca la razón de tanta informalidad, podemos encontrar muchos factores, pero en parte tiene que ver con el diseño mismo de la protección social en Colombia. Los costos, más allá del salario que paga un empleador, son altos en el contexto internacional. La manera de evadir ese costo ahora es con el empleo informal. Por lo tanto, si se pasa una parte de la carga de los beneficios sociales de los empleados a la financiación con impuestos generales, se podría aumentar el empleo formal”, agrega.
En paralelo, se requieren otros elementos básicos de la protección social, como una renta mínima; una jubilación en la tercera edad, pues solo un cuarto de las personas en momento de jubilarse tiene pensión contributiva, otro cuarto no contribuye y se ampara con el programa Colombia Mayor, y el restante 50 por ciento de adultos mayores está sin ninguna protección. El sacudón, entonces, llegará para todos.