Aunque la ley de Financiamiento ayudó a asegurar nuevos recursos para cubrir los faltantes en el presupuesto de este año, también creó unas gabelas cuyos efectos sobre las finanzas públicas a mediano plazo preocupan. La baja de los impuestos a las empresas –por reducción en el impuesto de renta y la deducción del IVA a la importación de bienes de capital– generarán billonarios faltantes. Por eso hay quienes afirman que esta fue una “ley de desfinanciamiento” y temen que el país entre en la ruta de perder su grado de inversión o acudir a una nueva tributaria. De ahí la importancia del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) lanzado esta semana, que define la estrategia fiscal y macroeconómica del Gobierno para cubrir estos faltantes, reducir el déficit fiscal y visualizar la senda de crecimiento de la deuda pública. Le puede interesar: La política y la economía colombiana: una mezcla explosiva Allí el Gobierno ratificó su gran apuesta de reducir el costo del capital que trajo la Ley de Financiamiento para potenciar la inversión privada y empresarial, lo cual tendría efectos sobre el crecimiento y el empleo en el mediano plazo y, por ende, sobre los ingresos tributarios derivados de esta dinámica.
La reestructuración de la Dian es uno de los pilares. La meta es reducir la evasión, calculada en 30 por ciento. Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “la mejor política fiscal es un mayor crecimiento económico y esa es la gran apuesta del Gobierno”. Por eso cree que los incentivos generados por la Ley de Financiamiento ya están teniendo efectos sobre la inversión, lo cual permitirá no solo crecer al 4 por ciento en el mediano plazo sino enfrentar mejor los eventuales choques externos. Carrasquilla parte de un hecho: la discusión sobre más impuestos se agotó y por eso descarta una nueva tributaria. A cambio, buscará recursos en tres grandes frentes: una mejor focalización y reducción del gasto público, la reestructuración de la Dian y la venta de activos estatales. Además, presentó su cronograma de reformas que incluyen no solo una cirugía profunda para reactivar el mercado de capitales sino una reforma pensional o de protección a la vejez. Sin duda, el MFPM es uno de los principales documentos de política pública pues constituye la hoja de ruta del Gobierno en materia fiscal. Además, es el primer plan de este Gobierno y el “segundo” de Carrasquilla, quien inauguró este instrumento hace más de 15 años. ¿Cuáles son las líneas centrales? Aquí le contamos. Le sugerimos: Regalías, ¿hay para todos en el gobierno Duque? Panorama despejado La primera gran sorpresa en el MFMP es que el Ministerio de Hacienda ratificó su meta de déficit fiscal del 2,4 por ciento para el 2019. Si bien el comité consultivo flexibilizó la Regla Fiscal y permitió un déficit de 2,7 por ciento para este año, dado el costo que representa la migración venezolana, Carrasquilla decidió mandar el mensaje de que “el panorama fiscal está despejado”. Como venimos de un déficit del 3,1 por ciento del PIB en 2018, esto significaría un ajuste de más de 0,7 puntos porcentuales, y el primer superávit primario desde que existe la regla fiscal. Esto es, un fuerte apretón fiscal.
Por la venta de participaciones en empresas estatales como ISA y Ecopetrol, el gobierno aspira a recibir unos 15 billones de pesos. Aunque técnicamente esto es viable, el costo político sería muy alto. Apretón y focalizar subsidios Mientras en los últimos 30 años se han hecho 20 reformas tributarias, hay pocos ajustes en materia de gasto público. Esta administración planea congelar en términos reales algunos gastos de personal y de funcionamiento, diferentes de las transferencias, y racionalizar los subsidios sociales y de servicios públicos. Esto implica hacer una redistribución y mejor focalización del gasto social, apoyado en la transición entre el Sisbén III y el Sisbén IV. El tamaño de los subsidios en Colombia alcanza alrededor de 90 billones de pesos y se espera un ahorro de 15 billones en los próximos 10 años. Por sustitución de pasivos de alto costo esperan ahorrar otro 1,1 por ciento del PIB y por eso en el Plan de Desarrollo se incluyó una norma que permite cambiar los altos intereses que se pagan por las sentencias contra el Estado por TES que tienen tasas mucho menores. Aunque el plan de Carrasquilla tiene un soporte técnico robusto, necesita el apoyo político para poder llevarlo a cabo. Cirugía de la DIAN Parte del menor recaudo derivado del estímulo a la inversión será compensado con la reducción de la evasión tributaria. Para esto, la Ley de Financiamiento otorgó herramientas de fortalecimiento y modernización a la Dian, cuyo costo ascenderá a 0,5 por ciento del PIB y se financiará con un crédito de la banca multilateral. Pero su efecto será gradual en los primeros años (0,4 por ciento del PIB en 2021) y después dará rendimientos exponenciales y permanentes del 1,3 por ciento del PIB. El Gobierno aspira replicar la buena experiencia de México, donde una reestructuración similar produjo una baja en la evasión del IVA de 12 puntos porcentuales y de 14 puntos en renta sin cambiar las tarifas. El Gobierno espera que la factura electrónica y el Régimen Simple tengan efectos positivos sobre la formalización y el recaudo. Puede leer: "Un gran acuerdo nacional para impulsar el crecimiento": Mauricio Cárdenas Se vende La nación tiene participación en 105 entidades por unos 170 billones de pesos, pero en muchas no es mayoritario. Según Carrasquilla, estas propiedades le dan al Estado una tasa de retorno promedio por debajo de 5 por ciento y muchas no generan valor. Por eso planea salir de algunos activos. El objetivo es obtener por este concepto entre 15 y 20 billones de pesos en el cuatrienio. Ya están sobre la mesa la venta de ISA y Ecopetrol o una de sus filiales. Sin embargo, también podrían darse otras movidas como la venta de las electrificadoras o la fusión de entidades del sector financiero.
El Gobierno espera que este año el déficit entre ingresos y gastos sea inferior al definido en la regla fiscal, para garantizar la disciplina. Crecer al potencial A pesar del lento crecimiento en el primer trimestre del año –alcanzó el 2,77 por ciento anual– el Gobierno ratificó una estimación de crecimiento del 3,6 por ciento en 2019, ante el aumento de la inversión y del consumo privado. Para Carrasquilla, el repunte de la economía es generalizado –11 de los 12 sectores crecen– y se tomaron algunas medidas para incentivar la construcción de vivienda, el sector que tiene mayor rezago. Además, Colombia está creciendo por encima del promedio de la región (1 por ciento). Pero lograr este crecimiento del 3,6 por ciento implica que el resto de trimestres habría que crecer a tasas alrededor del 3,9 por ciento. Además, el país no se puede conformar con tasas de crecimiento de este nivel, pues esto no permitiría mantener los avances sociales y bajar el desempleo. La agenda de reformas Además de apretón, Carrasquilla tiene en su agenda varias reformas económicas. El próximo semestre espera culminar la segunda ronda de debates del acto legislativo que modifica las regalías y presentará tres grandes reformas: una ley del mercado de capitales –producto de la misión instalada a comienzos del gobierno– para reactivar el mercado de valores; una más de fomento al crecimiento sostenible –con los resultados de la misión verde– y la reforma de protección a la vejez. Esta última implica cambios en el tema pensional para aumentar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Además, se lanzó una Comisión para el Estudio del Sistema Tributario Territorial a fin de proponer cambios a mediano plazo. Vea también: ¿ISA será la primera venta del Gobierno? Desde el punto de vista técnico, el plan de Carrasquilla luce coherente y cumplible. Pero preocupa aún su viabilidad política luego del desgaste en la discusión de la Ley de Financiamiento y del Plan de Desarrollo. Más alla de lo técnico, el Gobierno tendrá que demostrar su margen de maniobra para recuperar la confianza y lograr que se cumplan sus planes.