En los pasillos de los estrados judiciales, los abogados suelen insistirles a sus clientes que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esa frase demuestra que la capacidad de entendimiento evita confrontaciones judiciales de consecuencias muchas veces imprevisibles.

Gobierno y empresarios, acompañados por los organismos de control, acaban de reconocer esa verdad con un acuerdo histórico. El 5 de octubre, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los concesionarios de vías, liderados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, definieron las compensaciones en tiempo y dinero que entregará el Estado por el personal y la maquinaria que no salieron a trabajar a causa de la cuarentena obligatoria. La noticia detiene una avalancha de demandas y permite que la locomotora de la infraestructura retome el impulso que traía en 2019.

El presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, le aseguró a SEMANA que, debido a la imprevisibilidad de la pandemia, era necesario reconocerles a los concesionarios esos costos ociosos, generados entre el 25 de marzo y el 31 de mayo pasado. Pero aclara que estas firmas tendrán que documentar en detalle los días que estuvo parada cada máquina antes de acceder a los dineros. A la fecha, no hay cálculo del monto total de los reconocimientos, pero se sabe que los recursos provendrán de los saldos disponibles en algunas cuentas y fiducias de los proyectos.

La ANI también ampliará el plazo de ejecución de algunas obras interrumpidas por la cuarentena. Los concesionarios, por su parte, descartaron la idea de pasar la cuenta de cobro por las compras de geles, termómetros, trajes antifluidos, pruebas de covid y demás costos asociados a las medidas de bioseguridad.

A primera vista, parece un buen acuerdo. Según la ANI, delegados de la Contraloría, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado participantes en las mesas de negociación presentaron algunas observaciones que fueron incluidas en el texto final.

No obstante, quedó pendiente el tema más sensible para el fisco: no negociaron lo que dejaron de recibir los concesionarios en peajes. Los contratos de la Cuarta Generación de Concesiones prevén que el Estado compensará la diferencia entre lo proyectado en la etapa de estructuración de los proyectos y los vehículos que efectivamente pasaron y pagaron. Para algunos, esa diferencia puede ser de billones de pesos.

Tampoco hay un cálculo exacto de lo que representa ese costo para el Estado. Sin embargo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 deja claro que habrá que apropiar más recursos en las cuentas contingentes para compensar esos faltantes a los concesionarios. Se estima que entre 2020 y 2045 los planes de aportes aprobados asciendan a 15,7 billones de pesos para este tipo de riesgos. En la anterior generación de concesiones, (3G), Gobierno y concesionarios compartían este riesgo de tráfico, mientras que en la 4G el Estado lo asume todo.

Debido a la magnitud de las cifras e intereses que involucra, el gran reto de este ejercicio de diálogo y concertación entre lo público y lo privado será negociar las compensaciones de los peajes. Algunos concesionarios están dispuestos a aceptar que les extiendan el plazo de operación para recuperar lo que dejaron de recibir en peajes. Sin embargo, tienen que hacer un ejercicio matemático serio debido a que la mayoría de los contratos están en la fase de construcción de obra. Obtener esos dineros en 10, 15 o 20 años no es lo mismo que contar con el cheque ahora o en 2021.

Otro punto clave es el de los ingresos dejados de recibir en los aeropuertos concesionados. No será una tarea sencilla, ya que la gente no ha vuelto a viajar al mismo ritmo de años anteriores. Algunos presumen que pasarán cinco años antes de regresar a las cifras de tráfico aéreo de 2019.

El acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y los concesionarios de vías es un mensaje muy positivo en momentos de polarización, rabia y crispación política. No obstante, el plato fuerte de la negociación está por llegar a la mesa.