El fallo de la Corte Constitucional que tumbó la Ley de Financiamiento le dio un giro de 180 grados a la agenda económica del Gobierno en el Congreso. Había la expectativa de que, luego de las elecciones regionales, el Ejecutivo se iba a lanzar al ruedo para poner sobre la mesa dos ajustes estructurales claves en el futuro económico del país: el del mercado laboral y el del régimen pensional. Pero con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento, las prioridades cambiaron radicalmente: de aquí a finalizar el año, el único proyecto que concentrará la atención de la administración Duque será la reforma tributaria, que ya quedó radicada, y que será discutida a profundidad en las próximas semanas. El Gobierno se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que el Congreso le apruebe el proyecto sin mayores modificaciones. Por eso el texto que quedó a consideración del Legislativo contiene prácticamente el mismo articulado que fue aprobado en diciembre pasado: solo quedaron por fuera algunas medidas que ya se habían aplicado, como la normalización de activos, que le representó a la Dian ingresos por más de un $1 billón este año.
Tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como su viceministro Juan Alberto Londoño aseguran que las circunstancias no han cambiado como para que el país necesite otra reforma distinta a la que fue aprobada. Además, según el viceministro Londoño, las medidas adoptadas están teniendo un impacto muy favorable sobre la economía. Para Londoño, la reducción en la tasa del impuesto de renta, así como permitir la deducción del IVA pagado en la importación de bienes de capital, fueron medidas que impulsaron las decisiones de inversión entre el empresariado este año. Este es un tema clave en esta discusión. Lo que está sobre la mesa es una fórmula de crecimiento, cuya premisa es reducir los impuestos a las empresas para generar una mayor dinámica productiva. Para el Gobierno es claro que la reforma puso en evidencia que este tipo de medidas son las que necesita el país. Así lo ha visto la administración Duque desde el principio y, por eso, insistió en esa mezcla de medidas en la pasada reforma. De esta manera, el Ejecutivo le está tratando de decir al Legislativo es que se siente cómodo con esas normas tributarias, porque le han resultado para impulsar el crecimiento y para aumentar el recaudo. Cabe recordar que la economía colombiana creció 3% en el segundo trimestre y, según el propio Ministro Carrasquilla, venía creciendo a 5,6% en octubre. Además, el recaudo tributario en septiembre creció 18% y en los primeros nueve meses del año cerca de 11%. Incógnita legislativa Así que en materia tributaria la gran incógnita está por el lado del Congreso, pues inclusive desde el propio partido de Gobierno, el Centro Democrático, empezaron las pullas frente a la decisión de presentar el mismo proyecto aprobado en diciembre pasado. El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez fue el primero en advertir que tiene varios reparos al texto y que propondrá cambios. De otra parte, la oposición, que acaba de salir fortalecida de las elecciones regionales, también ha planteado sus reparos a la norma. El senador del Partido Verde y la comisión cuarta, Juan Luis Castro, criticó la forma en que el Gobierno presentó esa reforma y el contenido de la misma. "Se nota mucha improvisación. Parece como si todo lo hubieran hecho de afán. En algunos artículos ni siquiera se actualizaron las fechas para que coincidieran con las nuevas circunstancias", comentó. Según Castro, es claro que la reforma necesita ajustes, pues al texto radicado le quitaron artículos claves como el que creaba una comisión para analizar el impacto de las exenciones en el recaudo tributario.
Para el senador de la oposición, el Gobierno entró en contradicción, pues la norma tal y como está diseñada implica una caída en el recaudo el próximo año cercana a $9 billones. "Así que la reforma no les va a dar para cubrir el déficit", dijo el senador. Lo preocupante para él es que, si se concreta ese escenario, lo más probable es que el Gobierno tendrá que acudir a la venta de activos para subsanar el hueco. Explicó que en su consideración es claro que lo primero que va a vender la administración Duque es su participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Solo con vender esa participación podría conseguir $8 billones. Castro asegura que el Ministro de Hacienda tiene la intención de vender ese activo, pues así lo ha planteado en distintos escenarios. Todo parece indicar que los congresistas y, especialmente los de la oposición, no tienen un incentivo para aprobar el texto tal y como viene por parte del Gobierno. Esto pone el foco en lo que podría ser la estrategia política del Ejecutivo para enfrentar este duro trance legislativo. Lo primero que hay que decir es que las cargas de la opinión quedaron favoreciendo a los partidos que se han declarado independientes o en oposición. Los resultados en las elecciones del 27 de octubre mostraron que cada vez más hay una corriente de opinión de centro que tiene la sartén por el mango en los asuntos políticos. Así que el Gobierno tiene que barajar la partida un poco más despacio, para medirles el pulso a sus reales posibilidades políticas.
Castro se pregunta cómo va a hacer el Gobierno para lograr las mayorías que necesita, cuando con la reciente jornada electoral hubo muchos partidos que tomaron fuerza y eso ha sido interpretado como una debilidad política por parte del Gobierno. Lo otro que hay que decir es que en temas tributarios probablemente el palo no está para cucharas. Con las más recientes tensiones sociales y políticas a lo largo de Latinoamérica, hay una cierta sensibilidad entre la población frente a medidas impopulares. Por eso, tanto al Gobierno como al Congreso les toca ir con pies de plomo en este debate. En el estricto sentido la discusión de la reforma tributaria significa reabrir el debate fiscal. Por eso muchos congresistas se van a preguntar de dónde saldrán los recursos para financiar los faltantes que va a haber durante las próximas vigencias. Allí le preguntarán al ministro Carrasquilla nuevamente sobre su intención de vender Ecopetrol o ISA y por qué se han tenido que emitir más TES para cubrir huecos como el del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc) o cumplir con los compromisos del sector salud. Por más que el Gobierno quiera dar a entender que el trámite legislativo de una nueva reforma tributaria no va a tener mayores escollos, es claro que el Congreso no será un convidado de piedra en la discusión. ¿Hasta dónde llegará el debate? Esa es la pregunta del millón.