Para 2025, según Ecopetrol, Colombia tendría un déficit de gas. Esto aceleró el interés del Gobierno de comprar este combustible a Venezuela. Incluso se confirmó el acuerdo de reorganización de PDVSA Gas S. A. Sucursal Colombia para que siga operando y refinancie un pasivo superior a los 30.000 millones de pesos.
Pero la posibilidad de concretar negocios con ese país hoy está en entredicho por el nuevo escenario de los embargos al régimen, producto de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Como explica Andrés Jiménez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados, en octubre del año pasado, tras el acuerdo de Barbados, entre la oposición y el Gobierno de Maduro para unas elecciones democráticas, Estados Unidos levantó algunas restricciones en sectores como petróleo, gas, minería y algunos bonos soberanos. Pero se reservó la potestad de revisarlas.
Tras la inhabilitación de María Corina Machado, Estados Unidos no renovó las licencias para operar el sector de petróleos y dio plazo hasta el 31 de mayo de este año para el cierre o la cancelación de operaciones de quienes tengan negocios con ellos.
Cuando se conocieron los resultados de Ecopetrol de 2023, su presidente, Ricardo Roa, le dijo a SEMANA que avanzaban las conversaciones con PDVSA, con compromisos, como revisión e inspección del gasoducto, y, además, hay un contrato entre las empresas desde 2007 y con vigencia hasta 2027.
Frente a la situación de PDVSA con la Ofac, Roa señaló que Ecopetrol, desde septiembre de 2022, solicitó a esa oficina el levantamiento de restricciones, respuesta que aún está pendiente. Y agregó que hay conceptos jurídicos según los cuales, tratándose de gas natural, esas restricciones no se aplicarían. Tampoco descartó la negociación por medio de privados.
Sin embargo, para los expertos es un tema complejo. “En el momento en que esas autorizaciones se pierdan o se suspendan, compañías colombianas o el Gobierno colombiano no podrían hacer negocios con Venezuela, a menos que quieran exponerse a unas sanciones draconianas. Pero, además, este es un año electoral en Estados Unidos, las posiciones de los candidatos se endurecen e incluso se radicalizarían frente a Venezuela”, señala un abogado que prefirió mantener su nombre en reserva.
Para Jiménez, las sanciones pueden ser económicas, regulatorias e incluso penales, con la reglamentación del Gobierno de los Estados Unidos. Y agrega que empresas como Ecopetrol están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos porque están listadas en la Bolsa de Nueva York. Y explicó que las compañías colombianas, por lo general, en sus manuales de cumplimiento establecen no hacer negocios en temas prohibidos por Ofac.
A su juicio, que un privado le compre a PDVSA y le venda a Colombia es un riesgo. “Eso está tipificado en Estados Unidos como un esquema de evasión de sanciones. Una intermediación. Creo que muy probablemente el camino que queda es la solicitud expresa de una licencia a Ofac por parte de quien quiera hacer negocios en Venezuela”, dijo Jiménez.
Otro analista del sector ratifica que por estar listada en la Bolsa de Nueva York, Ecopetrol está dentro del objeto de la restricción. En ese escenario, cobra relevancia el proceso de reorganización de la sucursal de PDVSA en Colombia, porque está establecida en el país y, según el experto, no está sujeta a las restricciones del embargo de Estados Unidos. Así, podría realizar acciones de importación, transporte y comercialización y solucionaría parte de la operación de la cadena. “Sería hilar muy delgado, pero parece una jugada de ajedrez que estarían haciendo”, agregó.
Habrá que esperar la próxima movida en este ajedrez.