El Gobierno destapó las cartas. Reveló de dónde saldrán y cómo utilizarán los recursos para fortalecer el sistema de salud, mantener la liquidez en la economía y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo. A pocos días de conocidos los primeros casos de coronavirus en el país, el presidente Duque decretó el Estado de Emergencia para hacerle frente a la crisis.
Esta coyuntura, por supuesto, no quedó contemplada en el presupuesto nacional. Por eso, el Ministerio de Hacienda tuvo que buscar la forma de disponer recursos adicionales sin presionar aún más el panorama fiscal y sin acudir al endeudamiento en el mercado internacional.
Como resultado, el Gobierno expidió el 21 de marzo el Decreto 444. Con este le dio vida al Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome), administrado por el Ministerio de Hacienda, con recursos por el orden de $15 billones. La norma especifica las fuentes y el uso de los recursos. En su mayor parte el Fome recibió dinero proveniente del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet). También tendrá recursos de otras partidas del Presupuesto General y de otros rendimientos financieros. La Dirección de Crédito Público manejará directamente este nuevo fondo en un portafolio independiente, para garantizar su disponibilidad. Sin embargo, su creación no escapó de la polémica.
Muchos mandatarios locales, incluyendo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostraron en desacuerdo. Consideran que el decreto le quita dinero de las pensiones futuras a los entes territoriales para ponerlos a disposición del sector financiero y de las empresas privadas. Sin embargo, el Gobierno le salió al paso a las críticas. En una declaración conjunta, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda y Luis Alberto Rodríguez, director de Departamento Nacional de Planeación (DNP), indicaron que el decreto prioriza garantizar la atención en salud y proteger a las familias más vulnerables durante la crisis. Los dos funcionarios explicaron que ni les quitaron estos recursos a las regiones, pues los tomaron a título de préstamo y los devolverán al Fonpet antes de 2040, cuando se tiene prevista su utilización. Las prioridades El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también ha explicado que la mayor parte de los recursos del Fome servirán para fortalecer el sistema de salud. El panorama en este sentido no es el mejor. Si tiene una cobertura cercana a 98%, le falta mucho camino por recorrer en materia de infraestructura.
Actualmente el país cuenta con cerca de 5.300 camas de cuidados intensivos –1.000 de ellas en Bogotá–. Un número muy limitado ante un escenario planteado por el Instituto Nacional de Salud (INS). Según este, con una tasa de contagio de 2,68%, en el país podrían haber casi 4 millones de casos, de los cuales 550.600 severos y más de 187.000 críticos. Eso podría demandar un costo de atención en salud cercano a $4,5 billones (según estimación oficial). Las necesidades inmediatas incluyen las pruebas de detección. Por eso el Gobierno puso en marcha un plan para habilitar más laboratorios, con los que espera hacer cerca de 350.000 pruebas rápidas a la semana. Pero el Ejecutivo no solo se enfocará en el sistema de salud. Las medidas de aislamiento obligatorio causarán un efecto negativo en la economía formal y en la informal. Por lo tanto, muchos colombianos se verán en aprietos para subsistir en medio de la crisis. Ante esto, el Gobierno decidió hacer giros adicionales en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, por un costo aproximado de $500.000 millones. Así mismo, adelantó la devolución del IVA que se esperaba para junio. Ahora lo hará a partir de abril. Según el DNP, pagará la compensación de $75.000 por hogar cada dos meses, por medio de los mecanismos de focalización del Sisbén. Esta medida permanente representará un costo fiscal de $500.000 millones. La devolución del IVA beneficiará a 1 millón de hogares de los más vulnerables de Familias en Acción. El presidente Duque también anunció el Giro Solidario, una transferencia que buscará ayudar a las familias no beneficiarias de los otros programas. Espera que esta iniciativa, que está en fase de planeación, beneficie a cerca de 3 millones de hogares.
También preocupa el futuro de las empresas del país, sobre todo las Pymes, que generan cerca de 75% del empleo y no cuentan con el músculo financiero para resistir una parálisis prolongada. Por esto el Gobierno anunció líneas de crédito con intereses bajos por medio de la banca estatal de segundo piso -–Bancoldex y Findeter–, alivios tributarios y garantías superiores a $48 billones. Esto para las empresas que se comprometan a no despedir empleados. Sin duda, estas medidas servirán para paliar un poco la crisis que apenas comienza. Pero el Gobierno tendrá que disponer de otras fuentes de financiación, como endeudamiento con organismos multilaterales y venta de activos. Pues lo más seguro es que la emergencia se prolongue durante la mayor parte de 2020. El desafío apenas comienza.