Hace pocas semanas se materializó una de las mayores preocupaciones en el comercio exterior colombiano: se conoció el decreto por medio del cual se prohíbe la exportación de carbón a Israel, hasta que no cesen los ataques contra la población civil en Gaza. La decisión llega en un momento complejo para el país: primero, por las dificultades fiscales que afectarían las regalías en regiones como Cesar y La Guajira, y cuando las exportaciones apenas representan cerca de la mitad de lo que un país como Colombia debería estar vendiendo al exterior.
“Es una muy mala noticia para Colombia. No se está teniendo en cuenta que, si una multinacional que tiene minas en Colombia, pero al mismo tiempo también las tiene en otras latitudes, suministrará carbón a Israel desde terceros países, pero es Colombia el único perjudicado con las pérdidas de regalías en dos de las regiones más necesitadas, pérdidas de empleos y de impuestos de renta”, dice Martín Gustavo Ibarra, socio de Araújo Ibarra.
Sin embargo, junto a esta decisión, de la que se espera un desenlace jurídico tanto en demandas internas como con la posibilidad de querellas internacionales a la luz de los acuerdos de protección a la inversión en los tratados de libre comercio que se pueden afectar, el comercio exterior en Colombia enfrenta desafíos legales producto de cambios en las normas y de oportunidades que el país podría capitalizar.
El primero de ellos es el nuevo Estatuto Aduanero. De acuerdo con José Francisco Mafla, de Brigard Urrutia, el desafío más grande es la vigencia escalonada del articulado que compone el decreto 659 de 2024. Explica que varios artículos entraron a regir a partir del 7 de junio de 2024, mientras otros –como la declaración de importación anticipada– lo harán una vez entre en funcionamiento el Sistema Informático designado por la Dian, y unos más, pese a que entraron a regir en junio, no se pueden aplicar por falta de reglamentación.
Para Juan David López, de Baker McKenzie, el decreto plantea desafíos y preocupaciones. Si bien se argumenta que busca modernizar y agilizar los procesos aduaneros, la presentación de la declaración anticipada será obligatoria para la mayoría de las mercancías que ingresen al país, lo cual puede generar costos adicionales para las empresas. Además, aunque los documentos físicos podrán ser digitalizados, modernizando los trámites aduaneros y es una medida positiva, “si no se implementa correctamente, podría afectar la eficiencia y la competitividad de las empresas”, señala. También advierte que las empresas colombianas pueden enfrentar obstáculos como la necesidad de cumplir con las regulaciones de trabajo forzado en Estados Unidos, lo que requiere una vigilancia estricta de sus cadenas de suministro.
César Camilo Cermeño, de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (MQMGL&D), advierte que la figura de la declaración anticipada como mecanismo obligatorio implica un cambio de paradigma, “lo cual crea retos desde la óptica jurídica y también logística y financiera, no solo para los particulares, sino para la autoridad”. Además, se realizaron ajustes al régimen de zonas francas, manteniendo sus ventajas competitivas, “aunque creando ciertas exigencias de documentación en las operaciones que pueden ser susceptibles de mejora en su reglamentación”. Y puntualiza: “El diablo está en los detalles. Y en este caso, de esos detalles dependerá el éxito o fracaso de la implementación de la norma”.
La figura de la declaración de importación anticipada deja de cumplir con su función de facilitación del comercio exterior para convertirse en un mecanismo de control para la Dian y de imposición de sanciones a cargo de los usuarios aduaneros, asegura Diana Ramírez, de Lloreda Camacho.
Un segundo aspecto en materia de comercio es el riesgo que tiene Colombia de quedarse por fuera de la tendencia del nearshoring, la reubicación de plantas para quedar cerca a Estados Unidos.
México, dice Ibarra, ha aprovechado las oportunidades que nosotros todavía no hemos empezado a ganar. “Una gran política de reactivación es seducir inversionistas internacionales para traerlos a Colombia, pero nos toca afinar el discurso político, dar seguridad jurídica y tener un buen presupuesto de promoción internacional y convertir el nearshoring, como lo han hecho otros países, en una gran política de Estado”, afirma. Y se pregunta, tras la prohibición de exportar carbón a Israel: “¿Con qué cara vamos a invitar a nuevos inversionistas norteamericanos a que crean en Colombia y a que inviertan acá para aprovechar las inimaginables oportunidades del nearshoring? ¿No estaremos sacrificando un mundo por pulir un verso?”.
Por su parte, Mafla asegura que el país ha firmado múltiples acuerdos comerciales que facilitan el acceso preferencial a diversos mercados y ha establecido zonas francas, diseñadas para atraer inversión extranjera. “Sin embargo, persisten factores como la estabilidad jurídica, la seguridad y la complejidad administrativa que pueden actuar como barreras para la inversión extranjera, dificultando los procedimientos de nearshoring en el ámbito regulatorio colombiano”.
Según el BID, el nearshoring puede implicar inversiones cercanas a los 800.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe, y México ya tomó ventaja, pero no será un fenómeno permanente. Cermeño asegura que es necesario que se cree una política de largo plazo que genere un ecosistema con mayor fortalecimiento en logística, infraestructura, tecnología y marco normativo atractivo y estable para la inversión. Lamenta que Colombia se ha caracterizado por su endémica inseguridad jurídica y la tendencia a desconocer los beneficios ofrecidos a inversionistas extranjeros.
Finalmente, hay que estar muy atentos a la evolución de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Además, Colombia podría estar en una paradoja: ante el rompimiento de relaciones entre varios países de América Latina con Venezuela, la nación podría avanzar en la profundización del comercio. Pero los riesgos están latentes.