Elefantes blancos de gran tamaño, contratos financiados con plata de regalías que buscan hacer laboratorios para el análisis biológico de la covid-19 —que tardarán 1 año en estar terminados—, obras para hacer colegios en las que los recursos están en riesgo de perderse y feria de sobrecostos. Ese es el panorama que presentó el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, al mostrar los avances de la Unidad de Reacción Inmediata del ente de control, mediante la cual se ha podido establecer que hay 185 proyectos aprobados y no contratados, que comprometen recursos del Sistema General de Regalías, cuyo valor supera los 821.000 millones de pesos.
Córdoba manifestó preocupación por la aprobación de 53 de 78 obras previstas para la emergencia, que ya fueron avaladas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), las cuales no se ejecutarán en el corto plazo como se requiere en una situación de urgencia manifiesta. Durante la presentación de resultados, el contralor indicó que se han identificado 1.300 elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por 20 billones de pesos, alrededor de los cuales mencionó una piscina de ciclocrós que, pese a tener recursos asignados, aún no se ha iniciado. El contralor mencionó casos que incluso calificó como "verdaderos mamuts", en los cuales se evidencia un verdadero despilfarro de recursos públicos. Entre los casos relevantes puso sobre el tapete la construcción de la represa del embalse multipropósito del río Ranchería, que en 2005 fue lanzado con bombos y platillos como un proyecto estratégico, por tratarse de una solución para una zona tradicionalmente golpeada por múltiples carencias en servicios públicos. No obstante, 15 años después "es uno de los mamuts más vergonzantes para Colombia", dijo el funcionario. La Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría ha revisado registros por 5 billones de pesos, es decir, el 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses.
De ahí se pudo establecer que el 49 por ciento de los contratos que tienen que ver con la atención de la emergencia se han hecho para comprar alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, lo que ha demandado 2,44 billones de pesos. Entre tanto, el 51 por ciento restante se ha ido en contratos de prestación de servicios por montos inferiores a los 150 millones de pesos. A este gasto se han destinado 2,56 billones de pesos. Hay que recordar que la Contraloría emitió 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos, cuyo valor total es de 506.000 millones de pesos. Según indicó el contralor, las irregularidades detectadas han crecido en el monto, en comparación con lo informado en el mes pasado, cuando sumaban 484.000 millones. Alta preocupación con infraestructura En el sector de infraestructura, donde se mueven millonarios contratos, está puesta la lupa de la Contraloría, toda vez que los costos de los contratos suben como por arte de magia. Para la muestra está la construcción de la vía Santana-Mocoa-Neiva, que forma parte del proyecto de segunda ola de las vías 4G.
Según los registros del organismo de control, el proyecto se desarrolla desde agosto de 2015. Cuando se firmó el acta de inicio, en 2013, costaba 2,9 billones de pesos, mientras que a diciembre de 2019 la cifra ya iba en 3,8 billones, pese a que el avance físico solo es del 5 por ciento. El contralor general hizo un llamado para que la veeduría ciudadana sea parte del control fiscal de los recursos que tanto se necesita optimizar en este momento en el que Colombia está ampliando su deuda para enfrentar una pandemia que demanda altos costos; mientras tanto, se requiere seguir adelante con las inversionnes públicas que procuren el bienestar de los colombianos.