Una nueva epidemia hizo sacar el trapo rojo a las compañías: la de la cartera vencida y de difícil cobro. Desde las empresas de telecomunicaciones hasta los jardines infantiles, la caída en el recaudo del mes de abril tiene en jaque a varios sectores que viven de las suscripciones mensuales.

La alcaldesa Claudia López envió una carta al Ministerio de las TIC informando que 22.894 hogares no pagaron las facturas de la ETB; la caída del recaudo de la empresa de telecomunicaciones de la capital alcanza los 1.900 millones de pesos. En los arriendos la situación es delicada. Con corte al 20 de abril, un reporte de Fedelonjas informa que, de 30.000 contratos de arrendamiento de vivienda, no pagaron el canon el 41,4 por ciento, y en arriendos de locales comerciales, de una muestra de 9.700 contratos, la cifra es del 59,2. Es apenas la punta del iceberg, porque en Colombia las inmobiliarias solo intermedian una décima parte de los arrendamientos. En el caso de vivienda, el 92 por ciento de los 5,3 millones de familias que pagan alquiler lo hacen mediante contratos directos, en un mercado no formal concentrado en estratos uno, dos y tres, del que no se tienen cifras ni monitoreo.

Según Fedelonjas, dirigido por Daniel Vásquez, de 30.000 contratos de arrendamiento de vivienda, no pagaron el canon el 41,4 por ciento, y en arriendos de locales comerciales, de una muestra de 9.700 contratos, la cifra alcanza el 59,2. Pero esta es apenas la punta del iceberg. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, calcula que la caída en el recaudo ronda cuando menos el 35 por ciento. Codensa reportó 20 por ciento de clientes que no pagaron sus facturas en abril; y Emcali, la empresa de servicios públicos de la capital de Valle, informó que el recaudo bajó al 80 por ciento, pero es casi seguro que se reducirá por lo menos al 60 por ciento al finalizar mayo, según estimaciones de Marino del Río, gerente de Energía de la compañía. Las empresas son reticentes a mostrar sus cifras de cartera vencida por temor a que cunda el mal ejemplo, pero la magnitud del problema es innegable.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, calcula que la caída en el recaudo ronda cuando menos el 35 por ciento. Los proveedores de tamaño medio y pequeño de televisión por cable e internet piden ayuda a gritos. La cartera sin cobrar de las 22 compañías que pertenecen a Asotic es del 60 por ciento, según confirmó Galé Mallol, presidenta del gremio. Los clientes de estas firmas son 700.000 hogares en territorios a donde no llegan los grandes operadores. Se trata de pymes sin el músculo para soportar otro mes como abril. Una hipotética quiebra de TV Isla, por ejemplo, que es el operador dominante en San Andrés y Providencia, dejaría al archipiélago prácticamente sin televisión ni internet, porque allá los operadores grandes tienen poca penetración.

Galé Mallol, presidenta de Asotic, que agrupa a los medianos y pequeños proveedores de cable e internet, advierte que la cartera sin cobrar es del 60 por ciento. El sector educación sufre el mismo mal: por ejemplo, los jardines infantiles, que no son obligatorios en el ciclo de educación formal y figuran en el menú de los primeros servicios que las familias en apuros deciden cortar. Isabel Segovia, propietaria de Jardines Origami, una cadena de 14 establecimientos en Bogotá, Cali y Barranquilla, cree que alrededor de la mitad de los matriculados no pagarán su mensualidad en mayo, según lo que ha podido conversar con los padres de familias. En abril las mensualidades sin pagar alcanzaron el 20 por ciento, a pesar del plan de descuentos que ella ofreció con rebajas de más de la mitad de la tarifa. Y eso que los Jardines Origami reaccionaron con agilidad cuando llegó el anuncio de la cuarentena. El equipo docente preparó materiales educativos impresos, guías para los padres y lecciones de juegos, cantos y baile en video para que los niños puedan seguir su formación en casa. Pero “El susto que está generando esta situación y la incertidumbre llevan a que la gente tome medidas radicales, aunque no tengan la crisis inmediatamente encima”, opina Segovia.

En el sector de las telecomunicaciones, la situación es alarmante también para los operadores grandes. En un país en el que el 80 por ciento de los usuarios pertenecen al segmento prepago, la tasa de recargas cayó de manera vertiginosa el mes pasado. La razón no radica solamente en el hecho de que la gente esté sin dinero, sino también en que el confinamiento impide las recargas callejeras. Una gran parte de los usuarios prepago son trabajadores informales que no pueden hacer pagos en línea en las páginas web de los operadores porque no están bancarizados. Las tiendas físicas de Claro, Movistar y Tigo están cerradas y allí se movía una parte importante de sus ventas diarias. Pero se equivocan quienes piensan que el problema afecta a las empresas que venden servicio a la población más pobre. SkyNet, un proveedor de internet satelital cuyos clientes pertenecen al sector corporativo y al Gobierno, padece el mismo flagelo. SkyNet lleva internet a las compañías petroleras y mineras en selvas y llanuras, y provee la conectividad de los barcos de la Armada Nacional, y de hoteles en parques nacionales y lugares apartados. Casi el 10 por ciento de sus clientes en el sector petrolero cancelaron la suscripción y los demás pidieron renegociar las tarifas. En el sector de hidrocarburos se suspendieron los proyectos a la espera de mejores precios del petróleo, y la hotelería está detenida en todo el país; es casi seguro que habrá una reducción de la demanda de este tipo de conexión por sus costos. “Estamos enfocados en mantener el negocio y la planta de personal para no afectar a los trabajadores, porque pensar en crecimiento es difícil ahora”, dice Diego Moreno, gerente general de SkyNet.

La razón principal por la que millones de colombianos no pagan sus facturas en esta coyuntura es clara: la caída de ingresos o la incertidumbre acerca del futuro. Pero parece haber otras razones que contribuyeron a que la gente tomara la decisión de no cancelar las cuentas. Entre ellas, un entendimiento equivocado de los decretos del Gobierno. Cuando el 18 de abril el MinTIC declaró las telecomunicaciones como “servicio esencial” y ordenó a los operadores garantizar un “mínimo vital”, muchos creyeron que tenían vía libre para ignorar la factura. En realidad, el decreto ordenó que no se puede cortar el servicio de telefonía móvil y que se garantizan 200 mensajes de texto y acceso gratuito a algunos sitios web educativos desde los teléfonos móviles. También se quitó el IVA a los planes pospago de hasta dos UVT (unidad de valor tributario), un beneficio que solo estará vigente mientras haya cuarentena. Pero la norma no cubre el internet fijo domiciliario ni la televisión por cable. Algo similar podría ocurrir durante los meses de mayo y junio en el sector de servicios públicos. El decreto del Gobierno establece que a quien no pague su factura en estos meses le será diferido el valor en 24 cuotas durante los siguientes cobros. “Esta industria ha hecho un esfuerzo en medio de la situación tan adversa y nos preocupa que se fomente una cultura del no pago”, afirma Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de los grandes operadores. “Que sea un servicio esencial no quiere decir que sea gratis”, complementa.

Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, gremio que agrupa a las empresas de celulares, asegura que el sector ha hecho un esfuerzo inmenso en medio de la crisis y se muestra preocupado de que se fomente la cultura del no pago.  No obstante, la mayoría de los líderes gremiales desestima la idea de que exista una cultura del no pago. “Es un mito urbano”, dice Sánchez, de Andesco, y cita el caso de la costa, en donde Electricaribe tiene gran cantidad de problemas financieros porque los usuarios no le pagan, y se debe a que prestaban mal servicio; pero, simultáneamente, las facturas sin pagar en las empresas de gas, agua y telecomunicaciones en esa región no llegan al 4 por ciento. “Hemos descubierto que cuando el servicio es bueno, la gente paga”, afirma Sánchez.

Las empresas proponen una solución. Pidieron al Gobierno del presidente Iván Duque echar mano del Fontic, el fondo destinado a financiar la televisión pública y los proyectos de interés social, para subsidiar a los usuarios que no pueden pagar sus facturas. Incluso, proponen reducir la carga tributaria actual del 2,2 por ciento al 1,6 por ciento. Hay que recordar que la Ley de Modernización de las TIC, aprobada hace un año, redujo la carga tributaria del 5 al 2,2 por ciento. Las universidades pidieron acceso al crédito, y los operadores medianos y pequeños, ayuda con el pago de nóminas. Pero también surgen iniciativas como la de Codensa, que creó la campaña Comparto mi Energía para que quienes puedan apoyen el pago de facturas de familias vulnerables. El arriendo de vivienda y locales es un negocio de 48 billones de pesos al año en Colombia. El sector TIC representa casi el 4 por ciento del PIB. Es evidente que se requiere algún tipo de intervención del Gobierno para evitar el impacto de la crisis en estos sectores esenciales.