Según un reciente informe realizado por la Federación de Departamentos, al comparar el comportamiento del primer cuatrimestre de 2020 con el de 2019, se evidencia una caída en los ingresos del 10 %. Tan solo en el mes de abril la afectación fue del 45 % en promedio y en 14 departamentos se presentó una disminución superior a ese porcentaje en ingresos tributarios y no tributarios. Tal y como había advertido Anif y la misma Federación la semana anterior, la caída de los ingresos departamentales ha sido fuerte. Las rentas más afectadas por la pandemia fueron: impuestos de vehículos, que tuvieron un decrecimiento del 90 %; los impuestos de registro, que cayeron 71 %; el de las loterías foráneas, que se redujo 77 % en recaudo; los impuestos al consumo de licores, que tuvo un -37 %, y los del cervezas, con una caída de 32 %. La sobretasa a la gasolina se desplomó un 37 % y la contribución sobre contratos de obras cayó 39 %.

Se estima que entre enero y abril los departamentos han dejado de recibir 280.121 millones de pesos.  Casanare, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Santander, Cundinamarca, Caquetá, Caldas y Norte de Santander son los departamentos más afectados por esta situación y reflejaron una reducción en sus ingresos superior al 55 %. La situación ha llegado a tal punto que varios gobernadores han mostrado su preocupación por el tema de la moratoria de la deuda, que se acerca a los 4,5 billones de pesos. Si un departamento no puede cumplir con estas obligaciones podrá, incluso, ser intervenido administrativamente.

Teniendo en cuenta este panorama, los gobernadores del país pondrán a consideración del Gobierno una propuesta de salvamento que tendría los siguientes elementos: Puesta en marcha de una nueva  línea de crédito con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) o del Presupuesto General de la Nación. Estos créditos tendrían una tasa de redescuento y un plazo de gracia de entre dos y tres años, que sería proporcional al periodo de los actuales gobernadores y alcaldes. Esta línea sería exclusiva para aquellas entidades territoriales que no puedan renegociar las condiciones de las operaciones de crédito vigentes y para las que no logren aprobación de nuevos créditos para la atención de la emergencia o para inversión.  Solicitud a la Superfinanciera para que expida una circular sobre las condiciones de crédito público contratadas por los entes territoriales. Esto, con el fin de aplazar los pagos por concepto de capital e intereses por seis meses o un año y que las entidades financieras puedan renegociar los créditos actuales. Asimismo, piden que Findeter mejore las condiciones de las líneas de crédito con tasas de redescuento. Autorización a las entidades territoriales para contratar operaciones de crédito público. Esto es para buscar recursos para atender la emergencia. Evaluar un mecanismo de garantía por parte de la Nación para las operaciones de crédito público de los entes territoriales. Facilitar líneas de crédito directas, con condiciones blandas con Findeter y Finagro. Exención de la aplicación de los límites de a los gastos de funcionamiento. Esto teniendo en cuenta que los entes territoriales deben destinar un porcentaje máximo de sus ingresos corrientes de libre destinación para atender gastos de funcionamiento. Mecanismo de compensación del SGP que garanticen la prestación de servicios esenciales. Este duro golpe a los ingresos departamentales reduce el margen de acción de los mandatarios regionales para hacerle frente a la pandemia que ha puesto en jaque a la economía nacional.

Los gobernadores del país esperan que en el marco de la nueva Emergencia Económica, el Gobierno nacional emita un decreto para aliviar la situación. Se sabe que es muy posible que hagan cambios en la reglamentación del sistema de regalías para que estos puedan acceder con más agilidad a dichos recursos.