Durante este viernes, 17 de mayo, se conoció una nueva decisión de la Corte Constitucional frente a la situación de los recursos de la salud, más exactamente frente al uso de la UPC, conocida como unidad de pago por capitación. Esta suma es el valor que el Gobierno entrega a las entidades prestadoras de salud por cada afiliado que tenga al sistema de salud.
La decisión tendría que ver con la destinación del 5 % del dinero de la UPC para la compra de equipos médicos. El alto tribunal ordenó pausar la implementación de esa ley, pues aún se resuelve una disputa en el Consejo de Estado.
Entre los hallazgos de la corte, se consideró que la destinación de ese 5 % para la operación de los equipos básicos que se utilizan para la atención de pacientes, que es ordenada en los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, podría poner en riesgo a la UPC.
Es decir, la preocupación de la Corte sería que, al destinar esta suma del 5 % a equipos médicos, se daría lugar a que las EPS cuenten con menos recursos disponibles para que puedan garantizar la prestación de servicios y tecnologías en salud, que serían cubiertos por el plan de beneficios en salud.
“Lo anterior, en atención a que, con la UPC, las EPS deben financiar la mayor parte de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud y ese propósito se puede ver afectado si se efectúan destinaciones de cualquier porcentaje para financiar servicios específicos, pues aquellas generan un desequilibrio financiero para el sistema, tal como se estableció en las sentencias C-978 y C-979 de 2010″, dicta la Corte en el comunicado que informó la decisión.
El alto tribunal además advirtió en la misiva, al Ministerio de Salud, asegurando que la cartera no aportó estudios técnicos que respaldaran esa decisión. Tampoco dispuso de una fuente adicional de recursos que pudiera compensar ese 5 % que se estaba considerando en la UPC.
La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento, considerando una medida cautelar para la aplicación de los artículos anteriormente mencionados, la cual cesará hasta tanto el Consejo de Estado adopte una decisión de fondo sobre la legalidad y constitucionalidad.
“En el mismo sentido, se ordenó la inaplicación del artículo 10 de la Resolución 2366 de 2023, que estableció la competencia para que el Ministerio de Salud sustraiga un porcentaje de la UPC para la operación de los equipos básicos de salud”, dicta la Corte.
El tribunal también destacó que el magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó voto en esta decisión.
¿Cuál es el problema que enfrenta la UPC en Colombia?
Con el fin de analizar las causas del desfinanciamiento del sistema de salud en Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentaron el pasado mes de abril, durante el foro ‘Una mirada metodológica a las cifras del sector salud’, en Bogotá, un análisis técnico que recoge algunas perspectivas sobre este tema, que ha generado fuertes choques con el Gobierno nacional.
En este espacio, convocado por las dos agremiaciones, se socializó el resultado de un análisis técnico que se realizó teniendo en cuenta la estructura del sistema de salud y la forma en que opera actualmente. El objetivo es que este material pueda ser utilizado por las entidades de control y la sociedad en general para tener elementos en la discusión de la crisis del sistema de salud.
El espacio contó con la participación de Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Anwar Rodríguez, vicepresidente en salud de la Andi; Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, y los expertos Diana Cárdenas, Paula Díaz, Augusto Valencia y Ramón Abel Castaño.
Durante el encuentro, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó que “la situación de crisis por la que atraviesa el sistema de salud actualmente nos convoca para aportar a la discusión con información técnica que le sea de utilidad al país. Es un hecho que, por ejemplo, la insuficiencia en el cálculo de la UPC y la inoportunidad en el pago de los presupuestos máximos han generado acumulación de deudas y pérdidas técnicas que han impactado el servicio”.