la que está terminando no fue una semana favorable para el Gobierno en materia fiscal. El pasado 27 de mayo, la Corte Constitucional le negó al Ministerio de Hacienda la solicitud de incidente de impacto fiscal con el que buscaba revivir la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta de las empresas de hidrocarburos y minería, el cual se había incluido en la reforma tributaria de 2022. Con esta decisión, el Gobierno se queda sin al menos 7 billones de pesos, que esperaba recaudar por esta vía.
Días después, se conoció el recaudo tributario en Colombia hasta abril, con una caída de 10,3 %, la mayor en 14 años. La Dian no cumplió la meta prevista de 71,9 billones de pesos, quedando 4,7 billones por debajo, de acuerdo con un informe de Corficolombiana.
Credicorp Capital ya había anticipado la situación. Señaló que, según la Dian, el recaudo tributario ascendió a 67,2 billones de pesos en el primer trimestre de 2024, por debajo de la meta para ese periodo en unos 5 billones, cerca del 0,3 % del PIB, “lo que pone en riesgo la meta de recaudación tributaria para todo el año de 312,44 billones”, señala la firma. Y a esto se suma la alta probabilidad de que los potenciales ingresos por litigios se sitúen muy por debajo de lo esperado: la Dian ha sugerido que podrían ser de menos de 4 billones de pesos frente a los 10 billones asumidos en el Plan Financiero.
La dramática situación ha aumentado el ruido fiscal a lo largo de 2024 en medio de la meta del Gobierno de ejecutar el nivel de gasto primario más alto de la historia (cerca del 20 % del PIB).
Para el exministro Juan Camilo Restrepo, los recaudos están desplomados. “Los recaudos totales en términos anuales están creciendo al 4 %, mientras que los gastos totales, funcionamiento más inversión, están creciendo al 20 %. Y de otro lado, el indicador de cómo está comportándose el recaudo de los grandes contribuyentes está cayendo con relación al año anterior en más del 60 %. Entonces ya se están viendo los efectos de la última reforma tributaria, pero también los efectos tremendos de la desaceleración económica, que influye en el comportamiento tributario. Se está dando una mezcla de muy bajos recaudos, cayendo en los grandes contribuyentes, pero con un carrusel de gastos que sigue a todo tren”, señala.
El escenario fiscal es muy preocupante. César Pabón, director ejecutivo de Estudios Económicos de Corficolombiana, hizo los cálculos: si se mantiene la tendencia de recaudo, esa disminución al cierre del año puede ser de aproximadamente 16 billones de pesos. Por el componente de litigios, que ya no implicaría ingresos de 10 billones, sino de máximo 3 billones, el déficit aumenta en cerca de 7 billones. “Estimamos en cerca de 24 billones de pesos el ajuste que necesitaría hacer el país para el cumplimiento de la regla fiscal. En la historia de Colombia no se ha hecho un ajuste de tal dimensión. Y a esto se le agrega la expectativa de bajo crecimiento”, reitera.
Para otros el rango es mayor. Un análisis del Banco de Bogotá establece dos escenarios: uno, que, si el primer cuatrimestre representa el 34,3 % de todo el recaudo del año, como se observó en 2023, “en 2024 se recaudarían 250 billones de pesos, 62 billones menos que lo planeado por Hacienda”, advierte. El segundo, que el recaudo represente el 30 % del total, suponiendo un fortalecimiento en lo que resta del año, ante una mejor actividad económica. De ser así, el hueco sería de 26 billones de pesos.
En medio de esta compleja situación, el Gobierno anunció su intención de cambiar la regla fiscal. Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, asegura que “no es el momento correcto para hacerlo. Es muy probable que el déficit fiscal sea superior al 5,3 % del PIB este año, que es el que está en el plan financiero. Si no hay un recorte programado del gasto, el déficit fiscal va a ir convergiendo más hacia el 6 %, y eso es muy negativo. Para 2025, la meta de déficit que salió en el marco fiscal del año pasado era 3,5 % del PIB y probablemente vaya a ser mayor al 4 %, cuando se actualice el marco fiscal el próximo mes. Así que todo apunta a un deterioro de la deuda”, agregó.
El exministro Restrepo dijo que “la tal flexibilización es un nombre piadoso que se le está dando al afán de endeudarse con desmesura. Y eso va a ser pésimamente leído por los mercados. Estamos cargando la escopeta para darnos un tiro en el pie”, y mantuvo su expectativa en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo: “Si se hace un documento serio, técnicamente elaborado, vamos a ver todas las flaquezas y las miserias en que está cayendo la situación fiscal del país”.
El ambiente está enrarecido y desde hace unos meses los mercados internacionales lo han venido reflejando en el riesgo país, medido por los Credit Default Swap (CDS), que son una especie de seguro que cubre la probabilidad de impago de una nación; mientras más alto es ese indicador muestra una mayor probabilidad de impago y viceversa.
“Los anuncios de un mayor endeudamiento y, particularmente, la flexibilización de la regla fiscal, lo que han hecho es aumentar el riesgo país”, dice Pabón. Explica que los CDS de Colombia aumentaron en abril de 2020, por ocasión de la pandemia. Después se normalizaron, pero posteriormente, entre junio y octubre de 2022, se registró el mayor aumento de la prima de riesgo. “Pasamos de tener un CDS entre 80 y 100 puntos básicos, a uno muy cercano a 380 puntos básicos. Es decir, casi cuatro veces el riesgo que teníamos previo a la pandemia”, precisó. Agregó que, si bien este indicador se ha normalizado, hoy está en el rango de 160 a 180 puntos básicos, lejos de países como Perú y Chile, que siguen entre 50 y 70 puntos básicos. Brasil, que históricamente ha tenido una menor calificación crediticia que Colombia, hoy muestra un indicador de CDS inferior al del país. “Ese mayor riesgo país significa que para los colombianos, empresas u hogares el costo del financiamiento será mayor”, dijo Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá.
Por si fuera poco, el panorama podría ponerse aún más complicado, pues se corre el riesgo de una reducción de la calificación para Colombia. “En ausencia de un ajuste del gasto, es predecible que en los próximos meses se materialice una revisión a la baja de las calificaciones, que podría venir por parte de Standard & Poor’s. Ellos, en enero de este año, hicieron una advertencia cambiando la perspectiva de estable a negativa. Además, si no se hacen los ajustes, Fitch también podría cambiar la perspectiva de la calificación de estable a negativa. Y Moody’s, que hoy en día nos tiene en un mayor grado de inversión, estaría observando una rebaja en su calificación”, dice Pabón.
Para Velandia, si no hay un ajuste de gasto y se registra un incremento importante del déficit estimado tanto para este como para el próximo año, “la probabilidad de que nos bajen la calificación en los próximos 12 meses es alta, empezando por Standard & Poor’s, que ya nos puso un outlook negativo”.
Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, teniendo en cuenta que el Plan Financiero de 2024 dejó sin margen de error para el cumplimiento de la regla fiscal, la sorpresa bajista en ingresos hace entrever que, en ausencia de un recorte de gasto, Colombia no cumpliría con la regla fiscal este año, poniendo en riesgo su calificación crediticia. Los cálculos del banco advierten que “los operadores de mercado ya descuentan que la calificación de riesgo país pasaría de BB+ a BB más temprano que tarde”.
Esto, como señala Velandia, se vería reflejado en mayores tasas de interés, que definitivamente generan un círculo vicioso porque implica que el Gobierno tiene que gastar más de su presupuesto, pagando deuda e intereses. Habría un efecto negativo sobre el sector empresarial porque también se financiaría a tasas más altas. Y con esto el dólar podría tener un efecto al alza en lo que resta del año. Las cuentas no cuadran.