Las medidas de aislamiento obligatorio tienen en grave riesgo a muchos sectores económicos y a empresas estratégicas del país que hoy claman por un salvavidas. El panorama es desalentador. Los cálculos del Gobierno, que lucen optimistas, indican que si la economía se contrae entre 1,9 por ciento, más de 2.676 empresas entrarían en riesgo de insolvencia. Pero si la contracción alcanza el 7,7 por ciento, la cifra podría llegar a 5.500 empresas. Algunos gremios como Fenalco ven un panorama más aterrador: ya habrían cerrado al menos 80.000 empresas del sector de comercio y el país habría perdido 1,7 millones de empleos.

Para contener una eventual mortandad empresarial, el Gobierno apeló a las facultades de la segunda emergencia económica, que terminó el viernes pasado. Al efecto emitió el decreto 811 que busca contener la sangría en sectores fundamentales duramente castigados por la cuarentena. La norma establece un régimen especial para que el Gobierno rescate compañías estratégicas que de otro modo no podrán salir adelante. Este salvavidas contempla varias opciones como otorgar créditos en condiciones especiales, que estos créditos se conviertan en acciones e incluso que el Gobierno se vuelva accionista de estas empresas. Eso no se veía desde la década de los noventa, cuando el Gobierno salió de casi todas sus participaciones en empresas privadas. Pero esta participación del Estado como accionista tiene dos condiciones. La primera, que cuando la nación adquiera participaciones minoritarias pueda exigir a los propietarios que se comprometan a recomprarle en un plazo determinado. Es decir, que haya garantías de salida. Algunos interpretaron ese mecanismo como un interés del Gobierno en vender participaciones en Ecopetrol e ISA. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda aclararon que se refiere específicamente a este grupo de nuevas compras y no a la venta de activos en los que la nación hoy tiene participación.

Ángela María Orozco, Ministra de Transporte y Juan A. Londoño, Viceministro de Hacienda La segunda condición es que las empresas tendrán que seguir cumpliendo sus obligaciones laborales, tributarias y pensionales. Es decir, que no quedan eximidas de honrar sus compromisos solo por tener participación estatal. Pero para los empresarios de estos sectores estratégicos el decreto no ofrece detalles sobre los salvavidas y deja dudas. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, asegura que esos datos se conocerán en dos semanas, cuando termine el mapeo que realiza esa cartera para definir los casos que requerirán inversión directa de capital, créditos convertibles en acciones o créditos en condiciones especiales. Y cuáles requerirán una combinación de estas fórmulas.

Una fuente de recursos es el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), creado para atender la pandemia. Desde su conformación, quedó planteada la posibilidad de otorgar ayudas directas a las empresas. Este fondo tiene recursos por 7,8 billones de pesos. También están los créditos con garantía del Fondo Nacional de Garantías, de entre 80 y 90 por ciento. Esta entidad puede apalancar créditos hasta por 50 billones de pesos, de los cuales ya 15 billones están comprometidos para salvar micro, pequeñas y medianas empresas que en abril comenzaron a pedir apoyo. Eso significa que todavía hay disponibles otros 35 billones de pesos para atender los sectores que necesitarán ayuda para arrancar. Las cuentas preliminares indican que el país necesitará cifras billonarias para salvar los sectores estratégicos de transporte, infraestructura y salud. Como se trata de un decreto general, todavía habrá que contratar bancas de inversión y expertos que apoyen el proceso de valoración, identifiquen las necesidades y propongan las mejores soluciones. Todos los sectores necesitan ayuda, pero cada caso es diferente y requiere una solución distinta, como ha advertido la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. El sector de transporte intermunicipal por ejemplo ha dicho que la parálisis de operaciones ha generado pérdidas por más de 600.000 millones de pesos. José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), uno de los gremios del sector, cree que las 540 empresas formales del sector podrían necesitar al menos un billón de pesos en créditos en condiciones especiales de plazos y tasas para reactivar sus operaciones.

La cifra es mayor para los sistemas masivos de transporte. En este caso, la operación solo se redujo en la primera fase del aislamiento para prestar el servicio al personal que realizaba labores vitales en áreas de salud, abastecimiento, producción agropecuaria y seguridad. Pero desde finales de abril comenzó a operar nuevamente, aunque solo con el 35 por ciento de su capacidad. Esto ha abierto un hueco enorme en las finanzas de estos sistemas y ha agravado la situación de los que venían con desequilibrios financieros. Se estima que, en su conjunto, los sistemas TransMilenio de Bogotá, el MIO de Cali, Transcaribe de Cartagena, Metrolínea de Bucaramanga, Transmetro de Barranquilla, el Megabús de Pereira y el sistema del Valle de Aburrá podrían necesitar casi dos billones de pesos para ponerse al día con sus concesionarios y normalizar las operaciones. Los directivos de estos sistemas han dicho que necesitan ayuda en condiciones muy flexibles. En el caso de las aerolíneas, las cifras en principio apuntan a un salvamento de 4,8 billones de pesos para garantizar el servicio. En este grupo, EasyFly ha dicho que necesitará un préstamo cercano a los 100.000 millones de pesos; mientras que Viva Air ha pedido un crédito al Gobierno por 50 millones de dólares –casi 200.000 millones de pesos–. Latam y Avianca, las más grandes, necesitarán el resto. Estas dos firmas acudieron a procesos de reestructuración de deudas bajo la ley de Estados Unidos, conocida como Capítulo 11. Están renegociando con sus acreedores y avanzan hacia identificar mejoras sustanciales en su operación para garantizar su supervivencia. Para ellas el Gobierno estudia opciones de créditos, pero sin duda en el caso de Avianca y Latam podría necesitar también algún tipo de capitalización.

Adrián Neuhauser, vicepresidente financiero de Avianca, asegura que no conocen las características del salvamento en el que trabaja el Gobierno. Pero dice que “es una puerta que se abre para lograr un mecanismo de ayuda al sector privado”. Pero el viceministro Londoño aclara que a las firmas también les exigirán medidas para volverse más eficientes. “No vamos a salvar empresas con nombres particulares, sino a garantizar el servicio para los colombianos”, dice. No solo esas empresas estratégicas necesitarán un salvavidas. Funcionarios del Ministerio de Hacienda también se han reunido con directivos de hospitales cuyas finanzas que se han visto muy comprometidas por la pandemia. En efecto, la crisis ha concentrado la atención en pacientes con coronavirus, por lo que han dejado de prestar otros servicios, como las cirugías electivas, que les generaban ingresos importantes, y han advertido que requerirán millonarios créditos para salir del bache. Igual ocurre con empresarios de algunas concesiones viales y aeroportuarias, que a raíz de la disminución del flujo de pasajeros, y debido a las reducciones en el pago de peajes y en el cobro de derechos de parqueo, han visto una reducción sustancial de sus ingresos. Esto podría generar un desequilibrio económico frente a los modelos con los cuales ejecutaron las obras. Aunque en su mayoría son grandes grupos empresariales con músculo financiero para aguantar el chaparrón, otros necesitarán un salvavidas. Cuando el país comienza a reabrir lentamente su actividad productiva, se hacen más evidentes los efectos devastadores de la pandemia en la economía. Las pérdidas serán enormes y el Estado tendrá que apoyar la mayor cantidad de empresas y colombianos. Pero no hay que perder de vista que los recursos son limitados.