El año que comienza le planteará duros desafíos al Gobierno. Ciertamente, el país creció en 2019 por encima de muchos de sus pares de la región, e incluso del promedio de la Ocde. Pero es necesario resolver varios problemas económicos estructurales, como el desempleo y la desigualdad. Estos se convirtieron en algunos de los detonadores de las protestas sociales con las que terminó el año pasado y que probablemente continuarán en 2020. El equipo del presidente Duque, en los 12 meses que vienen, deberá trabajar con particular ahínco en estas cinco áreas. 1. Apaciguar el descontento social La población está exigiendo soluciones inmediatas a problemas estructurales, como se vio en la calle en 2019. El Gobierno ha abierto la puerta a un diálogo nacional, pero el Comité del Paro ha presentado un pliego de 104 puntos, en el que pide, por ejemplo, frenar la agenda económica, con temas trascendentales como las reformas a los sistemas pensional y laboral.
Así, el Gobierno queda en una encrucijada, pues muchos expertos sostienen que dichas reformas son indispensables para solucionar problemas como el desempleo y la inequidad, mientras que el Comité del Paro insiste en su inconveniencia. De hecho, este ya ha convocado a nuevas jornadas de protestas para las próximas semanas. De no lograr menguar el descontento social, podrían recrudecerse las manifestaciones, con graves efectos económicos y una posible incidencia negativa en el crecimiento, como sucedió en Chile. 2. Generar crecimiento y equidad El país salió bien librado de 2019, un año marcado por un difícil contexto económico internacional, protagonizado por la desaceleración económica, la migración y las constantes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero un crecimiento de 3 por ciento no es suficiente.
Según el Banco Mundial, el año pasado el país logró crecer a esta tasa gracias al buen comportamiento del consumo, a que se recuperó la inversión extranjera directa (IED) y al manejo responsable de la política monetaria. No obstante, este crecimiento se ha visto opacado por la mala distribución del ingreso.
Hoy, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini que alcanza 0,49, en un rango en el que 1 es la desigualdad máxima y 0 representa la ausencia de esta. La disminución de la pobreza monetaria también debe seguir como una prioridad. Es cierto que Colombia pasó de tener 50 por ciento en 2002 a 27 por ciento en 2018, y ha hecho avances importantes en temas prioritarios como cobertura de salud, educación y servicios públicos. Pero la población demanda más equidad. Por esto, resulta fundamental cerrar 2020 con un crecimiento cercano al 4 por ciento.
En este contexto, el Gobierno debe buscar nuevas fuentes de crecimiento, aumentar las exportaciones no tradicionales, disminuir el déficit en la balanza comercial y diversificar su aparato productivo. Todo esto sin dejar de lado una mejor labor redistributiva. 3. Crear empleo El deterioro del mercado laboral es evidente. Aunque mostró leves señales de recuperación en el último trimestre, la tasa de desempleo no ha logrado bajar de 10 por ciento. La situación preocupa, pues en el país habría 2,3 millones de desocupados y una tasa de informalidad de 45 por ciento.
El Gobierno tiene claro que el desempleo plantea uno de los principales problemas del país, por lo que se fijó la meta de reducirlo a una tasa de entre 7,9 y 8 por ciento de ahora a 2022. Eso permitiría crear cerca de 800.000 puestos. El presidente Iván Duque aclaró que harán esto por medio de políticas para reactivar varios sectores, como la construcción, el turismo, la industria y el agro. También, con iniciativas incluidas en la Ley de Crecimiento que buscan beneficios tributarios para las empresas que generen más puestos de trabajo. No obstante, varios expertos han indicado que el problema va más allá y que es necesario hacer una reforma laboral que flexibilice la contratación.
4. Poner a andar la tributaria El Gobierno le apostó a una reforma tributaria que contempla concesiones importantes a las empresas, bajo la lógica de la confianza inversionista. Esto le ha costado fuertes críticas, pues varios sectores consideran que los beneficios fueron desbordados y que no está comprobado que provoquen efectos positivos a largo plazo en términos de crear empleo y crecimiento económico. Para Sergio Clavijo, expresidente de la Anif, la tributaria tiene varios elementos positivos como el impuesto al patrimonio, mayores tasas de renta a los hogares ricos y la normalización. Sin embargo, reducirá el recaudo, por lo que el Gobierno podría quedarse corto a la hora de cumplir sus compromisos fiscales. Ese diagnóstico coincide con las estimaciones de Fedesarrollo, que prevé una caída progresiva del recaudo de 0,5 puntos del PIB en 2020; 0,8 en 2021; 1 en 2022; 1,3 en 2023 y 1,4 en 2024, en los que cada punto equivale a 10 billones de pesos.
Bajo esta perspectiva, el Gobierno deberá compensar los más de 13 billones de pesos que costarán las exenciones y las medidas de carácter social incluidas en la Ley de Crecimiento, que, sin duda, presionarán el déficit fiscal. Y también tendrá que demostrar que la tributaria dinamizará la economía, como aseguró el ministro Alberto Carrasquilla cuando la norma pasó por el Congreso. 5. Tramitar Reformas pendientes La agenda legislativa del Gobierno en 2020 tampoco será fácil. Necesita las reformas pensional y laboral para resolver la inequidad y disminuir el desempleo. Pero su poca popularidad y la crispación social que atraviesa el país pondrán palos en la rueda a la hora de tramitarlas. Evidentemente, el país debe actualizar la normatividad laboral, pues esta ya no se adecúa a dinámicas que se abren paso, como las nuevas formas de trabajo derivadas de las plataformas digitales. El Gobierno ya ha dado algunas luces sobre los elementos que incluiría en una eventual reforma laboral, y le apostará a la flexibilidad. Esto, bajo la lógica de fomentar el empleo al abaratar los costos laborales que acarrea en la actualidad un contrato tradicional. Sin embargo, ya el Comité Nacional del Paro indicó en múltiples ocasiones que no está de acuerdo con este tipo de medidas, pues, en su concepto, desmejoran las condiciones laborales de los colombianos. El tema pensional es aún más grave y necesita atención urgente. El actual sistema público de pensiones –régimen de prima media– es uno de los principales causantes de inequidad y requiere cambios de fondo. Esto porque subsidia a quienes más tienen, mientras que excluye a los más pobres. Desde que se agotaron las reservas del antiguo Seguro Social, hace más de 15 años, el gasto público en pensiones supera los 300 billones de pesos. Solo en el año anterior hubo que destinar 40 billones más y, según la Anif, el pasivo pensional actual representa una cifra cercana a 114 por ciento del PIB.
Tal vez, estas dos reformas plantearán los retos más difíciles para el Gobierno en 2020, puesto que no cuenta con el capital político ni con la popularidad necesaria. E indudablemente cualquier decisión que tome al respecto causará un gran eco en la opinión pública. El Congreso también jugará un papel fundamental en esta tarea. Por eso, el reciente apoyo de Germán Vargas Lleras y su partido, Cambio Radical, podrían facilitarle, en alguna medida, el panorama al Gobierno. Pese a esto, la cosa no será sencilla. n