De acuerdo con el FMI, para tener acceso a los recursos de la entidad con carácter precautorio, los países pagan una comisión anual por compromiso de recursos sobre la suma que pueden utilizar en el período de 12 meses de que se trate. “La comisión por compromiso de recursos aumenta junto con el nivel de acceso disponible a lo largo de un período de 12 meses, 15 puntos básicos por montos comprometidos de hasta 115% de la cuota, 30 puntos básicos por montos comprometidos de entre 115% y 575% de la cuota, y 60 puntos básicos por montos superiores a 575% de la cuota”, explicó el FMI. Lea también: Colombia ya solicitó los US$5.300 millones del crédito del FMI Es de mencionar que la comisión que pagan los países por acceder a la LCF se les reembolsa proporcionalmente si optan por hacer uso de los recursos durante el período en cuestión. Teniendo en cuenta que Colombia tiene acceso a la LCF desde 2009, el país ha destinado cerca de US$260 millones por ser un posible beneficiario del crédito, pues se estima que el costo anual de acceder a estos recursos es de US$26 millones. Recientemente, el Ministerio de Hacienda recibió la autorización para solicitarle al Fondo Monetario Internacional 3.750 millones de derechos especiales de giro del multilateral, correspondientes a US$5.371 millones que hacen parte de la Línea de Crédito Flexible. Lea también: Para el FMI, la mejor forma de pagar la deuda es crecer económicamente El plazo para pagar estos recursos es de cinco años, aunque el país cuenta con tres años de gracia. Las amortizaciones se harán en ocho cuotas trimestrales y la tasa de interés tendrá la variable derechos especiales de giro (DEG) más un margen fijo del 1%. Colombia es el primer país en la historia que utiliza el desembolso de la línea de crédito flexible (LCF) y los recursos se destinarán a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de 2020. La LCF del Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía un monto inicial del 384% de la cuota del país en el organismo (aproximadamente US$10.800 millones), pero el Gobierno pidió en julio su ampliación al 600% (aproximadamente US$17.300 millones), como consecuencia del choque del coronavirus.