Pasaron los 160 días de uno de los confinamientos más prolongados del mundo contra la pandemia. Ahora, como saliendo a la superficie un poco aturdidos pero felices, los colombianos comienzan el primero de septiembre una nueva fase de apertura. El país inicia una etapa conocida como aislamiento selectivo con esfuerzo individual, que implicará menores restricciones y una fuerte apuesta por recuperar la vida productiva. Se mantendrán las prohibiciones para aquellas actividades que impliquen aglomeraciones, pero, en términos generales, las restricciones serán la excepción y no la regla, como venía ocurriendo hasta ahora. En el ámbito global, solo Argentina tiene una cuarentena más dura que la colombiana. En la mayoría de los países afectados por el virus, el encierro preventivo duró alrededor de dos meses. En Europa, las medidas de aislamiento tomaron de siete a nueve semanas luego de que estos países se convirtieron en el centro de la pandemia. Algunos como Suecia nunca tuvieron cuarentena, y otros la adoptaron de manera menos estricta para evitar que a la crisis sanitaria se sumara la destrucción de sus economías. Cuando la pandemia se trasladó a América, Estados Unidos, México y Brasil tomaron medidas de aislamiento menos estrictas que las adoptadas por Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Todos buscaban evitar un mayor daño económico mientras controlaban la pandemia. La entrada del país en esta nueva etapa es una de las decisiones más importantes. Implica reabrir la economía con mayor certeza, recuperar actividad productiva y sentar las bases para la reactivación, que, por ahora, luce lejana. Los más optimistas la ven en el segundo trimestre del año próximo. Insisten en que reabrir no significa una inmediata reactivación: antes tendrán que recuperarse, es decir, dejar de perder.

La recuperación de la economía podría tardar debido a la prolongada cuarentena. Sin embargo, la mayor demanda de fin de año traería mejores noticias. Consolidar la recuperación requerirá de un trabajo fuerte en el que todos pongan de su parte. Que los ciudadanos eviten con su comportamiento mayores contagios, que los empresarios inviertan y reactiven sus negocios, y que el Gobierno apoye el proceso de recuperación y garantice la atención sanitaria. La reapertura llega luego de mitigar los impactos en materia de salud, aplanar la curva y alcanzar una ‘meseta descendente’ de casos mortales. Todo lo cual permite ver una luz de optimismo, según ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Y llega también cuando en materia económica los resultados son desastrosos. En el segundo trimestre, la caída de la economía alcanzó un 15,7 por ciento, según el Dane. Solo en junio el país perdió casi 5 millones de puestos de trabajo. Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, impuestas desde el 25 de marzo, le han costado a la economía una caída del 7,4 por ciento en el PIB al cierre del primer semestre. Para el año completo, el Banco de la República estima que podría descender entre 6 y 10 por ciento. Esto confirma, como lo ha dicho el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que la economía no funciona como un interruptor que se puede encender y apagar sin mayores consecuencias. La pandemia ha implicado, de paso, una ‘masacre empresarial’ que le está pasando una costosa factura a la economía. Se trata de cierres de empresas, menor generación de impuestos para financiar el gasto social y el desarrollo de las regiones, pérdidas de empleos y el consecuente aumento en la pobreza de los colombianos, uno de los indicadores que mayores satisfacciones le había dado al país en la última década. Por eso, cabe preguntarse en este momento qué esperar de la reapertura y qué hacer para que Colombia vuelva pronto por la senda de la reactivación.

Bruce Mac Master, Presidente de la Andi. Control de daños Las cifras reales de destrucción de empresas no se conocen todavía, ya que en muchos casos comienza con el cierre de los negocios, pero tardan varios años hasta su liquidación oficial. Sin embargo, algunos gremios tienen cuentas preliminares: el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calcula que el número de pequeños establecimientos de comercio que han cerrado sus puertas podría superar los 40.000, según una reciente encuesta de la Federación. En sectores de gastronomía, bares, discotecas y negocios de entretenimiento, las cifras podrían llegar hasta el 50 por ciento: muchos no aguantaron y, después de despedir empleados y pagar lo que pudieron, ya no tienen capital para reabrir. La Superintendencia de Sociedades ha dicho que, oficialmente, 700 empresas han pedido algún tipo de salvamento en lo corrido del año. Una cifra divulgada por el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, tiene encendidas las alarmas: en la capital, el 17 por ciento de las 518.698 empresas registradas no actualizaron su matrícula mercantil y la creación de compañías cayó un 30 por ciento. Algunas optaron por mantener un tamaño menor. En el comercio, marcas como Tennis, Arturo Calle, Vélez, Zara, H&M, Pull&Bear, Arturo Calle y Mario Hernández redujeron sus almacenes. Pero la reconstrucción del tejido empresarial debe arrancar de una base cierta. Por eso, la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, le ha pedido al Ministerio de Comercio hacer un inventario de los daños causados en el aparato productivo, como ocurre tras el paso de los huracanes.

Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco,  Rosmery Quintero, Presidenta de Acopi, Nicolás Uribe, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá De hecho, este sombrío panorama económico que vive todo el país sumado a la mejora en la lucha contra la pandemia pesaron en el análisis que hizo el Gobierno para avanzar hacia la nueva etapa de reapertura. El presidente Iván Duque hizo el anuncio en la noche del lunes 24 de agosto, y al día siguiente expidió el Decreto 1168. Con este le pone fin a la cuarentena y señala las condiciones en las que se moverá el país hacia la recuperación. La normativa contempla pocas restricciones a la actividad productiva y al movimiento de las personas. Aunque exige que mantengan protocolos de bioseguridad, usen tapabocas y observen el distanciamiento físico. Eso, además de lavarse las manos con frecuencia y mantener geles antibacteriales, entre otros. El decreto les permite a los alcaldes tomar medidas de aislamiento más severo solo en caso de que aumenten de manera sustancial los contagios. Pero pone límites a los toques de queda, la ley seca y al plan candado, la restricción al ingreso de vehículos y personas que impusieron unos 70 municipios en los últimos meses. Ahora, para tomar esas medidas, tendrán que pedirle permiso al Ministerio del Interior. Eso sí, la normativa abre el camino para reiniciar la actividad económica al permitir los vuelos nacionales e internacionales –con estrictas condiciones–, restablecer el transporte intermunicipal y ampliar los transportes masivos a un aforo ya no del 35, sino del 50 por ciento. Además, autoriza, aunque con fuertes exigencias y requisitos, el funcionamiento de todo tipo de establecimientos de comercio, restaurantes, parques públicos, bibliotecas y museos. Y plantea los planes piloto para el regreso a clases de niños y jóvenes en colegios y universidades, con un aforo que impida las aglomeraciones. Por último, aprueba el regreso de los trabajadores a las entidades públicas.

La reapertura de aeropuertos, a partir del primero de septiembre, es una buena señal para la recuperación de la economía. En Bogotá Al mismo tiempo que el presidente Duque anunciaba las medidas para avanzar hacia la nueva etapa, la alcaldesa Claudia López anunciaba el fin de las cuarentenas por localidades en Bogotá. La capital aplicó un aislamiento preventivo draconiano, en buena medida porque alberga a casi 8 millones de personas. Eso le permitió evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, atender el elevado número de contagios que se registran y evitar un desbordamiento en el número de muertes. Pero Bogotá pagó, y pagará, un costo enorme en empleos perdidos, cierres de empresas y caída en los ingresos distritales. Algunos sostienen que la administración hizo los anuncios de reapertura el 27 de agosto ante las protestas de comerciantes formales e informales que reivindicaban su derecho al trabajo y anunciaban medidas judiciales. Solo el lunes hubo seis en el centro de la ciudad, San Victorino, Unilago y El Restrepo, entre otras. La capital responde por cerca del 27 por ciento del PIB nacional, por casi el 40 por ciento de las ventas del comercio, la mitad de las ventas de licores y el 70 por ciento de los viajeros por vía aérea. Por eso, la reapertura es vista como la mayor apuesta para el comienzo de la reactivación. Quizás por eso cayeron tan mal algunos anuncios de la alcaldesa que limitaban la operación del comercio y no daban claridad sobre los vuelos internacionales o el regreso de los colegios. Para Cabal, operar con pico y cédula solo cuatro días a la semana, de jueves a domingo –como se anunció en principio–, implicaba la ruina para muchos comerciantes. Al fin y al cabo, estos deben responder por costos fijos mensuales de arrendamientos, servicios, cuotas de administración y pagos de salarios con recargos nocturnos y festivos.

El regreso de la actividad comercial, los restaurantes y los autocines motivó el aumento en el aforo del transporte público, que ahora pasa del 35 al 50 por ciento de su capacidad. El rechazo de comerciantes formales e informales a estas medidas llevó a la Alcaldía a añadir un día a la operación. Pero muchos creen que no será suficiente y esperan una próxima revisión. Eso sí, Fenalco estudia presentar ante el Concejo distrital una iniciativa que rebaje en 50 por ciento el impuesto predial de inmuebles comerciales para el año entrante. Según Uribe, es necesario hacer un esfuerzo para ampliar el rango de comercios y actividades que podrán abrirse, de manera que haya “un ejercicio más empático con el hambre de la gente”. Plantea hacerlo con menor controversia y en forma más articulada. Pero ¿qué tan rápido podría llegar la reactivación? No existe una sola respuesta y, por ahora, la demanda sigue deprimida. Por el lado de la oferta, muchas industrias todavía no planean copar su capacidad hasta que haya mayor certeza en el consumo y consigan los recursos para reabrir. La reapertura no es sinónimo de reactivación, insiste la presidenta de Acopi. Quintero cree que primero tendrá que comenzar a moverse el consumo para que el aparato productivo aumente su operación, el dinero vuelva a circular, los impuestos se generen y los empresarios se recuperen gradualmente a fin de cumplir sus compromisos fiscales y laborales. Este círculo virtuoso requiere un esfuerzo adicional de empresarios y Gobierno. Pero podría tomarse un tiempo adicional. Cabal espera que en los próximos meses llegue una fase de recuperación, en la que los empresarios podrían dejar de perder, como hasta el momento. “Pero la reactivación es otra cosa y todavía tendremos que transitar un camino lento, de aquí a diciembre, para empezar a verla”, dice. El proceso podría tardar, porque, como explica el presidente de la Andi, el aislamiento preventivo obligatorio le pegó con fuerza tanto a la demanda como a la oferta. En efecto, además de que limitó la movilización de personas, también esta medida se extendió a industrias consideradas no esenciales. Esto pudo haber provocado un daño ‘semipermanente’ en una parte importante del sector productivo.

¿Qué dicen los indicadores más recientes de actividad productiva? El Gobierno adoptó medidas para apoyar a los hogares y al sector empresarial. En el primer caso, con subsidios girados directamente a las familias, y, en el segundo, con el pago de un porcentaje de la nómina. Pero es claro que ningún Estado tiene la capacidad para sustituir la iniciativa privada, y para reactivar la economía se necesitarán medidas mucho más agresivas. El presidente presentó un proyecto de ley para extender hasta diciembre el subsidio a las nóminas. No obstante, las demoras en la llegada de esos recursos y los excesivos requisitos impuestos han impedido que las empresas tengan acceso a esos dineros. Muchas ya están agonizando. ¿Cuándo podría pensarse en reactivación? Acopi calcula que, de tomar medidas adecuadas para estimular la economía, eso podría empezar a verse en el primer trimestre del próximo año. “Ojalá la alegría de Año Nuevo mueva a los consumidores y la gente gaste más”, dice Quintero. Ahora bien, volver a tener cifras de crecimiento positivo, es decir, por encima de cero, solo podría lograrse cuando llegue una vacuna o se supere la emergencia sanitaria, dice Juan Pablo Espinosa, jefe de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Mientras el virus siga circulando, la gente seguirá con cautela para viajar, consumir y gastar. Por eso, así como en el inicio de la pandemia el país se concentró en garantizar la salud y el abastecimiento, ahora “debemos concentrarnos en reactivación, salvamento de compañías para repotenciarlas y en reperfilar la economía del país”, dice Mac Master. Pero, si el Gobierno toma las medidas adecuadas, la reactivación llegaría el próximo año. Estas, sin embargo, deben tener consistencia y congruencia entre lo nacional y lo local, porque, de lo contrario, generarán mayor incertidumbre. Aunque falta mucho, la reapertura es un buen paso en ese camino, reconoce el presidente de la Anif, Mauricio Santamaría. Destaca que las cifras de junio, cuando la economía abrió un poco, muestran que esa decisión tuvo un impacto positivo. “Ahora que se abre más y se pueden hacer más actividades, eso, sin duda, tendrá un impacto positivo”. Lo importante es no dar marcha atrás.

Mauricio Santamaría, Presidente de la Anif.  ¿Qué se necesita para recuperar la economía? Varias decisiones de política pública, comenzando por inyectar mayores recursos a las familias vulnerables y a la economía. El Gobierno ha dicho que ha invertido casi 6 puntos del PIB en controlar los daños económicos y de salud generados por la pandemia. Pero en el proceso de recuperación podría necesitar mucho más. Ya anunció los ejes del New Deal en su programa Compromiso por Colombia, que invertirá 100 billones de pesos. Sin embargo, tendrá que agilizar esa ejecución de recursos para lograr que la economía vuelva a tomar tracción. Salvar el tejido empresarial es un imperativo en esta nueva etapa. De hecho, el Estado es el principal accionista de las compañías en Colombia, ya que recibe en impuestos cerca del 55 por ciento de sus utilidades. Por eso, a los municipios, departamentos y la Nación les conviene apoyar a las empresas. Pero también porque el sector empresarial juega un papel clave en generar empleo y oportunidades, y en construir riqueza. Aunque la reactivación podría demorarse, los pasos de los próximos meses serán definitivos para que sea sostenible y el país recupere la senda de crecimiento que necesita.