El día de hoy, jueves 30 de noviembre, 50.000 bolívares son 55 pesos colombianos. Clave mencionar que, al multiplicar el valor de un bolívar venezolano (0,0011) por 50.000, el resultado es el anterior.
Vale destacar que ante la pronunciada situación económica en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, reiteró el pasado martes la invitación a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a iniciar una “nueva era” en las relaciones entre ambos países bajo una línea de “respeto” y con el levantamiento de las sanciones económicas.
“Iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela, estamos preparados, estamos listos, lo queremos”, dijo el mandatario durante una reunión del Consejo Nacional de Economía.
“Es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, culturales y sociales de Venezuela. Poderoso consenso, nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, de respeto”, continuó.
Maduro rompió relaciones con Estados Unidos en enero de 2019, cuando Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” tras haberse proclamado en una plaza ante una multitud.
El apoyo de la Casa Blanca a Guaidó ocurrió tras considerar como “fraudulenta” la reelección de Maduro en 2018. En los últimos meses Washington y Caracas han tenido algunos acercamientos debido a intereses energéticos.
No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo en octubre pasado que Estados Unidos “no está” listo para “un cambio en las relaciones diplomáticas” con Venezuela.
Su pronunciamiento se dio después de que el gobierno de Biden anunciara un levantamiento temporal de las sanciones económicas al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, a cambio de un acuerdo alcanzado entre Maduro y la oposición sobre condiciones para las elecciones presidenciales de 2024.
Washington también dejó claro que si el gobierno de Maduro viola el acuerdo alcanzado con la oposición puede reimponer las sanciones.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó además a Maduro a definir un calendario sobre el levantamiento de las inhabilitaciones políticas de eventuales candidatos opositores antes de que culmine noviembre.
Maduro, no obstante, reiteró que Venezuela no acepta “chantajes” y clamó nuevamente por el levantamiento definitivo de sanciones.
“Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva que se levanten todas las sanciones contra su economía”, dijo.
Bonos y no salarios a los trabajadores: la fórmula de Nicolás Maduro
El 1 de mayo de 2023 el gobierno venezolano decretó el ajuste del ingreso mínimo mensual y no del salario mínimo general: aumentó el bono de alimentación (de 1,82 dólares a 40) y anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares. Así, desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales (unos 3,7 dólares en octubre de 2023), mientras la devaluación y la elevada inflación le hacen perder poder adquisitivo.
El salario mínimo sirve de base para calcular los beneficios de seguridad social de los venezolanos. Mantenerlo inalterado responde a dos circunstancias:
- La intención del gobierno de minimizar el impacto fiscal del salario, por la incidencia que cualquier ajuste tiene en las tablas salariales, en términos de: prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y demás beneficios legales de los trabajadores.
- La posibilidad de usar la estrategia de bonificación como mecanismo de diferenciación, al otorgar privilegios a unos y desproteger a otros, administrando la escasez de recursos en favor del control político en vísperas de elecciones.
Además de que el monto de los bonos es insuficiente en términos de su capacidad de compra real, su aplicación tiene carácter discriminatorio porque margina a los ya precarizados pensionados y jubilados del IVSS, y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria a través del cual se tramita la entrega de estas bonificaciones.
En todo caso, el gobierno desatiende los acuerdos de marzo de 2022, impulsados por la OIT, relativos a la fijación de salarios mínimos. Lo mismo sucede con las exigencias sindicales de ajuste de las escalas salariales, principalmente de la administración pública, quienes reciben montos cercanos al mínimo legal.
A pesar de las presiones sindicales y de las exigencias de la Comisión de la OIT asentada en el país, el gobierno insiste en seguir otorgando bonos sin carácter salarial, cuyo monto y periodicidad fija unilateralmente y sin criterios conocidos para su determinación.
*Con información de AFP