El concejal del Centro Democrático, Carlos Ríos, presentó una denuncia en contra del alcalde Daniel Quintero por supuesto pánico económico, justificada en las afirmaciones que emitió el mandatario en el marco de la discusión que se tuvo por la enajenación de las acciones que Empresas Públicas de Medellín tiene en la compañía de UNE.

La administración distrital presentó un proyecto de acuerdo a la corporación para que le diera el visto bueno a la activación de una cláusula de protección al patrimonio público con el fin de salir del negocio, proyecto que le fue negado en cuatro oportunidades. Ese escenario desató la furia de Quintero y señaló que la ciudad tendría pérdidas millonarias.

Twitter fue el medio que utilizó para criticar la posición de los concejales que no apoyaron su iniciativa. Desde su teléfono argumentó que le robaron a Medellín tres billones de pesos y responsabilizó a una de las bancadas de los saldos negativos que podría tener la ciudad. Esos mensajes son los que pasarán al tablero judicial por la presunta falta.

“Denunciamos al alcalde Daniel Quintero por pánico económico por sus afirmaciones falaces, irresponsables y mentirosas con respecto a la enajenación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en UNE”, comentó el concejal Ríos, que está enfilado en el grupo que le hace oposición a la administración de la ciudad.

El denunciante recopiló una serie de publicaciones compartidas a través de las redes sociales del mandatario que habrían tenido un alcance desfavorable para la reputación de las compañías que fueron motivo de discusión. En particular, porque los textos tendrían la capacidad y potencialidad de alterar la confianza de los clientes, usuarios e inversionistas.

A su juicio, las palabras tuvieron impacto en el bien jurídico, el orden económico y social. En el material probatorio que adjuntó se lee un trino del alcalde donde advirtió que Medellín habría sufrido un detrimento patrimonial a razón de que los recursos que se pensaban alcanzar en la transacción de acciones fueron regalados con la negación.

Citó que Daniel Quintero pudo haber desconocido varias decisiones judiciales que les pide a los funcionarios públicos tener en sus afirmaciones una carga mínima de veracidad, racionalidad, objetividad, prudencia y respeto, a razón de que fueron consideradas como falsas, presuntamente, por parte de varios miembros del Concejo de la ciudad.

“Además, en su objetivo de vender las acciones de Empresas Públicas de Medellín en UNE, realizó pronunciamientos contra varias empresas, ya sea mediante afirmaciones falsas que luego fueron desmentidas por estas compañías, o también advertencias de nacionalización, lo que afectó la confianza de los clientes”, agregó el concejal.

Tal como lo desmintieron los corporados que votaron de manera negativa el proyecto de acuerdo que generó estruendo en la ciudad, en la denuncia se reiteró que las transferencias que recibe la ciudad no se verán afectadas con el ‘no’ que entregaron diez integrantes del recinto, contrario a los argumentos que presentó el alcalde.

Otro de los puntos que será analizado fue la cifra que presentó Quintero sobre el valor que dejaría la enajenación porque solo se sabría en el momento en que se dé la venta; de momento sería solo especulación, reiteró. El alcalde puso en la colilla de pago cerca de tres billones de pesos, pero EPM aclaró en una evaluación que podrían ser 2,8 billones.

En dado caso de que la denuncia por supuesto pánico económico prospere, el mandatario podría incurrir en una pena de privación de la libertad que va desde los 35 hasta los 144 meses. También tendría que asumir una multa que ascendería hasta los 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes.