La que en los años 80 fue una de las 100 empresas más grandes del país, que llegó a contar con 872 locales, en 197 municipios (2017), pasará el capítulo de la intervención que fue ordenada en el 2005, hace 15 años, tras haber sido señalada por lavado de dinero del narcotráfico.
La Superintendencia Solidaria emitió una resolución a través de la cual ordena “levantar la medida de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios, Copservir limitada”, que mientras fue la gran cadena de farmacias La Rebaja, llegó a ser considerada como la joya de la corona del cartel de Cali y señalada por los Estados Unidos como plataforma para el lavado de activos del narcotráfico.
Se creó como una entidad sin ánimo de lucro en 1995, perteneciente al segmento de la economía solidaria. Al ser una cooperativa, le autorizaron varias líneas de negocio: consumo y comercialización; sección de crédito; producción; vivienda y servicios especiales.
La compañía fue creciendo -y lo ha seguido haciendo- a tal punto que ha llegado a compararse, en materia de ingresos, con los que tienen grandes emporios como Cerromatoso.
Pese a haber sido vinculada a una acción de extinción de dominio en el 2002, dentro de la cual se adoptaron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los activos de la mencionada cooperativa, por hallazgos producto del análisis de la documentación y pruebas recaudadas por la Fiscalía, la cadena siguió evolucionando y hoy, según expresa el superintentente solidario, Ricardo Lozano, tiene 920 locales y logró 1,1 billones de pesos de ingresos en el 2019. Esa evolución administrativa y financiera fue precisamente la que llevó a que se levantara la intervención.
Razones de la intervención
La cadena de farmacias, fundada por los hermanos Rodíguez Orejuela, empezó en un garaje. El crecimiento exponencial se fue dando poco a poco, hasta que se convirtió en blanco de la guerra entre carteles de la droga. 85 bombas en locales de Pereira, Cali, Bogotá y Medellín, entre otros, hacen parte de lo que se registra en su historia. En medio de investigaciones nacionales e internacionales, los entonces propietarios buscaron como salida jurídica la creación de una cooperativa. Los asociados en ese momento eran 4.100 trabajadores que la llamaron Copservir. Posteriormente, se estableció que el negocio seguía siendo controlado por los capos del cartel de Cali. Fue así como procedió la intervención, la cual se produjo en el 2005.
¿Qué pasó en los 15 años?
Durante los 15 años la gerencia de la cadena de farmacias La Rebaja la llevó el Gobierno. Según lo explicado por Lozano, “cada agente especial que se nombraba tenía la responsabilidad de no dejar caer el negocio e incrementarlo y hacerlo crecer. Esto ha venido ocurriendo, con altibajos como todas las empresas. En el último año se formó un equipo económico y tratamos de solventar todas la causales de intervención”.
¿Qué viene ahora?
Según el supersolidario, ahora viene un proceso complementario, que es el desmonte de la intervención, el cual debe seguir un formalismo legal, teniendo en cuenta que no hay órganos de administración a quién entregarle la compañía, pues en la intervención, la Superintendencia podía eliminar dichos órganos de administración.
Ahora, “se tiene que hacer una convocatoria de la la asamblea general para nombrar todos los órganos de dirección. A la asamblea, los trabajadores asociados en la cooperativa envían su consejo de administración y ahí se nombra al gerente, que será quien reciba la compañía”.
Extinción de dominio sigue
Alrededor de esta cooperativa había dos procesos paralelos, uno, el que se levanta, que es el de la intervención, y el otro, que es el proceso de extinción de dominio. “Ese proceso sigue”, confirmó Lozano y en el mismo, la Supersolidaria no tiene ninguna injerencia, ni ninguna decisión.
Por el momento, ya hubo una decisión de primera instancia, del juzgado que lleva el proceso, pero la cooperativa presentó recurso de apelación, por lo tanto, el trámite sigue su curso.
¿En algún momento saldrá a licitación?
En los 15 años, desde que se inició la intervención de la cooperativa, que sigue siendo de los asociados, se generaron excedentes para ellos. Pero, por otro lado, había también un usufructo de los bienes que están embargados, por cuenta del proceso de extinción de dominio. “Sobre esos bienes se pagan cánones de arrendamiento y el beneficiario es la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Eso continuará de esa manera, hasta que se tome una decisión definitiva sobre la extinción. Ahí se resolverá quien se quedará con eso, si sale a licitación, por ejemplo”.