Con la veladora encendida. Así se mantiene en los últimos meses, Jorge Andrade, desde que en su grupo de amigos se volvió frecuente conversar sobre las posibilidades de conservar o perder el empleo.
A menudo escuchan a sus jefes inmediatos hablar de las dificultades financieras que enfrenta la empresa, del sector industrial. Los costos de operación aumentaron, mientras que las ventas están fluyendo poco.
Dentro de los temores económicos que predominan entre los colombianos está el de perder el trabajo.
El país trae un entorno económico que no anima a los empresarios a invertir para generar empleo. El crecimiento de la economía en 2023 solo fue de 0,6 por ciento, con el agravante de que la inversión, que envía las señales de que la producción estará encendida, cayó en 24,8 por ciento.
El centro de pensamiento económico Anif destapó el informe trimestral del mercado laboral. Según el documento, la tasa de desempleo, que en febrero se ubicó en 11,7 por ciento, pasaría a 11,9 en el total de este año y se remontaría a 12,9 por ciento para diciembre de 2025.
Las razones de esa tendencia tienen que ver con que la desaceleración de la economía produce un efecto rezagado en el mercado laboral, que ya se vio el año pasado cuando en el segundo trimestre la producción se mostró débil, con solo una variación de 0,3 por ciento y, sin embargo, el empleo seguía manteniéndose. Los empleadores dan cierta espera antes de empezar recortes de personal cuando no ven perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Sucedió, por ejemplo, con el alza en el salario mínimo, uno de los niveles salariales predominantes en el país, que subió 16 por ciento en 2023 y 12 por ciento en 2024.
“Dado que el mercado laboral reacciona de manera rezagada al crecimiento económico, esta tendencia, según proyecciones de la Anif, influirá significativamente en el nivel de ocupados en el futuro próximo”, indicó José Ignacio López, director del centro de pensamiento económico.
En la misma línea, Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, dijo que los datos del producto interno bruto en desaceleración no son una simple estadística, sino una barrera para el desarrollo. “Se traduce en acceso reducido a servicios públicos, menos oportunidades de empleo, salarios deprimidos y mayor pobreza y desigualdad. Cuando las economías se estancan, el potencial de su gente se ve limitado. Debemos actuar con decisión para ayudar a romper ese ciclo”.
Pero en Colombia, fuera del bajo crecimiento de la economía, persisten condiciones en el mercado laboral que están exacerbando el sufrimiento con el empleo. La baja productividad no es algo que pase desapercibido para los empresarios a la hora de generar oportunidades de trabajo, y ni qué decir de la informalidad, que, en parte, está ligada al desestímulo que encuentran los jóvenes al embarcarse en proyectos académicos.
Julio Colmenares, que forma parte de ese 19,3 por ciento de jóvenes que en el trimestre diciembre-febrero estaban desempleados, se retiró de la universidad para conducir un carro y prestar el servicio de transporte urbano. Él no encuentra equivalencia entre lo que debe pagar por su formación y el retorno en el ingreso que le ofrecen en un puesto de trabajo como profesional.
Según cálculos de la Anif, el salario mediano por hora en Colombia no supera los 7.000 pesos, un valor relativamente bajo de la mano de obra en el mercado laboral.
La situación, en parte, tiene que ver con el hecho de que no encaja lo que están demandando las compañías con la preparación que tienen los que ofrecen su fuerza de trabajo. No en vano, cuando un joven se prepara en las competencias que está requiriendo el mundo –bilingüismo, programación en sistemas, entre otras–, amplía su horizonte de contratación.
“Hay casos de jóvenes que se han ido a ciudades de su elección, porque pueden ser contratados para teletrabajo en Singapur, con salarios de 7.000 dólares al mes, algo con lo que no puede competir una empresa local”, agregó López.
Así como hay unos que dieron en el blanco, hay otros, como el caso de Julio Colmenares, que no encuentran salida y son la generalidad. En las cuentas del Ministerio de Educación se registra que cinco de cada diez estudiantes que ingresan a la educación superior se retiran y no concluyen sus estudios. Y en las carreras técnicas la cifra de deserción aumenta.Incrementar la productividad, tanto para el empleador como para el empleado, aparte de combatir la informalidad, sería el ideal, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
Inclusive, además de generar un círculo virtuoso para la economía, pues ciudadanos con ingresos gastan y motivan a las compañías a incrementar la producción, serviría también para promover la permanencia de los jóvenes en las regiones distintas a las grandes ciudades, porque las diferencias salariales de un lugar a otro dentro del territorio nacional son abismales.
El informe de la Anif plantea que un trabajador promedio de la región Caribe tendría que trabajar 276 horas para obtener un salario mínimo al mes, mientras que en Bogotá ese número es de 154 horas.
¿Qué hace el Gobierno?
Mientras tanto, el Gobierno tramita una reforma laboral que ha sido criticada, porque no le apunta a combatir el desempleo y la informalidad.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostiene que esos fenómenos se enfrentan con crecimiento económico. Es más, la propuesta legislativa, en medio de la incertidumbre de lo que pueda suceder con ella en el Congreso de la República, podría impulsar el freno en la generación de empleo. Según López, “sería un golpe adicional a la dinámica de empleo”.
Entretanto, la directora de Empleo del Ministerio, Mónica Naranjo, manifestó que se están aplicando políticas públicas que, a su juicio, han dado resultado. “Logramos sostener la tasa de desempleo en un dígito durante siete meses en 2023. Aunque ha subido por encima del 10 por ciento, sigue siendo más baja de lo que era en periodos anteriores. Además, tenemos recuperación en zonas en las que se ha hecho intervención, como La Guajira, que históricamente han sido golpeadas por la desocupación”.
Algo que preocupa es que en Colombia parece requerirse incentivo para todo y, en el caso del empleo, esa condición podría explicar la alta inestabilidad de un empleado en un puesto de trabajo. Naranjo explicó que se retomó la estrategia de incentivo al empleo y la formalización laboral, política que irá hasta 2026, con algunas novedades, como la obligatoriedad de que el empleador mantenga al trabajador al menos durante seis meses y se le dé prioridad a aquellos que llevan más de cuatro meses buscando una oportunidad. Con ello, ocho ramas de la economía crearon empleos, aunque no fueron las que habitualmente son más intensivas en contratación de personal.
Naranjo se mostró optimista con las cifras: “En el Plan de Desarrollo, la meta trazada es generar 1.700.000 empleos, y de septiembre de 2022 a febrero de 2024 van 1.200.000, el 75 por ciento de los cuales son formales”.
El incentivo a la generación de empleo para 2024 tiene previstas inversiones por 419.000 millones de pesos y, aunque el programa es para todo tipo de empresas, no hay que olvidar que en la agenda del Gobierno tiene mayor relevancia el impulso a la economía popular y el territorio, confirmó Naranjo.
En ese sentido, López, de la Anif, señaló que lo clave es que la política de empleo también sea articulada con grandes empresas, pues se requiere un crecimiento amplio y urgente de puestos de trabajo. “Bienvenida la economía popular, pero sabemos que son negocios de poco tamaño. Así, va a ser difícil reactivar la empleabilidad”, sentenció.