Contrabando, adulteración y falsificación. Esas nefastas condiciones que rodean el comercio ilegal en Colombia se incrementaron con la pandemia, según salió a relucir este viernes, luego del lanzamiento del estudio sobre ‘Caracterización del comercio ilegal de productos de consumo masivo en Colombia’, liderado por la ANDI.
Estos fenómenos no solo ponen en riesgo la competitividad de las empresas, que son las que generan empleo y se ven afectadas por los bajos precios que pueden dar al consumidor los productos adulterados o que no pagan impuesto. Lo verdaderamente grave es el peligro para la salud y la vida de los ciudadanos que acceden a estos productos ilegales.
Las cifras son espeluznantes. Según puso en el debate el director de la DIAN, José Andrés Romero, el mercado ilegal es mucho más amplio que el contrabando. Esto, sin desconocer que ese flagelo es un problema mayúsculo, pues el 50 % del dinero del narcotráfico es lavado a través del contrabando.
Pero en el caso del comercio que se mueve a oscuras, sin dejarse ver en la luz en la que está lo que se hace dentro de la formalidad, el efecto puede ser igualmente devastador. Para la muestra, Romero puso el caso del mercado ilegal de licores, dentro del cual, el 54 % está relacionado con adulteración, lo que puede llevar al consumidor a la muerte, o a tener secuelas imborrables. La mayor parte de ese mercado subterráneo pasa por encima de las normas del Invima o del ICA, mientras que el contrabando de licores representa el 15 %.
En las estadísticas presentadas por el director de la DIAN salió a relucir que, entre agosto de 2018 y septiembre de 2020, la entidad ha recibido 1.573 denuncias que involucran recursos por 593.000 millones de pesos. Las sentencias condenatorias, pese a que ya han sido probados los hechos de contrabando, solo llegan al 14 %, por lo que el funcionario indicó que la justicia podría mejorar mucho, toda vez que en la medida en que haya mayor eficacia en el castigo, el delito se reducirá aún más.
El caso del zar de los zapatos
De acuerdo con lo expresado por Romero, el caso del llamado ‘zar de los zapatos’ es prueba de la necesidad de aumentar la efectividad de la justicia. Según anotó el funcionario, en 2019 se llevó a cabo la aprehensión del contrabando propiciado por el mencionado zar. Una vez formalizado el decomiso de la mercancía y haber dado paso a la captura del implicado, fue dejado en libertad sin ningún tipo de medida de aseguramiento, ni siquiera con aplicación de casa por cárcel. “El juez que lo liberó le dijo que se presentara en un mes, luego del cual la autoridad judicial estableció que no era necesario que se presentara. El argumento fue que los aeropuertos estaban cerrados y, por lo tanto, no podía volar a China”.
La gran conclusión en este sentido es que el contrabando se tiene como un delito con dimensiones menores a las que realmente tiene.
Falsificación, algo muy grave
Entre tanto, el estudio de la ANDI, presentado por Daniel Rico, mostró el enlace que hay entre la adulteración y el contrabando, pues gran parte de los insumos que entran por contrabando son para adulterar.
La investigación se enfocó en 7 sectores: medicamentos, alimentos, bebidas alcohólicas, agroquímicos, productos para uso personal, suplementos dietarios y artículos para el hogar.
La afectación para las marcas es total. Y, a diferencia de las cifras presentadas por la DIAN, en estos casos la situación de la justicia es diferente: el 81 % de las capturas termina en condenas, lo que llevó al director de la DIAN a establecer que, al menos, las cifras entregadas por la ANDI envían un mensaje de que “sí se puede” impactar la ilegalidad.