La polémica por la integración entre Avianca y Viva Air sigue. Esta vez, por cuenta del “error” que halló la Procuraduría General de la Nación en la resolución que dio vía libre al proceso de integración de las aerolíneas.
El pasado 30 de marzo, la procuradora 119 ante lo contencioso-administrativo, Fernanda García Flórez, le envió un extenso documento a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en el que le solicitó a la entidad que analizara la “intervención de terceros” en el proceso que dio paso a la Resolución 00518 del 21 de marzo de 2023, con la que se aprobó la integración.
De acuerdo con García, en este caso, se aplicó una ley incorrecta que permitió la intervención y recursos de otras aerolíneas, pese a que, si se hubiera implementado la ley “correcta”, solo les hubiera permitido aportar información, nada más.
Esto quiere decir que, el estudio de los argumentos previos a la expedición de la resolución, se hizo bajo la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, pero debía hacerse en conformidad con la Ley 1340 de 2009, diseñada para este tipo de casos.
“De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho esbozados, solicito a la U.A.E.A.C. (Aerocivil) a través de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Comerciales, que revoque la Resolución No. 00518 de 21 de marzo de 2023, por la cual se decide la aprobación de una solicitud empresarial”, se lee en la primera petición de la procuradora a la entidad.
Aerolíneas como JetSmart, Latam, Wingo y Aerolíneas Argentinas estuvieron de forma activa en el proceso. Ante esto, la procuradora García pidió que ajuste la decisión teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340, que limita la participación de terceros.
La segunda petición de la funcionaria fue que “se disponga a adecuar y gestionar la actuación administrativa a través de la cual se adelantó el trámite de integración empresarial entre las sociedades Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, Fast Colombia S.A.S. y Viva Airlines Perú S.A.C. en calidad de empresas intervinientes, bajo las reglas de la Ley 1340″.
De hecho, este “error” lo había evidenciado la Aerocivil el pasado 18 de enero y por ello anunció que “(...) mediante resolución 00079 de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica de esta Entidad, se ordenó rehacer la actuación administrativa y establecer como procedimiento para este tipo de solicitudes, el consagrado en la ley 1340 de 2009 y normas concordantes al tenor de las reglas de protección al consumidor”.
Por ello, declaró la “existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la presente actuación administrativa, que conlleva a tomar la medida correctiva en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, consistente en dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la comunicación (...) lo que obliga a la devolución del expediente a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, para que rehaga la actuación administrativa”.
Sin embargo, esto no fue todo. Para la procuradora Fernanda García, durante el proceso se habría presentado “una vulneración al debido proceso”, pese a las alertas de enmendar el “error”.
“Con el procedimiento administrativo adelantado, se evidencia una posible vulneración al derecho del debido proceso, siendo la garantía que debe acompañar aquellos actos o actuaciones del Estado y que además se encuentra consagrado en el artículo 29 de la carta política”, dice el documento.
Todo esto quiere decir que la Procuraduría no se está oponiendo al proceso de integración entre Avianca y Viva Air, sino que advierte del “error” de forma que ocurrió con terceros y pide acciones correctivas.