SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy del tema de Tigo-UNE?, ¿en qué estamos?
JORGE CARRILLO (J. C.): Un poco de historia para comprender. Tigo-UNE es producto de una fusión entre una compañía que era de EPM y otra que era de Millicom, en el año 2014. Ahí quedamos, más o menos nosotros 50 % más una acción y ellos el resto. Nosotros tenemos mayoría accionaria, pero en ese momento, entendiendo que no era un negocio core de EPM y que básicamente se buscaba una alianza con alguien que conociera la industria, se les cedió el control con el pago de una prima a Millicom.
SEMANA: ¿Eso qué quiere decir?
J. C.: Que ellos tienen mayoría simple en la asamblea, tienen mayoría en la junta, y al tener mayoría en la junta, designan al administrador. Ellos son quienes consolidan financieramente los resultados de UNE.
Y en ese momento, 2014, lo que se pretendía era básicamente dejar de perder plata y esa fusión logró contener esa tendencia de pérdidas que tenía EPM en ese momento. Desde ahí, más o menos, se registró contablemente nuestra participación en UNE en cerca de $ 2,3 billones. Eso es lo que nos aparecía a nosotros en estados financieros desde ese momento y hasta el año pasado. Y básicamente lo que uno viene observando es que, desde esa fusión, más allá de los pagos producto de la transacción, después de eso nunca hubo pago de dividendos.
¿Eso qué quiere decir? Que es una inversión para EPM de 2,3 billones que no le genera rentabilidad. Esa, en resumen, es la situación.
SEMANA: ¿Y los resultados recientes?
J. C.: Adicionalmente, en los últimos dos años, UNE ha registrado utilidades negativas, o sea, pérdidas. Y digamos que ese panorama se veía complejo hacia el futuro y no se veía ningún tipo de tendencia.
SEMANA: ¿Esas utilidades negativas fueron de cuánto cada año?
J. C.: Hace dos años, cerca de 200.000 millones; y el año pasado, cerca de 450.000 millones. Desde el año 2014, en el acuerdo de accionistas se firmó una condición que se denomina protección del patrimonio público, que tenía básicamente una concepción que era la siguiente: hagamos de cuenta que esto de pronto no funciona. Y EPM quiere tener una cláusula de salida por una vigencia de 10 años. Eso se materializa en agosto del 24. ¿Qué quiere decir eso? Que en vigencia de esa cláusula nosotros podíamos ofertarle a Millicom nuestra participación. Y si ellos no nos compraban o nos ofrecían un valor menor al del mercado, nosotros podíamos vender la totalidad de la empresa, incluyendo la participación de Millicom. Y después repartíamos en proporción.
SEMANA: ¿Qué se necesita para hacer eso?
J. C.: Para poder hacer eso, se requiere, por nuestra naturaleza de empresa ciento por ciento pública y propiedad del Distrito de Medellín, tener una autorización del Concejo. Ese tema, por razones netamente políticas, fue negado en cuatro oportunidades en el Concejo Distrital, arrancando en el 2021 y hasta octubre del 2022. ¿Por qué paramos ahí? Porque desde esa fecha ya los tiempos no daban para hacer todo el mecanismo de ley. Entonces, por la decisión que tomó el Concejo de Medellín, básicamente EPM perdió la posibilidad de usar esa cláusula.
SEMANA: ¿Qué expectativa tenían con esa operación?
J. C.: Básicamente parados en los años 2021-2022, nosotros teníamos la expectativa de recibir, y eso está valorado por una banca independiente, no es un ejercicio interno de EPM, entre un rango de 2,5 y 2,8 billones de pesos por el 50 % más una acción de nuestra participación.
Eso era el año pasado. Y hoy, nos están llevando a perder la mayoría sin recibir un solo peso.
Hoy se pretende que nos diluyamos. ¿Eso qué quiere decir? Que recibimos cero pesos y llegamos a una mínima participación que calculamos en el 2 % después de tener el 50 %. Para enmarcar que, si nos hubieran dejado implementar nuestra estrategia, tendríamos cerca de 2,5 billones y, al no dejarnos, nos dejaron en esta situación de riesgo de perderlo todo sin recibir un peso.
SEMANA: ¿Qué responsabilidad le cabe al Concejo de Medellín no haber tomado esa decisión?
J. C.: Para mí, toda. Yo tengo todos los soportes, grabaciones, actas, donde nosotros fuimos explícitos en que esto que está pasando podría pasar. Esto no era un riesgo inadvertido. Nosotros cuando socializamos el proyecto de acuerdo en el Concejo, contamos del riesgo de la industria, del riesgo de capitalización, del riesgo de dilución, de la posibilidad de perder valor y todo, todo se ha venido materializando como tal. Incluso pareciera que esto hubiera sido planeado.
SEMANA: ¿Cómo les pega a los resultados financieros del grupo EPM los resultados que ha tenido Tigo-UNE en los dos últimos años?
J. C.: Al nosotros no ser controlantes, no consolidamos los resultados como tal. Dicho de otra manera, esa pérdida que tiene UNE no se refleja inmediatamente en los estados financieros de EPM matriz. Pero pasó una cosa en el cierre del 2022: y es que cuando se advierte que no es posible hacer la venta, nuestros auditores, que son independientes, nos piden que hagamos una nueva valoración de la empresa, de nuestra participación, bajo la metodología de una proyección y tener el valor presente.
Y en ese momento, teniendo como base las proyecciones que nos entregó UNE, que fueron validadas por nosotros, se registró un deterioro de 1 billón 44 mil millones de pesos. ¿Cómo se entiende eso? Contablemente, estaba registrado en 2,3 billones y, al hacer la metodología que hace el equipo nuestro y auditada, básicamente se da que esa misma participación ya no vale 2,3 sino vale 1,3 billones.
SEMANA: ¿Y en esa situación qué pasa?
J. C.: Eso es un deterioro. Cuando pasa esa situación, una empresa como EPM tiene que registrar como gasto el mismo valor. Eso quiere decir que a toda la utilidad le resta 1 billón 44 mil. Eso ya lo asumió EPM. Pero lo más triste de todo es que el Distrito de Medellín, bajo el plan de gobierno y aprobado por el Concejo, tiene derecho al 55 % de las utilidades como transferencia al dueño.
Es decir, por cada billón de pesos de utilidad de EPM, 550.000 millones iban para el Distrito. Y al disminuirse en ese mismo valor, en 1 billón 44 mil, digamos que los resultados de UNE ocasionaron que le giráramos como producto del cierre del año pasado, 550.000 millones de pesos menos, que por supuesto al Distrito de Medellín lo desfinancian para ejecutar todos los programas sociales y su plan de gobierno. Otro tema que también pareciera calculado.
La situación era apremiante y con proyectos que cambiaban en el rumbo de la compañía; uno de ellos es la fusión de la red móvil y empiezan a mejorarse las proyecciones, que si lo hubieran hecho y nos hubieran informado oportunamente, pues básicamente no hubiera habido que registrar el deterioro que se nos hizo registrar.
Pero entonces empiezan a darse señales de iliquidez por parte de UNE, iliquidez como que la plata en caja, no en términos contables, es insuficiente para pagar todas sus obligaciones. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que se venían registrando utilidades negativas, y esa tendencia también empezó y se ha mantenido durante el 2023, pues básicamente cuando tiene una utilidad negativa se está consumiendo el patrimonio. Y hacia finales de este año ya hay proyecciones de patrimonio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los pasivos son superiores a los activos. Y el entrar en esa condición más algunos temas de tres años seguidos con resultado negativo, básicamente se pone en duda la hipótesis de negocio en marcha.
Y si está en duda como negocio en marcha, empiezan a explorarse los mecanismos de disolución o liquidación de la sociedad. Con base en esa situación, es que se nos convoca a capitalizar. Los temas de liquidez los puede resolver con deuda. El tema de patrimonio negativo no se puede resolver con deuda, porque básicamente se agranda el pasivo. Entonces la única forma de resolver el patrimonio negativo es generando utilidades positivas que no se ven en el corto plazo ni en el mediano, o vía capitalización.
Con esos elementos se nos convoca a explorar una capitalización que tenía ese propósito. Se pudo acotar unos montos que rondaban alrededor de 300.000 millones de pesos. De los cuales cada socio, EPM y Millicom, aportaría cada uno cerca de la mitad, 150.000 millones cada uno. Esa decisión, si bien a nosotros no nos gustaba, porque —repito— esta es una inversión que no le genera dividendos a EPM, y además en las incertidumbres del plan de negocios no nos permiten garantizar la recuperación de esa inversión o, incluso, la no pérdida de esa inversión, pues básicamente se hacía bajo una óptica de darle continuidad al negocio mientras se materializaban los proyectos que había planteado la administración de manera reciente.
Aquí es muy importante tener en cuenta para todo este relato nuestra naturaleza pública. El hecho de que sea pública agrega un ingrediente muy importante y es que pues, por supuesto, para generar una inversión, tengo que hacerlo soportado en un plan de negocios que evidentemente muestre que no estoy poniendo en riesgo recursos públicos. Porque más allá de las responsabilidades fiscales que nos quedan a los administradores, creo que es un deber moral hacer todo lo posible por proteger el patrimonio de los ciudadanos.
Nosotros pedimos que se nos diera una devolución preferente que estaba acordada, pues estábamos mitigando ese riesgo, y más o menos en esa tónica estábamos. Sin embargo, coyunturalmente, digamos que la coincidencia no deja de ser llamativa. Pero frente a la obligación de renovación del espectro que tenía UNE, tenía que constituir unas garantías y esas garantías sumaban cerca de 200 millones de dólares. Y uno de los agentes que ofreció una garantía por la mayor proporción cerca de 140 millones de dólares, básicamente la retiró aduciendo que, incluso si se capitalizara todo el plan de negocios que se le había presentado, estaba basado en proyectos que requerían autorizaciones de terceros y no había certidumbre de su materialización.
SEMANA: ¿Qué significa que la empresa no cuente con garantías?
J. C.: Básicamente no puede usar el espectro y bajo ese espectro está el 35 % de su mercado, de su volumen de telefonía móvil y los servicios asociados. Entonces todo migra a resolver tres temas, no solamente el de liquidez, no solamente el tema de patrimonio, sino también resolver cómo se dan señales para que cualquier agente financiero de seguros emita una garantía; y ahí migramos a que para poderlo hacer tendríamos que aumentar el nivel de capitalización de 300.000 que ya estábamos con los términos básicamente cortados, a 600.000.
Eso pretendía generar unas contragarantías al interior de UNE con ese delta para facilitar la expedición de la garantía por uno de los agentes. Entenderá que si ya teníamos reservas y temores por invertir 150.000, pues al tener que hacer una inversión en 300.000 sin que hayan cambiado los supuestos y sin la solidez que hubiéramos querido, por supuesto nos generaba grandes dudas. Y adicionalmente empieza a ocurrir en un momento donde hay una coyuntura del sector energético que ya también a una empresa o a un grupo empresarial como EPM le toca pensar en dónde reserva sus recursos: si para los negocios core o para una inversión no controlada que básicamente no le ha generado dividendos y cuya perspectiva no es la mejor.
SEMANA: ¿Se refiere al tema de distribución de energía?
J. C.: Sí, al tema de distribución de energía. Ustedes son conscientes de que todas las empresas, y nosotros no somos ajenos a eso, hemos manifestado una dificultad que está asociada también a la liquidez. Entonces aquí es como si se hubiera juntado el hambre con las ganas de comer.
Nosotros decimos que no somos capaces de llegar a eso y Milicom en respuesta a ese pronunciamiento en conversaciones dice: “Listo, yo pongo toda la plata, yo sí soy capaz”. Nosotros lo habíamos invitado a que pusiera la contragarantía sola, o sea, alternativa a la liquidez, confía(r) en el negocio que él controla, que es su industria y fuera de eso estamos hablando que tiene los recursos, pues nosotros no entendíamos un poco la lógica de por qué no hacer el esfuerzo desde allá que tiene el poder de controlar el futuro de la compañía. Nosotros, al contrario, no. Hubo una negativa, pero ellos ahora sí expresan de manera formal que pueden llevar toda la capitalización a cabo.
SEMANA: ¿Qué pasa cuando hay dos socios y uno decide capitalizar y el otro no?
J. C.: Cuando uno decide capitalizar y el otro no existe la necesidad de diluirse. Nosotros si bien no quisiéramos, pues tampoco es del todo malo, porque entre invertir recursos con un riesgo alto de no recuperarse y perder una participación, pareciera racional perder una participación, o sea diluirse.
SEMANA: ¿Dónde está la dificultad mayor?
J. C.: Esa nueva capitalización qué tanto me va a diluir y si es a valor de mercado o del patrimonio que nosotros creemos que se tienen activos, pues si es un valor de mercado, uno tiene que aceptar esas lógicas y correrse en la medida de eso.
Sin embargo, para nosotros existían dos inconvenientes ahí: el primero, que el acuerdo que autoriza la fusión también condicionaba que la empresa tendría que permanecer siendo mayoritariamente pública. ¿Cómo se logra eso? Con el 50 % más una acción. Entonces para no violar ese acuerdo, en el caso de una dilución, necesariamente hay que ir al Concejo para derogar el artículo de ese acuerdo.
Por eso es que se habla tanto de que la necesidad de ir al Concejo. Une y Millicom no comparten esa posición, nosotros estamos seguros de que debe ser así, pero adicionalmente a eso hemos planteado que un tema así de grueso del patrimonio de EPM y de los medellinenses, pues debiera hacerse de frente, involucrando un escenario que es político, pero que representa a la asamblea de accionistas de una empresa como nosotros. Pero hemos visto resistencia en agotar ese trámite como tal. Nosotros estamos convencidos de que el acuerdo nos obliga y adicionalmente queremos hacerlo de frente a la ciudadanía, ese es el primer inconveniente.
Y el segundo inconveniente es el valor al cual se pretenda emitir unas acciones, y el valor es muy relevante, porque eso nos genera un rango que va desde que EPM pase del 50 a cerca del 40 % o pase del 50 acerca del 2 %, es decir, nada. Y en ese valor es donde tenemos diferencias importantes porque digamos que uno de pronto documenta situaciones de lo que se denomina “tomas hostiles”. Básicamente aquí están aplicando ese manual al pie de la letra, es una toma hostil hacerse a la mayoría y control de la totalidad de las acciones de una empresa al precio más conveniente para quien las quiera comprar, que se vuelve irresistible para los demás accionistas.
Producto de estas situaciones que preocupaban por supuesto a los accionistas, EPM tomó la decisión de informar a las autoridades del Gobierno nacional que tienen relación con las actividades propias de UNE, diciéndoles que estamos en esta discusión para que acompañen el proceso y faciliten los temas desde la regulación para que aquí aseguremos la continuidad del negocio, pero también la protección del patrimonio público de EPM. Por supuesto que el tema es complejo porque hay muchos usuarios, muchos empleos y muchos recursos públicos en juego.
Nos reunimos el lunes de esta semana que eso fue de conocimiento público y el Gobierno y sus autoridades básicamente nos dicen: “Por supuesto que los acompañamos y el 9 de octubre ustedes nos tienen que mostrar cómo pueden resolver el tema desde los accionistas o desde la administración o si no lo pudieron resolver, y ya el Gobierno mirará que medidas de control tomará”.
Lo que pasa entre el lunes y jueves es que había convocado una asamblea extraordinaria para la suscripción de acciones en el marco de la dilución. Un poco el malestar nuestro es que para nosotros, interpretando los estatutos, básicamente para esas decisiones se requiere mayoría especial y esa mayoría especial es que sí o sí tienen que contar con el voto favorable de EPM. Y la interpretación de Millicom es que esa decisión se puede tomar como mayoría simple. Y digamos que la ejercieron y, a pesar de nuestro voto negativo, instruyen a la Junta para que estructure el reglamento de emisión y de suscripción de acciones, y en esa asamblea ya nos dan elementos que nos permiten interpretar que nos quieren diluir hasta el 2 % básicamente a 0 pesos con una capitalización de 600.000 millones de pesos
SEMANA: Es decir que una compañía que hace un año o dos valía un poco más de dos billones de pesos, que ha perdido valor a un billón, ahora van a terminar por 150 millones de dólares…
J. C.: Exactamente. Eso tiene elementos políticos que ya les comenté, elementos de gestión. Yo creo que vale la pena preguntarse: “Oiga, si esa tesis es cierta, la que expresa Milicom y UNE, yo creo que es válido cuestionar por qué una empresa pierde el valor a esa velocidad”, y recordar que no la administramos nosotros, no la controlamos. Y lo tercero es que, si lo van a hacer, por lo menos tengamos legitimidad en la forma como se toman las decisiones. Uno se somete a las reglas de juego y en eso uno puede ganar o perder, así le convenga o no le convenga.
Lo que pasa es que nosotros lo que observamos acá es que no están respetando las reglas de juego, bajo nuestra interpretación, y eso por supuesto nos molesta y genera que redoblemos los esfuerzos que ya traíamos para efectos de proteger el patrimonio —del patrimonio público, en últimas—, y básicamente estamos estudiando temas simplemente para garantizar la continuidad de UNE, pero sin que se esté regalando la participación de EPM o se estén permitiendo unas estrategias que no compartimos y que en nuestro concepto no cumplen con lo que dictaminan los estatutos.
(Eso) se está haciendo y, fuera de eso, de espaldas a la ciudadanía. Es básicamente como el momento en el que estamos.
SEMANA: ¿Qué salidas puede haber en esta coyuntura de aquí al 9 de octubre?
J. C.: Una primera salida es que a nosotros se nos diga de frente: “Sí, ya que ustedes no van a capitalizar, nosotros ponemos la plata”, pero hagamos la valoración de las acciones al valor real en cuyo caso nosotros las validaríamos y no tendríamos problemas en disminuir la participación. No queremos perder nada pero tampoco pretendemos que nos regalen nada, pero al valor real de las acciones, cosa que en nuestro concepto hoy no está ocurriendo.
SEMANA: ¿Hoy cuánto valen las acciones?
J. C.: Cerca de finales de mayo cuando nos presentaron a una asamblea la posibilidad de capitalizar, en ese momento se estaba hablando de que cada acción tenía un costo cercano a medio millón de pesos y hoy el valor pretendido no es más de 5.000 pesos por acción. Por eso es que estamos tan incómodos.
Con la situación obviamente esos eran referentes, porque esos valores no se han aprobado. ¿Y por qué no se han aprobado? Porque eso es básicamente lo que le corresponde hacer a la Junta, que es estructurar y crear un reglamento y en ese reglamento por supuesto que tienen que definir un valor de las acciones. Esa decisión en Junta se pretendía tomar ayer enseguida de la asamblea y básicamente lo que algunos miembros de Junta manifestaron es (que) no, no (se) va a pretender que la transacción de este nivel se haga sin el mínimo estudio, análisis y verificando consecuencias.
Entendemos que la situación de Junta es urgente, comos conscientes de eso. Pero de ahí a que el afán lleve a precipitar decisiones sin el análisis suficiente y sin respetar quién es el facultado para crear este reglamento y la misión, pues sí estamos en desacuerdo, y eso es un poco la polémica que hay hoy en día. Y si no se llega a materializar un capital, por supuesto que de parte de cualquiera de los dos sigue vigente un proceso de reorganización; que no es igual a que no se pueda continuar con el negocio en marcha bajo una figura ya asistida por el Estado y cubierta por el Estado. Eso no es lo deseable, pero hace parte de las iniciativas.
Eso es como el resumen de la situación. ¿Y nosotros qué quisiéramos? Básicamente información veraz, valoración real y decisiones respetando los estatutos y los reglamentos de cada órgano de administración.
SEMANA: ¿Cómo se garantiza la prestación del servicio?
J. C.: En este momento no es que haya un riesgo de que no se pueda prestar el servicio. Hay dificultades para el pago oportuno de algunos proveedores y para cumplir los compromisos del espectro. Obviamente hay unas estrategias que están en cabeza de la administración, como buscar créditos, discusiones que nos cuentan que llevan avanzadas, y por supuesto el tema de capitalización para poder resolver el tema de patrimonio negativo; y pues eso también permitiría unas inversiones en infraestructura, en algunas cosas que mantengan un servicio con calidad para todos los usuarios, pero eso es un tema que está en cabeza de la administración de UNE.
Hoy, en el marco de esta entrevista estoy hablando desde el rol de un inversionista que tiene una participación del 50 % más una acción en una empresa, pero en lo que me corresponde ahorita es ver cómo le doy el mejor uso a unos recursos públicos que están allá y otros que se pretenden vía capitalización. Ese es el rol que yo tengo en este momento.
SEMANA: ¿La reorganización es un camino viable y un camino útil?
J. C.: No es lo ideal, pero sí quiero despejar cierto fantasma: es que no necesariamente la reorganización es sinónimo de que Tigo va a dejar de operar o que UNE va a dejar de operar. Precisamente, en una reorganización lo que (se) pretende es hacer todos los ajustes, sobre todo con acreedores para poder garantizar la continuidad de un negocio. Desde esa óptica es viable. Que sea deseable es un plan que debe activarse solamente si no puede llevarse a cabo la posibilidad de capitalizar con las reglas que dije anteriormente.
Un poco lo que nosotros vemos es que el panorama para Millicom y cómo lo ven pues genera una expectativa positiva, para nosotros se mantienen los escenarios de riesgo y la invitación es: bueno, invierta usted, siga capitalizando, pero si nos va a correr, córranos al valor justo y real. Y en ese sentido, yo creo que nosotros no tendríamos resistencia.
Lo resumo: el valor real, cumplimiento de las normas y de cara a la ciudadanía pasando por los órganos de control político que hace la asamblea de accionistas de EPM.