De nuevo suenan campanas de reforma tributaria en Colombia. El presidente Gustavo Petro lanzó la propuesta de llevar al Congreso de la República otro proyecto de ley, esta vez para aliviar la carga de impuestos a las empresas y subir la de personas naturales que son consideradas en el país como ricas. Esto, en una economía que tuvo una fuerte desaceleración en 2023, con una visible disminución de la inversión privada y con un aumento de 12 por ciento del salario mínimo, lo que sugiere que el presente año sería similar, con precario crecimiento de la producción.
Para el Estado, es urgente la reactivación económica y la búsqueda de nuevos recursos. El ingreso previsto para 2024, año en el que se juega un presupuesto de 502 billones de pesos, no está asegurado del todo, tanto por el freno económico que podría resentir el recaudo de impuestos como por la caída de importantes fuentes financieras de lo público. Es el caso del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible algunos puntos de la primera reforma tributaria de Petro, en especial el de la deducibilidad de las regalías, lo cual puede generar un hueco gigantesco de unos 7 billones de pesos.
Esa posible caída en los ingresos públicos se junta con nuevas necesidades con las que no se contaba, como las abultadas cifras de la salud que, según ha mencionado el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo, se necesitarían para conjurar el déficit y financiar las modificaciones al sistema, por lo cual planteó una “tributaria para la salud”. Pero si la propuesta general de una tributaria desató la controversia, la de hacerla para la salud desbordó los ánimos. Incluso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, alzó su voz: “La reforma tributaria es solo para ajustar el impuesto de renta corporativo, no es para aumentar ingresos… Dejémoslo a él que divague”, dijo.
Puja jurídica
Aun así, no hay que perder de vista que el Gobierno está en campaña jurídica para recuperar plata de su primera tributaria. Por la pérdida de los 7 billones de la deducibilidad de las regalías, el Ministerio de Hacienda presentó un incidente de impacto fiscal con el cual busca que se module la decisión de la Corte, es decir, que se aplique bajo unas u otras condiciones, o que se difiera su aplicación en el tiempo, según explica Mauricio Piñeros, socio de la firma Gómez-Pinzón.
Ana María Zamora, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Minería, uno de los sectores impactados por este punto de la reforma tributaria, dice que el incidente de impacto fiscal es un trámite judicial extraordinario que en nada afecta el alcance de la cosa juzgada. “Posiblemente, lo que la Corte tendrá que hacer es ver si existe alguna posibilidad de aplicar de manera diferente el fallo”.
Y ese no fue el único movimiento gubernamental para intentar salvar los recursos tumbados por el fallo. A finales del año pasado, el Ministerio de Minas y Energía presentó una solicitud de nulidad de la sentencia, alegando que cambió radicalmente la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre la materia, “por existir una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva que hace ininteligible la decisión adoptada, porque se eludió el abordaje de un asunto de relevancia constitucional y por el grave e injustificado desconocimiento del precedente constitucional”, dice la petición.
Polémica, de ataque
Desde la trinchera del presidente Gustavo Petro, la tributaria sería para bajar el impuesto de renta a las empresas, de manera que se les libere su carga y se puedan fortalecer para competir y ser más productivas, según destacó el mandatario.
Una anterior reforma tributaria, apoyada por los empresarios, incrementó de manera progresiva la tasa de tributación de las firmas hasta llegar al 35 por ciento en este año. Aunque era temporal para financiar las necesidades de recursos tras la pandemia, en la primera reforma tributaria de este Gobierno quedó permanente.
El ministro Bonilla ha señalado que para la reactivación económica es importante reformar ese artículo (el que dejó fijo el 35 por ciento), “y el único que lo pueda aprobar es el Congreso. Entonces, estamos pensando en algo muy básico que tiene que ver con este tema. Cualquier otra discusión está fuera de lugar”. Aunque es común que una reforma tributaria desate fuertes polémicas, en esta ocasión, con una apretada agenda legislativa en la que hay al menos tres reformas de grueso calibre en capilla, más un ambiente político caldeado en medio de un debilitamiento de la coalición de Gobierno, son muchos los que se muestran en desacuerdo.
El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry aseguró que una nueva tributaria que baje la tasa impositiva de las empresas del 35 al 30 por ciento reduciría el recaudo en al menos 10 billones de pesos, “buscan compensarlo con más impuestos a los profesionales y trabajadores del país. ¿A quién se le ocurre que un país que está pagando dos reformas tributarias consecutivas, aprobadas en 2021 y 2022, lo que necesita para reactivarse es otra tributaria?”, cuestionó.
Óscar Darío Pérez, integrante de las comisiones económicas del Congreso, recuerda que el incremento de la tasa de renta de las empresas se hizo en época de crisis, era temporal y fue una decisión por consenso. Luego, vino la primera reforma del Gobierno Petro, que, a juicio del parlamentario, “afectó gravosamente la inversión”. No solo dejó permanente el incremento del impuesto a las empresas, sino que subió la carga en algunos sectores, como la industria extractiva y la banca. “Ahora quieren bajar la tarifa y sería necesario, si queremos inversión, porque el sector privado es el que genera riqueza. Pero sabemos que el Gobierno dice una cosa y hace otra. No veo un ambiente favorable para una reforma tributaria, pero si se hace, que sea para corregir errores cometidos en la pasada ley”, sostuvo Pérez.
Acertada, pero....
En ese sentido, José Ignacio López, presidente de Anif, considera que es acertada la propuesta que está haciendo el Gobierno, así como la idea de buscar un consenso. No obstante, este no sería el momento propicio. “Es deseable ir haciendo el país más competitivo en materia tributaria, reduciendo las tasas de renta corporativa, pero se ve muy difícil tener ese tipo de discusión en un año retador, con cuentas fiscales bien apretadas”.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, también puso el foco en esa debilidad fiscal. “Tanto las propuestas y las discusiones sobre nuevas reformas tributarias, como el hecho de presentar ese incidente fiscal ante la Corte y tener el plazo para hacerlo, lo único que demuestra es que, efectivamente, hay una preocupación severa por la realidad fiscal del país”, argumenta.
Al decir de Restrepo, se cayó buena parte de los ingresos de la última reforma tributaria: cerca del 35 por ciento del recaudo que esta proponía (7 billones de pesos). A ello le agrega “el incremento del gasto primario (el gasto total sin intereses ni el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), lo que significa que no se está haciendo realmente un esfuerzo de austeridad en gasto fiscal”, sostiene.
Eso, sin contar con la preocupación que hay por el componente de arbitramento de litigios que se incluyó en el presupuesto de este año como parte de los ingresos para financiar al Estado, pero es algo que puede o no puede dar resultados en la anualidad. Finalmente, agrega el exministro, “se ha dicho por parte del Comité Autónomo de Regla Fiscal que los gastos que se generarían por las reformas, particularmente la de salud y la pensional, no están contemplados en el presupuesto de este año”.
Además, la propuesta de una nueva reforma tributaria empieza a debatirse tras conocerse la ejecución presupuestal del año pasado. Según cifras del Ministerio de Hacienda, la ejecución en funcionamiento fue de 90,2 por ciento; en servicio de la deuda, de 95,7 por ciento; pero en inversión fue de apenas 70,5 por ciento, la más baja desde 2013, cuando registró 70,9 por ciento.
Según el exministro Restrepo, el problema que plantea la baja ejecución, que calificó como “dramática”, tiene varias aristas. Por una parte, si no se va a ejecutar el gasto con el recurso que se tiene disponible, para qué incrementar los impuestos a las personas naturales o a las jurídicas. Por otra, si está recaudando dinero al sector privado o a las personas naturales para destinarlas a un gasto público y finalmente no hace ese gasto público, se están capturando recursos que deberían estar encaminados a hacer más inversión en el país, “no en el sector público, en ese caso, sino en el sector privado”. De esa manera, estaría saliendo más costoso un recurso ineficiente, agrega.
Ojo con los extremos
Entre tanto, Clara López, parlamentaria afín a las ideas de izquierda, si bien dice que “no es adecuado comentar un proyecto que aún no se conoce”, opina que “en medio de la concentración de la riqueza en pocas manos que hay en el país, es difícil pensar que con aumentos en las tarifas de personas naturales puedan compensarse los 2 billones de pesos que se reduce el recaudo por cada punto de renta que se les baje a las sociedades, sin llegar a extremos inviables”.
Por su parte, Piñeros, de Gómez-Pinzón, asegura que el Gobierno aumentó el recaudo por la vía de limitar los beneficios de las personas naturales y la posibilidad de hacer descuentos en su declaración al poner topes mucho más bajos. “Si quiere ponerles más peso a las personas naturales y recaudar más recursos de ellas, creo que tiene que aumentar la base de contribuyentes”, asegura el experto.
Otras fuentes consultadas atan estas nuevas propuestas de reforma tributaria con el reciente informe del Ministerio de Hacienda en el que advirtió que la inflación de los años anteriores se dio por las utilidades de las empresas. “Esto abre una puerta a más impuestos a las utilidades extraordinarias, que fue lo que se hizo con el sector financiero, con las rentas petroleras y con las empresas de generación de energía. ¿Impuestos extraordinarios a ganancias extraordinarias?”, se preguntan.
El debate alrededor de la tributaria apenas comienza.