La deuda pública suele verse como un asunto ajeno al ciudadano, pero en realidad es algo que atañe a todos.
El hecho de que Colombia esté sobrepasando el nivel ancla del endeudamiento que permite la regla fiscal, o ley de sostenibilidad de las finanzas públicas, puede empezar a causar problemas, pues desbarata la ecuación necesaria para mantener el equilibrio que deja dormir tranquilos.
Es como si un hogar tomara préstamos por encima de lo que puede pagar de acuerdo con su ingreso, lo que termina arriesgando hasta la capacidad para mantener el bienestar de sus integrantes, dado que, ante cualquier choque económico, las finanzas se salen de control.
La caja escasea
Es justo el riesgo existente hoy, cuando los ingresos tributarios, la fuente permanente de recursos para sostener al Estado, están menguando, en medio de una economía que crece de manera precaria: al 0,6 por ciento en 2023 y al 0,7 por ciento en el primer trimestre de 2024.
Adicionalmente, se restan otros ingresos, como los 6,7 billones que no se tendrán por la decisión judicial de la Corte Constitucional que tumbó una medida incluida en la reforma tributaria relacionada con las regalías que paga la industria de los hidrocarburos.
Y se asumen más gastos
Si a esa situación se suman las disposiciones del Gobierno de asumir nuevos gastos, como encargarse de pagar la deuda de los consumidores de energía por opción tarifaria (aplazaron el pago de las facturas durante la pandemia, acumulando deudas por 5 billones de pesos con las comercializadoras) y la presión para que se apliquen medidas que ayuden a la reactivación económica, lo que implica gastar más, el panorama está medio gris.
Aun sin que el Ministerio de Hacienda destape la nueva hoja de ruta para el manejo financiero en la próxima década, lo que se conoce como Marco Fiscal de Mediano Plazo, está previsto que la deuda pública en 2024 equivalga al 57 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, de cada 100 pesos que se producen en la economía se deben 57.
La regla fiscal, que, de hecho, se suspendió en la época de pandemia, cuando el nivel de endeudamiento se montó por encima del 60 por ciento del PIB, establece ahora un rango que va del 55 por ciento (ancla) hasta el 71 por ciento (techo). Esto pretende “generar un vínculo entre el objetivo de sostenibilidad de las finanzas públicas con el control de la deuda”, según explicó Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en un documento allegado a la Corte.
‘El crecimiento fue al debe’
Durante la crisis sanitaria, el Gobierno necesitó mayores recursos. En 2020, Colombia recibió 116 billones de pesos adicionales y en 2021, 91 billones, lo que el ministro Ricardo Bonilla mencionó como “el incremento más grande en deuda” en el país, ya que “antes de pandemia era de 46 por ciento del PIB y llegamos al 62 por ciento en dos años, cuando terminaba el episodio”.
De esa manera, la economía creció a tasas notablemente altas, 10 por ciento en 2021 y 7 por ciento en 2022, lo que, a juicio del jefe de las finanzas públicas, “se logró al debe”, con una expansión de la demanda, que también ayudó a disparar la inflación por encima del 13 por ciento, la más alta registrada en 24 años.Además, había otras deudas que el titular de la cartera de Hacienda llama “históricas” y que, por demás, no están contabilizadas como endeudamiento. Se asumen con plata del presupuesto general, que debería destinarse a incrementar la inversión, la que genera bienestar al ciudadano.
Es el caso del déficit del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), con el cual se subsidió durante años el precio de la gasolina al consumidor cuando estaba por las nubes el precio internacional del petróleo. El FEPC llegó a tener un hueco de 37 billones de pesos en 2022, y, al cubrirlo con 20 billones en 2023, “se agotaron parte de los recursos provenientes de las dos últimas reformas tributarias”, dijo Bonilla.
El efecto no fue solo en la menor disponibilidad de recursos. Reducir el déficit del FEPC ha llevado a que la inflación no baje rápido, pues durante más de un año se aplicaron incrementos graduales en el costo de la gasolina. “Si no hubiéramos subido la gasolina, la inflación estaría alrededor del 5 por ciento y tendríamos menores tasas de interés”, dijo Bonilla.
Otra de las aristas alrededor de la deuda pública es que Colombia perdió el grado de inversión con dos de tres calificadoras de riesgo, con lo cual se le incrementaron los intereses que paga por los préstamos en la banca multilateral.
En ese contexto, lo que ahora busca el Gobierno es plata. Fue así como el Ministerio de Hacienda pidió a la Corte Constitucional una moderación en el fallo judicial emitido con las regalías por considerar que causaría un serio riesgo de impactar la sostenibilidad fiscal.
Los argumentos esgrimidos por Bonilla en la audiencia pública realizada por el alto tribunal pusieron sobre la mesa un escenario bastante lúgubre. De los 6,7 billones de pesos que se quitan de la bolsa del financiamiento del Estado, 3,4 billones corresponden a pagos que ya hicieron las empresas de la industria extractiva y fueron utilizados para el gasto del Gobierno. En consecuencia, tendrían que devolverse a los contribuyentes. Los restantes 3,4 billones de pesos están incorporados en el presupuesto de este año y no se podrán recaudar debido a la sentencia.
La sustentación de Bonilla ante la Corte es que el Gobierno debe “garantizar que el Estado se financie adecuadamente y tenga que recurrir menos a deuda. La sentencia deja un problema de financiamiento del presupuesto general, que conlleva alteraciones en la sostenibilidad fiscal, un concepto que es más amplio que la regla fiscal”.
Alrededor de la regla fiscal hay un fuerte debate en el país. ¿Sobrepasarla más sería adecuado o no? Este es el interrogante que intentan resolver los expertos.
Debilidad ante un choque económico
El director técnico del Carf afirma que dicha herramienta evita un episodio de insolvencia, lo que significa que “un agente económico, en este caso un país, entraría en incapacidad de responder por sus obligaciones financieras (la deuda)”.
Pero el ministro de Hacienda sostiene que no es lo mismo una regla fiscal con un crecimiento al 7 por ciento que al 0,6 por ciento, como sucedió en 2023. Es decir, en un momento de menor expansión de la economía, se necesitaría invertir más para reactivar el aparato productivo y así proteger el empleo, lo que equivaldría a flexibilizar la regla fiscal para poder aumentar el déficit de la nación.
Por el momento, de acuerdo con lo explicado por Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aún no hay una deuda insostenible en Colombia. “El gran problema es que, de materializarse algún evento catastrófico, como una guerra, una nueva pandemia o una crisis financiera global, se correría el riesgo de pasar el límite”.
De ahí que sea deseable procurar que el nivel de deuda esté cercano al 55 por ciento del PIB, el ancla prevista en la regla fiscal. Solo con el fallo de la Corte Constitucional sobre regalías suben los riesgos para Colombia. “Financiar 6,7 billones de pesos generaría 0,6 billones de intereses por año en gasto, implicaría que la obligación por pagar sería del doble en siete años”, argumentó Bonilla.
¿Y por qué no ejecutan?
Carlos Osorio, el abogado que demandó la medida de la reforma tributaria sobre las regalías de las empresas de hidrocarburos, manifestó que no hay una afectación seria a la sostenibilidad fiscal con el faltante que conlleva el fallo.
Osorio, quien es representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, criticó al Gobierno por gastador, al expresar que “disparan el gasto público de manera exagerada, en 30 veces más que el crecimiento de la economía”.
De igual manera, salió a relucir la falta de ejecución del presupuesto de inversión en 2023, que solo llegó a 71 por ciento, mientras se anda en busca de mayores recursos públicos para gastar.
Las alternativas para evitar una deuda insostenible crean una encrucijada en la que emparejar las cargas implica escoger entre lo menos peor. Al decir del ministro de Hacienda, los escenarios son recortar gasto, lo que llevaría a invertir menos y retrasar así el desarrollo de proyectos necesarios para la comunidad; tomar más deuda, con el agravante de tener que asumirla con intereses más caros (se perdió el grado de inversión); y, la tercera posibilidad, echar mano de una nueva reforma, lo que, a juicio de Bonilla, es inoportuno, sin contar con que habría que tocar impuestos como el IVA o gravar aduanas a niveles insostenibles, y “no es el objetivo del Gobierno aumentar precios por vía de más cobro en IVA cuando se busca controlar la inflación”. La única salida parece ser la de agrandar el déficit fiscal.
Así las cosas, la deuda pública no es un asunto de unos pocos, sino de todos los colombianos y está en el debate nacional.