Desde hace más de 30 años, Colombia no ha tenido que importar petróleo. Los importantes yacimientos del oro negro y el gas descubiertos en los años ochenta y noventa le han permitido garantizar el abastecimiento hasta ahora. Quizás por eso muchos olvidaron lo que significa perder la autosuficiencia petrolera. Los efectos van desde dejar de recibir divisas por exportaciones, pagar un dólar más caro, importar combustibles a precios elevados hasta quedarse sin regalías.
Esto se vuelve más crítico en momentos en que la pandemia disparó el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Las protestas sociales piden más recursos para educación, salud y calidad de vida, pero atacan el mayor endeudamiento, la reforma tributaria e incluso el fracking.
Paradójicamente, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el país logra grandes progresos en materia ambiental, pero sigue rezagado en reducir la pobreza. En esta coyuntura, revivió la controversia sobre el fracking para garantizar la seguridad energética y la estabilidad de la economía luego de que se conocieron las empresas que desarrollarán los Proyectos Piloto de Investigación Integral, que permitirán saber si el fracking es posible económica y ambientalmente. Hasta ahora, la discusión se concentra en argumentos más ideológicos que científicos. Estos argumentos económicos sustentan la necesidad de hacerlo.
1. Raspar la olla
Las reservas probadas de petróleo en el país hoy alcanzan para 6,3 años. Lo ha logrado con mayor extracción en campos maduros y viejos, como Cusiana, Caño Limón y Rubiales, descubiertos hace más de 30 años. Es decir que los colombianos están raspando la olla, pues estos pozos tienen un declive anual del 17 por ciento.
Hace años no hay grandes descubrimientos, y pocas empresas quieren aventurarse a explorar yacimientos convencionales en áreas con dificultades de orden público. Además, la exploración de gas costa afuera en el Caribe es muy costosa y será rentable solo a largo plazo. En cambio, es posible avanzar rápidamente con los yacimientos no convencionales. Si en 2022 los proyectos piloto prueban que su desarrollo es seguro y responsable, en tres años producirían 450.000 barriles diarios.
2. Importar sale muy caro
Desde finales de los años setenta, Colombia no importa petróleo. Por eso pocos recuerdan el costo de perder la autosuficiencia. Esto implicaría importar crudo para las refinerías y garantizar la demanda del combustible que mueve el país. Ese costo se estima entre 30 y 40 billones de pesos al año, según datos de Ecopetrol. Y, de paso, dejaría de recibir ingresos por exportar crudo, que equivalen a entre 30 a 40 billones de pesos. ¿De dónde saldrían los recursos? Sin duda, del bolsillo de los colombianos. La autosuficiencia garantiza energía a precios razonables y es un asunto de seguridad nacional.
3. ¿Y los ingresos?
No hay otro sector que reemplace lo que aporta el petróleo en inversión e impuestos al país. En 2019 representó el casi 30 por ciento de la inversión extranjera directa, según la balanza cambiaria del Banco de la República. En impuestos pesa enormemente: el Marco Fiscal de Mediano Plazo estimó este año los ingresos para la Nación asociados a hidrocarburos en 0,9 por ciento del PIB, es decir, unos 9 billones de pesos.
Datos de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señalan que los cuatro proyectos piloto generarían 26.000 millones de dólares en ingresos al Gobierno y 10.000 millones de dólares en regalías. Esto significa unos 36.000 millones de dólares durante los próximos 25 años o 136 billones de pesos a la tasa de cambio actual. Al año, producirían 5,5 billones por impuestos y regalías: más de lo que recauda una reforma tributaria.
En ese periodo, los proyectos requerirán 5.000 millones de dólares al año en inversiones (casi 2 por ciento del PIB) cuando lleguen a la etapa de maduración. Solo los pilotos costarán alrededor de 650 millones de dólares. Un solo proyecto tipo ofrece al año en impuestos, derechos económicos, dividendos y regalías el equivalente a dos veces el pago del impuesto de la fabricación de cemento de un año o seis veces el aporte anual de los cultivos de flores. También es 15 veces el impuesto que pagan los cultivos de palma o 55 veces el aporte del sector arrocero.
4. Petróleo o aguacates
El año pasado, las exportaciones colombianas sumaron 39.501 millones de dólares, según el Dane. De esta cifra, el 40 por ciento, es decir, 15.961 millones de dólares, provino de ventas de petróleo y sus derivados. Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, a su vez, aportaron el 18 por ciento.
En la pasada campaña presidencial, hubo ataques al fracking y a la producción de hidrocarburos, y planteamientos para reemplazar estas ventas por las de aguacate u otros productos agropecuarios. Pero la mejor decisión es vender aguacates y petróleo. Solo que mientras un solo proyecto de fracking puede exportar hasta 10.000 millones de dólares anuales, este año las exportaciones de aguacate hass podrían llegar a 100 millones de dólares.
Como dice el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, “Proceder con los pilotos nos permitiría obtener información técnica, ambiental y social para avanzar en la toma de decisiones basadas en información científica y verídica sobre la implementación de esta técnica en Colombia y la viabilidad de desarrollar los yacimientos no convencionales, unos recursos que podrían ser de gran importancia en la reactivación del país y las regiones”.
5. ¿y las regiones?
En 100 años de la industria petrolera en el país, muchas zonas alcanzaron mayores niveles de desarrollo al utilizar bien las regalías. Para 2021 y 2022, el presupuesto de regalías presentado por el Ministerio de Minas, que discute el Congreso, asciende a 17,3 billones de pesos. Con la distribución aprobada en la nueva ley de regalías, los municipios más pobres recibirán el 15 por ciento de los recursos; para ciencia, tecnología e innovación irá el 10 por ciento; para las regiones productoras, 25 por ciento; y para la paz, unos 4 billones de pesos.
Si los pilotos de fracking demuestran que se trata de un sistema viable, los cuatro proyectos nuevos proporcionarían 10.000 millones de dólares en regalías y crearían unos 68.000 empleos nuevos, 19.000 de ellos directos. Aportarían también 2.400 millones de dólares a inversión social y ambiental en la región durante los próximos 25 años y demandarían múltiples servicios, lo que aceleraría la reactivación.
Emplear el fracking o no debe ser una decisión basada en los resultados científicos, no en argumentos ideológicos. Los proyectos piloto, que se firmarán este 23 de noviembre, dirán en un par de años si resulta viable económica y ambientalmente. Si el resultado es positivo, habrá que exigir los mejores estándares para hacerlo con seguridad.
Lograr la transición energética y el crecimiento del país, diversificar la economía y atender las demandas sociales requiere recursos billonarios. Y, tras la pandemia, hoy Colombia no cuenta con ellos. Como dijo recientemente el exministro Amylkar Acosta, hay algo peor que depender del petróleo: depender de importarlo.