Una mala racha persiguió en los últimos días a la multinacional alemana Bayer en los estrados judiciales de Estados Unidos y en los mercados de valores. La compañía enfrentó dos derrotas judiciales en menos de una semana mientras sus acciones cayeron un 18 por ciento en los mercados de valores. La racha provocó una pérdida de capitalización bursátil que hasta el jueves pasado alcanzaba los 15.700 millones de euros.La crisis comenzó el viernes 10 de agosto, luego de que un jurado de San Francisco le ordenó pagar una indemnización por 289 millones de dólares a Dewayne Johnson. Este jardinero padece un cáncer terminal –linfoma no Hodgkin– producto de su exposición directa al uso de los pesticidas Roundup y RangerPro, cuyo ingrediente químico principal es el glifosato. La compañía estadounidense Monsanto los fabrica desde hace décadas y en junio pasado Bayer la adquirió por una cifra cercana a los 63.000 millones de dólares.Los temores por el efecto de los pesticidas sobre la salud humana siguen encendiendo alarmas.Cinco días después la Corte Suprema de California se negó a escuchar la apelación de Monsanto contra la medida de la Agencia de Protección Ambiental de California de agregar el glifosato a una lista pública de sustancias químicas peligrosas. La compañía argumentó que no existe base científica para incluir el producto en este listado; además, señaló que la decisión contradice 40 años de estudios científicos de organismos reguladores de todo el mundo, que afirman que el glifosato es seguro cuando el usuario lo usa adecuadamente y de acuerdo con las condiciones de la etiqueta y que no causa el linfoma no Hodgkin.Puede leer: Monsanto, condenado a pagar USD 289 millones por un herbicida con glifosatoPor eso, anunció que apelará tanto la indemnización a Johnson como la inclusión del glifosato en el listado de sustancias peligrosas en California. En el mundo, la controversia sobre el tema sigue viva, pues mientras la Organización Mundial de la Salud dijo en 2015 que el glifosato era probablemente cancerígeno, tanto la agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como la Unión Europea lo consideran seguro.Como era de esperarse, las complicaciones judiciales desencadenaron un efecto negativo en las finanzas de la empresa. El jueves pasado las acciones de Bayer se hundían en los mercados de valores mundiales y caían 18 por ciento en lo corrido de la semana, hasta alcanzar una pérdida de capitalización bursátil de 15.700 millones de euros. El daño reputacional y los temores de los accionistas de que se replique el fallo del tribunal de San Francisco han encendido las alertas. Algunos analistas hablan de por lo menos 5.000 demandas en Estados Unidos similares a la de Johnson, que podrían representar costosas contingencias que algunos calculan en al menos 5.000 millones de dólares. Esta cifra se acerca a la que pagó Bayer a comienzos de 2000, cuando tuvo que indemnizar a los afectados por su medicamento Baycol, formulado para el colesterol, que resultó vinculado a la muerte de pacientes, según The Economist.

Esta vez no solo los accionistas de Bayer sintieron el coletazo de la indemnización a favor del jardinero Johnson. También otras compañías que fabrican pesticidas se vieron afectadas, entre ellas la química australiana Nufarm, que fabrica productos similares al Roundup, cuyos títulos cayeron 17 por ciento.Le sugerimos: En jaque, el glifosato en Europa por nuevos estudios que dicen que es cancerígenoLos temores por el efecto de los pesticidas sobre la salud humana siguen encendiendo alarmas. Los litigios han generado un ambiente adverso entre los usuarios por el uso y fabricación de pesticidas agrícolas. En Francia crecen las iniciativas para prohibir el glifosato en la Unión Europea, y el propio ministro de Ecología, Nicolás Hulot, anunció hace unos días el “comienzo de una guerra” contra esa sustancia. Pero como lo plantea The Economist, este representará un gran desafío porque en el mundo no existe una variedad barata y efectiva que reemplace al glifosato. Desarrollar nuevos ingredientes puede ser demorado y costoso, afectaría las finanzas de los agricultores –especialmente de los países más pobres– y, por supuesto, el bolsillo de los consumidores. El debate sigue abierto.