SEMANA: ¿Por qué les preocupa tanto la reforma laboral?
SIMÓN BORRERO: Desde Rappi queremos poder brindar más protección y bienestar a los rappitenderos. Sin embargo, la reforma tiene dos temas peligrosos y tremendamente injustos: laboralidad forzosa y un freno a la flexibilidad de los rappitenderos al ofrecer sus servicios.
SEMANA: ¿Qué es laboralidad forzosa?
S.B.: Hoy cualquier persona puede conectarse desde su celular y generar ingresos inmediatos en cualquier momento. Un estudiante que está en la mitad de parciales tiene un día libre, necesita pagar sus estudios, se puede conectar y ganar dinero. Como se plantea en la reforma, esto no sería posible. Ese estudiante tendría que ser un empleado con horarios fijos. La gran mayoría de los rappitenderos no quiere eso, quiere más protección y más bienestar, y en eso estamos super de acuerdo. De aprobarse la reforma, 90 por ciento de los trabajadores digitales quedaría por fuera y daña totalmente el modelo. Rappi y las demás plataformas están construidas para brindarles oportunidad de ingresos complementarios a miles de personas y la reforma va en contravía de ese modelo.
SEMANA: ¿Qué implicaría que los repartidores fueran empleados de Rappi?
S.B.: Esto forzaría a las plataformas a quedarse con un grupo pequeñito que trabaje entre 40 y 42 horas por semana, pero eso solo lo pueden hacer unos pocos. La mayoría de los trabajadores digitales no pueden trabajar en un horario fijo, y no porque quieran, sino porque tienen restricciones como el cuidado de sus hijos, el estudio o incluso otros trabajos.
SEMANA: ¿Y por qué no cotizar a seguridad social por esas horas que efectivamente pueden trabajar?
S.B.: Porque el sistema colombiano no lo permite y requiere que solo se pueda cotizar sobre un salario mínimo entero. Así, el sistema no le recibe sus aportes al que trabaja unas cuantas horas a la semana y gana 300.000 pesos al mes, y es la explicación de la alta informalidad en Colombia.
SEMANA: ¿Cuántas personas trabajan de tiempo completo como rappitenderos y cuántas lo hacen de forma esporádica?
S.B.: En los últimos seis meses ganaron ingresos a través de Rappi 150.000 personas. Si se juntan todas las plataformas, son más de 300.000 personas. En nuestro caso, entre 80 y 85 por ciento trabaja ocasionalmente, así que la minoría está de tiempo completo y ese grupo tampoco quiere la laboralidad forzosa porque sus ingresos promedio son de 11.000 pesos por hora, frente a un salario mínimo que actualmente está en 4.800 pesos. Y aunque son personas que trabajan tiempo completo, tienen flexibilidad para decidir qué días y en qué horarios lo hacen. Esta reforma los obligaría a ganar un salario mínimo y, por ende, les entraría mucho menos dinero. Y no son ingresos menores: el año pasado, los repartidores de Rappi recibieron por medio de la plataforma medio billón de pesos, pero eso no lo tiene en cuenta la reforma, la cual pretende imponer los modelos antiguos de trabajo. Aquí en Colombia deberíamos estar mirando hacia adelante y tratando de que haya más oportunidades para la gente, no menos.
SEMANA: Pero más allá de si los rappitenderos quieren o no ser empleados, tienen derecho a la seguridad social y, sobre todo, a riesgos laborales, pues están todo el día en la calle...
S.B.: Ciento por ciento de acuerdo, hay que buscar más protección y bienestar para ellos, pero eso no se debe confundir con laboralidad. Creemos que con un modelo moderno que entienda cómo funcionan las plataformas tecnológicas se puede lograr esa protección sin perder la flexibilidad.
SEMANA: ¿Tienen propuestas en ese frente?
S.B.: Sí, muchas, pero desafortunadamente no nos escuchan. Nos gustaría participar en el pago de los riesgos laborales, pero no por todas las horas, sino por las que efectivamente trabajan, pues no podemos cotizar sobre la base del salario mínimo a quien solo labore tres horas a la semana, sería financieramente inviable. La idea es plantear soluciones sostenibles.
SEMANA: ¿Hoy los rappitenderos no tienen cobertura de riesgos laborales?
S.B.: Nosotros ya tenemos un seguro que ampara ante accidentes al ciento por ciento de los rappitenderos, así como unas pólizas de salud con Sura que les dan unos beneficios, pero queremos ir más allá.
SEMANA: La reforma busca mejorar las condiciones de los trabajadores de la economía colaborativa, pero no incluiría a los de las plataformas de transporte, solo a los de domicilios. ¿Les han explicado por qué?
S.B.: Nos extraña mucho y no encontramos una explicación para que a algunos trabajadores digitales los obliguen a la laboralidad, les quiten la flexibilidad, y a otros no. Y lo más triste es que a las plataformas que pretenden restringir es a las colombianas. Estamos revisando la ley, porque no se deberían regular compañías, sino industrias, y creo que así estarían haciendo algo incorrecto.
SEMANA: Este debate no es local. ¿Cómo se maneja en otros países?
S.B.: Hay dos casos en los que ya se ha regulado: uno exitoso y otro tremendamente fallido. El primero es el de Chile, donde lograron ampliar el bienestar y la protección para la gran mayoría de los repartidores. Escucharon sus pedidos para poder seguir siendo independientes, sin cumplir horario fijo ni ser empleados. Entonces, permitieron que los que quisieran seguir así lo pudieran hacer y que los que quisieran ser empleados fijos también pudieran ser contratados bajo esa modalidad. Prueba del éxito chileno es que todas las compañías que estábamos en ese país antes de la reforma hoy seguimos operando allí.
SEMANA: ¿Pero exactamente qué beneficios se aprobaron en Chile?
S.B.: Se permitió aportar con certidumbre jurídica a estas protecciones. Se tiene la idea errónea de que nosotros en la industria no estamos preocupados por los riesgos laborales de los repartidores, pero el tema es que la ley hoy no lo permite. En Chile despejaron ese tema y se pueden dar protecciones equivalentes a las de las ARL que tenemos acá.
SEMANA: Es decir, ¿cotizar solo por las horas laboradas, lo que sería por debajo del mínimo?
S.B.: Exacto, porque así no se afecta la flexibilidad, que es clave en este modelo.
SEMANA: ¿Y el caso fallido?
S.B.: Se dio en España. Allí aprobaron una ley desastrosa, que quiso imponer laboralidad forzosa sin reconocer los beneficios de las plataformas ni las restricciones de las personas. De seis compañías que operaban en España, hoy solo queda una y media, y la media ya se va a ir pronto. Eso es pésimo para todos. En España 70 por ciento de los trabajadores digitales quedaron totalmente por fuera, y esto no es una opinión ni una estimación, es lo que pasó. Asimismo, se afectaron los comercios. Hoy Rappi en Colombia trabaja con 30.000 establecimientos, entre almacenes, restaurantes y tiendas pequeñas, que reciben ingresos tremendamente importantes de las plataformas. Se está ignorando el impacto de esa industria.
SEMANA: Con respecto a la millonaria sanción que les impuso la Superindustria, ¿qué pasó?
S.B.: Vamos a pagar la multa. Es importante aclarar que es un proceso que se abrió hace tres años en el Día de la Madre de 2020. Estábamos en pandemia y, la verdad, se nos explotó la operación. No dimos abasto. Éramos una empresa más joven. Hemos estado trabajando en los últimos tres años obsesionados con el servicio. Estamos superapenados con la gente que usaba Rappi en la pandemia y a la que le quedamos mal. Ojalá nos den una segunda oportunidad y vean que hemos mejorado en servicio.
SEMANA: Pero la otra acusación es más grave y es la venta de licor a menores...
S.B.: Ese es un tema muy serio al que cada día le ponemos más controles. Los rappitenderos saben que ante la más mínima duda sobre la edad del cliente deben pedirle la cédula, pero también nos hemos encontrado con cédulas falsas y la respuesta de los rappitenderos ha sido tomarles fotos a las cédulas. No sé en los supermercados cómo manejan las cédulas falsas. Esto nos ha vuelto desconfiados con algunos usuarios y lo estamos resolviendo con más controles y tecnología.
SEMANA: Un mensaje para los congresistas que discutirán la reforma laboral.
S.B.: Por la actual situación económica y por la inflación, entiendo que muchos clientes estén insatisfechos porque Rappi se ha vuelto más costoso, pero con la reforma tendríamos que cobrar 18.000 pesos por un domicilio y eso restringiría el servicio a unos pocos, destruyendo el modelo de negocio y dejando sin ingresos a muchas personas. No estamos en Suiza ni en España, estamos en un país donde la gente necesita oportunidades. Ayudemos a que los que estamos construyendo esas oportunidades lo podamos seguir haciendo de forma sostenible.