Treinta años después de que el país proyectara un cambio para mejorar su sistema pensional, el impacto para muchos no ha sido el esperado y, por ende, cada vez se presentan más casos de personas que quieren resolver su jubilación usando vías legales.
Como lo explica Carlos Barco, socio de ALL Abogados, la Ley 100 de 1993 supuso un cambio de reglas para millones de colombianos que, en ese momento, no tenían expectativas inmediatas de pensión. “Casi 30 años después, esos colombianos en su mayoría reclaman el cumplimiento de su promesa pensional y muchos de ellos (una mayoría) se llevan una gran frustración. Entonces, hoy el tema pensional luce más litigioso porque llegamos al tiempo en el que el sistema tiene que comenzar a responder por lo que hace tres décadas proyectó como protección en la vejez”, precisa.
Vicente Umaña, socio de Posse Herrera Ruiz, tiene una visión distinta y cree que los temas pensionales hoy no son más litigiosos que antes, pues siempre han mantenido una elevada cantidad de demandas. En su concepto, la actual conflictividad legal de las pensiones se genera por la falta de consistencia en la normatividad, lo cual causa incertidumbre para los aportantes. “Así mismo, es evidente que cada día los cotizantes son más diligentes con la verificación del estado de su historia laboral, garantizando y previendo algún inconveniente a la hora de cumplir sus requisitos pensionales”, añade.
De la misma manera, Mauricio Montealegre, director de la práctica de derecho laboral de Gómez-Pinzón, dice que es usual que se planteen reclamaciones para tener claridad sobre el derecho a la pensión, o simplemente para obtener una mejor mesada. En su opinión, las reclamaciones han prosperado, debido a que la justicia abrió la puerta a los traslados de los fondos de pensiones privados a Colpensiones por considerar que en muchos casos hubo vicio en el consentimiento de los afiliados que en el pasado estaban en el Seguro Social y se pasaron a las AFP, por no estar bien informados.
Catalina Santos, socia de Brigard Urrutia, también señala que aunque la Constitución y el Acto Legislativo 01 de 2005 establecieron periodos de transición para pasar de un régimen al otro, todavía existen muchas discusiones jurídicas, y por ende litigios, relativos a la aplicación de regímenes especiales, exceptuados y aquellos que con anterioridad a la Constitución y al Acto Legislativo, se habían acordado en convenciones colectivas, pactos colectivos, laudos arbitrales y otros actos jurídicos como conciliaciones laborales.
¿Cambios necesarios?
Los abogados consultados para este especial coinciden en que la reforma pensional es necesaria, aunque no ven un cambio tan drástico como el que propondría el Gobierno.
Juan Mauricio Joya, gerente senior de servicios legales de KPMG Law, piensa, de hecho, que la reforma es una necesidad urgente, pero que su foco debe ser el régimen de prima media –el que administra Colpensiones–, ya que es inequitativo continuar subsidiando en mayor proporción las altas pensiones frente a las más bajas, “además porque es un sistema que tiene un enorme riesgo de desfinanciación, no en vano es denominado como bomba pensional”.
Propone que en la reforma se establezca la exigencia de ser más rigurosos en la divulgación de las características, requisitos y condiciones de cada sistema y que dicha asesoría sea brindada por un tercero independiente de Colpensiones y de las AFP. También que se suministre una simulación comparativa de aportes y monto por reconocer por concepto de pensión, que la movilidad entre sistemas sea más flexible y que para ese efecto, en todos los casos, obre un consentimiento escrito informado al momento de la afiliación y del traslado.Para Barco, de ALL Abogados, lo más importante es garantizar que exista un fortalecimiento real del tejido empresarial, con el fin de que se puedan crear y consolidar más empleos formales, que son el combustible que permiten sostener sistemas pensionales óptimos. Además, sugiere focalizar los subsidios en la cotización y no en la mesada de la pensión. Es decir, que “de tener subsidios, mejor que sean a la entrada y no a la salida”.
Umaña, de Posse Herrera Ruiz, está convencido de que se debe propender por la consistencia normativa en pensiones, la cual genera estabilidad para los aportantes, los fondos y el sistema en general. Eso haría que las personas puedan realizar sus aportes de manera clara, eficiente y oportuna, prevendría los litigios y reduciría el gasto público en el sistema. La idea de Montealegre, de Gómez-Pinzón, es que la reforma pensional aclare el procedimiento para realizar los traslados entre regímenes, con la finalidad de limitarlos.
Para quienes hoy están llegando a la edad de pensión, propone crear un régimen de transición que habilite un traslado con asesoría previa, lo que ayudaría a sanear el eventual vicio en el consentimiento que se presentó en el pasado. “Es importante, también, que se incluya un verdadero rendimiento mínimo en el ahorro pensional de las personas, lo cual crearía competitividad entre los regímenes pensionales. Si un afiliado del Régimen de Ahorro Individual –que administran las AFP– que no tenga aportes voluntarios se pensiona en circunstancias similares a un pensionado de Colpensiones, se reducirá la necesidad de traslado”, insiste Montealegre.
Paralelamente, Catalina Santos, de Brigard Urrutia, está en el grupo de quienes ven la urgencia de la reforma pensional, debido al déficit fiscal que está creando el esquema actual. Considera que el proyecto de ley debe incluir factores como la edad de pensión y el tiempo de cotización, pero, antes de llegar a ese punto, se requiere corregir la elevada informalidad laboral “Todos los sistemas pensionales del mundo se financian con las cotizaciones de quienes tienen la capacidad de hacerlo, y en Colombia tenemos un porcentaje de informalidad muy grande que complica esa financiación”, puntualiza y agrega que probablemente la estructura financiera del sistema actual de pensiones requiere una revisión, pero “mientras no logremos formalizar el mercado laboral, ninguna solución será suficiente”, reitera.
Desactivar la bomba pensional no es solo un trabajo del Gobierno, mientras más expertos ayuden a crear soluciones viables y sostenibles, no solo será mejor para la creciente población colombiana de la tercera edad, sino para evitar que la protección de la vejez se obtenga en los estrados judiciales.