Pasar el IVA del 19 al 10 por ciento sin que se pueda descontar, lo que llevaría a establecer un impuesto general al consumo vía impuesto al valor agregado. Eliminar el 4x1.000, que nació como algo temporal y ya lleva 24 años sin que exista poder humano que lo pueda desbancar.
Estas son algunas de las propuestas tributarias de Rodolfo Hernández, quien ahora está en boga, luego de su paso a la segunda vuelta en las elecciones, con Gustavo Petro como contrincante.
Nada más complejo para un Gobierno que llevar una reforma tributaria al Congreso. En esos estrados que requieren negociaciones y acuerdos, tendrá que entrar la reforma tributaria que tramite el ganador de las elecciones el domingo 19 de junio. De tajo, se requiere un fuerte respaldo político, aparte de una sustentación económica sensata.
Si bien las propuestas tributarias destapadas hasta ahora por los dos candidatos son apenas enunciados con algunos argumentos, las ideas preliminares que han mencionado son de grueso calibre y podrían causar impacto en la financiación del Estado, en medio de los abultados montos que se requerirán para cumplir las promesas de campaña.
Petro, por ejemplo, ha dicho que necesita conseguir ingresos adicionales superiores a 50 billones de pesos, lo que, de antemano, no podrá obtener solo con una reforma. Hasta ahora, el techo de recaudo con ellas es de 20 billones de pesos, y eso, ampliando la base de productos gravados con IVA, lo que no está en el radar de ninguno de los candidatos.
Hernández habla de obtener recursos con el cierre del cerco a la corrupción y hace cuentas con mayores ingresos por los cambios en el IVA, sin que se exponga la fuente con la cual se reemplazará la baja en el recaudo por tumbar el 4 por 1.000. Desde su campaña sostienen que la estrategia aumentará ingresos tributarios en 28 por ciento, lo que equivale a un 4 por ciento del PIB.
Petro se la juega con impuestos saludables, como el IVA a los alimentos ultraprocesados, lo que busca desestimular el consumo de productos que afectan la salud y no es necesariamente para obtener más recursos. Este tema también ha sido difícil de lograr en el Congreso.
En Colombia, el recaudo tributario pone el 99,1 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, y en la lista de los impuestos más eficientes está el IVA. Este puso 75 billones de pesos en 2021, contando lo recolectado con la actividad económica interna más la externa. Esa cifra es el 43,2 por ciento del total de los recursos públicos por impuestos con los que contó el país en la pasada anualidad, cuya suma fue de 173,6 billones de pesos, según estadísticas de la Dian.
El 4x1.000 puso 9,8 billones de pesos a la bolsa pública del año pasado, mientras que el impuesto al consumo aportó 1,5 billones. Es decir, las cifras que se restarían con las modificaciones no son fáciles de reemplazar con otras fuentes.
La tendencia en Colombia con el sistema tributario ha sido la de tratarlo como un rompecabezas de vidrio, que tiene un montón de piezas que hay que sostener con sumo cuidado para evitar que algo se caiga y se pierda el camino andado. Para la muestra está el IVA, que vio la luz en Colombia en 1963 con una tarifa del 3 por ciento y solo gravaba a un reducido universo. Con sangre, sudor y lágrimas, casi diez años después (1974), el IVA subió al 10 por ciento para tratar de cubrir el hueco fiscal que el país tenía en ese momento. Solo hasta 1983 –otra década más– se llegó a la estructura de IVA actual, y la batalla campal para subirlo del 16 al 19 por ciento se libró en 2016, después de 30 años.
En el caso del 4x1.000, pese a que los expertos han señalado que se trata de un impuesto antitécnico que desincentiva la bancarización y estimula el uso del efectivo y la informalidad, intentar desmontarlo ha sido inútil.
Más allá de la dificultad en el Congreso para tramitar cambios de ese talante en el Estatuto Tributario, está el impacto de las medidas sobre la financiación del Estado y las expectativas de crecimiento.Rodolfo Hernández sostiene en su programa de gobierno que tiene la intención de “instaurar un sistema de pago tan práctico que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadir el compromiso con la Nación”. Con ello, “garantiza el recaudo y se potencia la eficiencia en los procesos administrativos, pues todos los contribuyentes aportan el 10 por ciento de IVA en cualquier etapa del ciclo económico, sin oportunidad para la corrupción, al no poder aplicar en ningún caso la figura del IVA descontable”.
Aunque algunos expertos consultados por SEMANA estiman que el impacto de ese cambio dependerá de la manera como se planee adoptarlo, existen otros puntos de vista en contra. “Aún no se sabe si es un impuesto al consumo solo para bienes de consumo final o para bienes intermedios, en cuyo caso tendría un costo. Y, si fuera para todos, ahí sí habría dificultad en la implementación”, sostuvo una fuente que pidió reserva. Un informe del Ministerio de Hacienda, presentado al Congreso en 2021, cuando se debatía la reforma tributaria de ese año, argumentó que “la implementación de un impuesto al consumo de 8 por ciento (como se propuso en ese momento), aplicado a las ventas finales, reduciría el recaudo en 31 billones de pesos”.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también revisó el tema y concluyó que “aumentaría el costo de la producción de ciertos bienes y servicios. Los vendedores de productos finales, al enfrentarse a mayores costos por no poder descontar el IVA de los insumos que emplean, pasarían dichos costos tributarios adicionales a los consumidores, llevando el impuesto a un nivel superior al 10 por ciento de su valor agregado”. Sustituir el IVA por un impuesto al consumo tendría efectos nocivos sobre la actividad económica y sobre la capacidad de fiscalización de la Dian, según expresó el informe del Ministerio de Hacienda.
Agregó que gravar los costos empresariales generaría ineficiencias en los procesos de producción debido al aumento en costos para las empresas, llevando así a un efecto cascada, pues todo gasto en el que se incurra para producir mercancía llega al consumidor.
Jorge Iván González, economista de la Universidad Nacional, argumentó que el costo fiscal de la medida “es muy alto” y, aunque dijo que no se debe subir el IVA, “es una insensatez bajarlo”.
Según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, “cualquier cambio en los ingresos fiscales tiene que ser el resultado de estudios económicos serios. La decisión definitiva la toma el Congreso, y lo que se decida allá también requiere aprobación del Gobierno”. Agregó que “una reducción del IVA al 10 por ciento tiene que ser compensada con otros ingresos”.
“Y el costo de eliminar el 4x1.000 es otro golpe directo a las finanzas del Estado. En síntesis, es difícil para Petro o para el ingeniero cumplir las promesas fiscales ofrecidas en campaña”.