Las protestas en Colombia no cesan desde el pasado 28 de abril, fecha en la que el Comité Nacional del Paro convocó a las movilizaciones para rechazar la reforma tributaria. Luego, el 2 de mayo el presidente de la República, Iván Duque Márquez le ordenó al Congreso de la República que retirara el proyecto de ley, e incluso, el 3 de mayo el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo.
Tras el retiro de la tributaria, los representantes del Comité del Paro alegaron que seguirían en las calles hasta tanto fuera retirado el proyecto de ley 010, que contemplaba la reforma a la salud, proyecto que también se hundió.
Pese al retiro de estos dos proyectos, los manifestantes siguen en las calles y tras varias reuniones entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro para instalar una mesa de negociación, esta semana los últimos decidieron retirarse de las conversaciones, de forma unilateral.
Si bien las manifestaciones han sido en su mayoría pacíficas, algunos actos de vandalismo y violencia han opacado las marchas. Lo anterior sin dejar de lado los múltiples bloqueos que se han dado en todo el territorio nacional, afectando el abastecimiento de alimentos, insumos médicos, combustibles, entre otros, en todo el país.
En razón a lo anterior, Fenalco Antioquia, en cabeza de su directora ejecutiva María José Bernal Gaviria, envió una carta dirigida al alcalde, procurador, defensor del Pueblo y personero, pidiéndoles que “se respeten los derechos que han sido vulnerados durante las protestas del paro nacional, que aún persiste, debido a que durante los últimos días no se ha logrado tener un diálogo efectivo con el Comité del Paro”.
En la misiva, la directora ejecutiva del gremio de los comerciantes se refirió a la sentencia T-375 de 1997 de la Corte Constitucional que indica que “la satisfacción de las necesidades de la comunidad se confía en alto grado a las empresas, de las que depende el nivel de empleo y bienes”.
Frente a lo anterior, Fenalco Antioquia explicó que, “si bien respeta el derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica, hace un llamado enérgico a las autoridades para que garanticen los derechos de todos los ciudadanos y de los empresarios”.
El gremio se refirió a las consecuencias que ha provocado el paro nacional en la ciudadanía, afectando los derechos de las personas, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la movilidad, al desarrollo económico, social y cultural, al trabajo y al agua y saneamiento.
Por esto, Fenalco Antioquia le exige que “se hagan respetar los derechos ciudadanos”.
“Desde la Federación le exigimos a ustedes, como entes gubernamentales y de protección de las personas, que hagan cumplir los derechos mencionados, pues han quedado en riesgo por los diferentes bloqueos en las vías, causando desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, así como actos violentos que han afectado fachadas y los bienes de establecimientos, agravando la situación económica de los comerciantes”, reza el escrito.
Fenalco Antioquia agregó que es importante tener en cuenta que todos los derechos en Colombia “deben convivir con los derechos de los demás, ya que no hay ningún derecho absoluto y este no debe hacerse para bloquear, agredir, boicotear la actividad social y el ordenado vivir de las personas, quienes tienen también el derecho a sentirse seguros”.
De acuerdo con la seccional de Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes, cada día de paro representa pérdidas por el orden de los 12.000 millones de pesos. No obstante, debido a la prolongación que a tenido este paro a nivel nacional, esta suma ya asciende a 18.000 millones de pesos en pérdidas a diario.
Así las cosas, con más de 30 días de paro continuo, Fenalco Antioquia estima que las pérdidas ascienden los 600.000 millones de pesos.
“La persistencia de los bloqueos implicaría un costo económico superior al estimado agravando la situación de los comerciantes, quienes por la pandemia no han podido recuperarse económicamente. Además, se proyecta que luego de la reapertura del Puerto de Buenaventura, así como de los bloqueos en vías nacionales, habrá sobre costos en el transporte, la logística y aumento de la demanda”.
Para los comerciantes antioqueños es “urgente que tomen medidas drásticas y que realmente tengan alcance, porque los retos son cada vez más grandes para el comercio, poniendo en juego miles de empleos y la estabilidad económica, social y de calidad de vida de las familias de Medellín y Antioquia, que han visto violentado su derecho al trabajo”, concluye la misiva.