Si hay un problema que aqueja fuertemente a la economía colombiana es la baja productividad laboral, la cual tiene múltiples razones: tecnologías inapropiadas, educación deficiente o mal enfocada e informalidad. Sin embargo, aunque muchos trabajadores se sienten recargados de trabajo, también hay casos en los que se echa mano del escape, a través de incapacidades falsas y permisos sin razón.
No es gratuito que, hace unos meses, el Ministerio de Trabajo confirmara que el mayor número de incapacidades se registran en épocas de fiestas patronales, así como en festivos y días en los que hay programados partidos de fútbol.
Esto, además de reducir la pobre productividad laboral que registra Colombia, le pasa una larga factura a los empresarios, quienes tienen que asumir los costos directos e indirectos que generan las faltas injustificadas.
Según un estudio de la ANDI, en 2019, 4 de cada 10 empresas del país presentaron casos de incapacidades falsas o manipuladas. A pesar de lo anterior, el gremio destaca que sea mayor la percepción de los empresarios de que no se le hace trampa a la norma.
“Desde la percepción frente a la frecuencia en que se presentan casos de incapacidades falsas o manipuladas, el 61,8 por ciento de las empresas indican que no se han detectado eventos para el año 2019”, señala el reporte.
Eso sí, las pocas ‘manzanas podridas’ le sacan el jugo a sus trampas. En el 25 por ciento de las empresas hubo trabajadores que no siguieron el tratamiento y terapias ordenadas; en el 22,2 realizaron una actividad alterna que le impide su recuperación; en el 17,2 realizaron actos contrarios a la ley relacionados con su salud, y en el 16,7 no asistieron a los exámenes y valoraciones.
“La práctica más común de abuso del derecho es que el trabajador obstaculiza la recuperación al no seguir el tratamiento y las terapias ordenadas. Esta es muy preocupante, dado que con ella se extiende la incapacidad al impedir que el trabajador logre reincorporarse adecuadamente a sus actividades laborales”, señala el gremio.
La radiografía también revela aspectos de la conducta de algunos trabajadores, que si bien no representa al grueso del mercado laboral, sí llaman la atención.
Por ejemplo, en el 16 por ciento de las empresas se prestaron casos de personas que cometieron fraude a la hora de certificar la incapacidad; en el 7,6 por ciento se generó el pago de la incapacidad en la EPS y la ARL por la misma causa (generando un doble cobro al sistema de salud), e incluso en el 7 por ciento el trabajador pagó por incapacidades médicas.
Para combatir con este flagelo, el Ministerio del Trabajo anunció hace unos meses que trabajan en un plan para detectar las incapacidades falsas, que le cuestan tanto al sistema de salud como a las compañías. La idea es hacerles una trazabilidad, de tal modo que se pueda identificar al falso incapacitado y le caiga una sanción legal.
El efecto de las incapacidades
Ahora, esto no es lo único con lo que tiene que lidiar el sector privado. En total, el año pasado se presentaron 760.522 casos de ausentismo laboral, de los cuales la enfermedad general continúa siendo la principal causa de ausencia (68,9 por ciento). Los permisos y las licencias se ubicaron en segundo lugar (26,4) y los accidentes y las enfermedades laborales completaron el top 3.
Esto, sumado a las licencias (remuneradas, no remuneradas, de tipo sindical, etc.) llevó a que, en 2019, un trabajador se ausentara –en promedio– 7,3 días de su puesto de trabajo. Esta cifra representa una caída frente al mismo dato de 2018, cuando fue de 9,1 días en promedio.
No hay dudas de que una persona puede tener un problema familiar o personal, o que existen circunstancias ajenas a su interés, que lo obligan a ausentarse de su lugar de empleo. La cuestión es que esto les representa un elevado costo a los empresarios, cuando los casos se incrementan.
Por ejemplo, un análisis hecho por la ANDI, en conjunto con las EPS, revela que cerca del 60 por ciento de las incapacidades por enfermedad general tuvieron una duración de 1 a 2 días.
“De este modo, son las empresas las que tienen un mayor impacto en razón de las incapacidades médicas, dado que son las encargadas de asumir el costo de los dos primeros días de incapacidad por enfermedad de origen común”, agrega el gremio.
Contando estos gastos y los demás generados por el ausentismo laboral, una empresa tuvo que gastar aproximadamente un adicional de 650 millones de pesos debido a temas relacionados con el ausentismo y las restricciones médicas y reubicaciones, es decir, en promedio, 650.000 por cada trabajador.