En medio de denuncias, de que los congresistas estaban recibiendo llamadas de parte del Gobierno para que cambiaran el voto, el proyecto de ley que buscaba abrir la puerta para el traslado de afiliados a fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, sin el lleno de los requisitos, se hundió en el Congreso de la República, por una votación de 5 a favor y 6 en contra.
“Es un día triste para el país. El Congreso le dio la espalda a la justicia con la gente que se equivocó al elegir el lugar donde poner sus ahorros. Lo hicieron sin recibir la asesoría correspondiente”, dijo la senadora Nadia Blel, que era la encargada de defender la propuesta, de la autoría de Juan Carlos Wills.
El trámite se venía dando con fluidez. Pasó los dos debates en Cámara, donde recibió todos los avales. Pero las cosas cambiaron en la comisión séptima del Senado.
Cuando se le daba el tercer debate, hace un par de semanas, y teniendo en el horizonte que el Gobierno no lo apoyaba porque tendría un costo fiscal demasiado alto, se pidió una tregua, para que una subcomisión evaluara a fondo la viabilidad financiera de la iniciativa, con la cual, unas 500.000 personas que están inconformes en los fondos privados, se pudieran pasar para Colpensiones, sin cumplir con los requisitos vigentes para el traslado: 10 años antes de cumplir la edad de pensión.
Durante el debate, entre los defensores del proyecto se anotaron Nadia Blel, Alberto Castilla, Aulo Polo, Victoria Sandino y Manuel Biterbo. En la sesión participó el representante a la Cámara César Lorduy, quien se mostró a favor de la iniciativa.
Entre los oponentes estuvieron Laura Fortich, Honorio Henriquez, Carlos Fernando Motoa, Eduardo Pulgar, Milla Romero y Gabriel Velasco. Este último, tomó la vocería para controvertir los argumentos a favor del proyecto. Mientras se habla de 34.000 demandas que, en un 95 por ciento las pierde el Estado, los contradictores sostuvieron que, si bien las demandas tienen un impacto fiscal de 10.000 millones de pesos anuales para la bolsa pública, el costo del traslado equivale a un billón de pesos al año.
La subcomisión mencionada retomó las proyecciones del Ministerio de Hacienda, según las cuales, la aprobación del proyecto tendría un impacto fiscal de 34,2 billones de pesos en un sistema que hoy le cuesta al Estado 4 puntos del PIB (producto interno bruto).
Desde la perspectiva del Gobierno, el costo de permitir los traslados de afiliados AFP a Colpensiones, traería como consecuencia un mayor desequilibrio vulnerando la sostenibilidad fiscal del sistema.
En contraste, los impulsores de la propuesta argumentaban que, al no aprobarse, se están vulnerando los derechos de los ciudadanos a equivocarse, pues muchos se pasaron para los fondos privados sin tener la claridad de su esquema de pago de las mesadas, una vez se adquiera el derecho a la pensión.
Entre tanto, la subcomisión encargada para poner una lupa más aguda a los efectos de la iniciativa, si bien puso sobre el tapete todo tipo de principios que median en este proyecto: igualdad, equidad, derecho al bienestar en la vejez, derecho a equivocarse, finalmente subrayó un elemento crucial que fue puesto este jueves en el debate y al que ya se ha referido la Corte Constitucional. Y es el del tema pensional, que, en Colombia, si bien requiere una reforma estructural, no puede ser abordado con temáticas aisladas.
“La reforma pensional es necesaria, pero no puede ser en temas aislados, debe ser integral y que busque realmente sanear las brechas e inequidades que se han podido identificar dentro del actual sistema con una discusión seria y profunda al respecto”, dice el informe.
Ese fue el golpe contundente que finalmente, dejó el proyecto en el archivo. Juan Carlos Wills señaló que, ya que el beneficio es para los que se jubilarán con pensiones de 1 a 4 salarios mínimos, volverá a insistir en el Congreso, donde radicará de nuevo la iniciativa.
En el mismo sentido, Aulo Polo sostuvo que “si defender a los vulnerables es populismo”, él anda en esas filas.
En el informe de la subcomisión que evaluó la viabilidad de la propuesta, se mencionó la tarea que ya se viene adelantando en el Congreso, con la llamada “Ley de protección de la vejez”.
Inclusive, el trámite de ese proyecto, que intenta dar solución al problema de la desprotección de gran parte de los colombianos en la vejez, puede ser una señal de que este Gobierno, tampoco se dará la pela de hacer una reforma pensional estructural, como las que hacen tendencia en muchos países del mundo.