Esta semana la alcaldesa Claudia López presentó el Plan de Reactivación para Bogotá. El Plan Marshall para la capital –como lo llamó– tiene dos grandes componentes: el primero consiste en 11 billones de pesos adicionales de cupo de endeudamiento y, el segundo, un paquete de incentivos tributarios. Este último incluye congelar el impuesto predial para el año gravable 2021 y extender el pago por cuotas para predios no residenciales. Los teatros y museos estarán exentos y predios residenciales de estratos bajos que hayan tenido crecimientos desbordados recibirán un descuento. También plantea descuentos de entre el 5 y el 15 por ciento del pago del impuesto de industria y comercio (ICA) para los empresarios. “Al que más perdió, más le ayudamos”, añadió la alcaldesa, quien también afirmó que hay que actuar colectivamente.
Por esto, planteó que “a las compañías y personas que les haya ido bien durante la pandemia” paguen más impuestos, por lo que habrá un aumento del predial para los inmuebles residenciales con un valor catastral superior a los 1.092 millones de pesos. También del ICA a los servicios profesionales de consultoría y las ventas al por menor mediante internet o correo físico. Para los expertos, el plan tiene cosas buenas, como el aplazamiento del predial, pero resulta bastante insuficiente y deja planteados muchos interrogantes. Extrañan medidas que ayuden a las empresas formales que ya quebraron o están en mayores dificultades.
También consideraron difícil de explicar que el plan les suba los impuestos a medicamentos y algunos bienes de primera necesidad y de bioseguridad justo en este momento. También que grave las plataformas electrónicas y afecte la digitalización de la ciudad con el único argumento de que no les ha ido tan mal durante la pandemia. Otros destacaron que el tema del ICA es en realidad un costo fiscal que terminará por pagar el Gobierno nacional el año entrante, puesto que este se puede descontar de la declaración de renta. Sin embargo, el principal reclamo es que en realidad no es un plan que ayude a la reactivación, sino simplemente un conjunto de medidas de alivio tributario. Por esto, el llamado ‘Plan Marshall’ de Bogotá no debería llamarse así, asegura Mauricio Santamaría, presidente de Anif. Explica que el Plan Marshall fue un gran programa diseñado para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y estaba enfocado en construcción de infraestructura y el gasto directo. “Aquí no hay nada de esto”, afirma. Las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López pueden beneficiar el bolsillo de algunos y el presupuesto de muchos bogotanos, pero no constituyen una política agresiva de generación de empleo. Por eso, falta un plan de obras de infraestructura, de las cuales incluso unas ya están comenzando o en fase final de licitación y podrían convertirse en eje de la recuperación. El IDU, por ejemplo, saldrá en septiembre con varias licitaciones millonarias para construir vías y contratos de diseños para otros desarrollos. También hay avances significativos para obras como la ALO Sur y la ampliación de la Autopista Norte.
Bogotá tiene dos grandes ventajas que debe aprovechar al máximo. La primera es que no debe sortear problemas críticos como consultas previas y muy pocas licencias ambientales, dos trámites que se convirtieron en palos en la rueda de la infraestructura. La segunda gran ventaja es que muchos proyectos están en una fase final de licitación o ad portas de comenzar obras. Esa inversión movilizará negocios, empleos y consumo, todo lo necesario para resucitar la economía. Al representar cerca de una cuarta parte del PIB nacional y una quinta parte del empleo total, la reactivación de Bogotá es fundamental para el país. Las cuarentenas más severas frente a otras ciudades del país le han pasado factura a la economía. Por eso muchos celebran que la alcaldesa comience a pensar en la reactivación. Sin embargo, insisten en que lo anunciado no es un plan que ayude al empleo y, por tanto, siguen a la espera de que llegue el verdadero Plan Marshall de Bogotá.