Hace exactamente un año, en octubre, el gobierno nacional hablaba de más de una treintena de contratos suspendidos (33), por diversos motivos. Lo hizo en la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía que realizaba en esa ocasión la Asociación Colombiana de Petróleo y sus gremios aliados.
Ahora, según el dato entregado por Orlando Velandia, presidente de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), en la VII versión del mismo evento, que se realiza por estos días en Cartagena, la cifra de contratos resueltos en este año va en 5.
Velandia dijo que destrabar esos contratos no es fácil, pese a que se intente agilizar el proceso. No obstante 5 nuevos que vuelven a producir tiene grandes implicaciones para la producción de hidrocarburos.
Mensajes que preocupan
Al iniciar el año pasado, en el Foro Económico Mundial, varios voceros del gobierno posicionaron la idea de que no se firmarían nuevos contratos, en procura de la lucha contra el cambio climático.
De hecho, hablaban de que había suficientes contratos, entonces la salida era que los explotaran, de cara a una transición energética en la que aún dependemos de los hidrocarburos, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad energética como en los ingresos públicos, que, en buena parte, provienen de la industria extractiva. No en vano, este sector equivale al 2,8 % del PIB nacional y le genera al país por el lado de la renta petrolera, las regalías y los dividendos de Ecopetrol, empresa que en su mayoría es de propiedad pública.
Meta incumplida
La realidad es que la meta se la trazó el gobierno desde el inicio de la administración. Se hablaba entonces de destrabar 32 con los cuales, no sería necesario firmar nuevos. En diciembre, de acuerdo con lo explicado por Velandia, se cerró con 30. En este año, se han destrabado 5 más.
En ese momento, los contratos destrabados estaban principalmente en Arauca, Putumayo y Santander, tres áreas de gran interés para la extracción de hidrocarburos.
Los principales problemas que llevaron a la suspensión de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos han sido de orden público, conflictividad social y trámites ambientales.
Estas son la piedra en el zapato para la evolución de la industria extractiva que traban las actividades de la rama de la economía que está en la mira, pues el país está en proceso de avanzar más rápido hacia la llamada transición energética, una de las apuestas del gobierno.