El presidente Gustavo Petro anunció el reinicio de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, país que pasa por una profunda crisis energética. Pero la noticia no vino sola: el mandatario lanzó un sablazo y dijo que este suministro, de nuevo, de energía al vecino país, es “contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos”.

Sin embargo, después del comentario del jefe de Estado desde Brasil, los pronunciamientos en torno a las dificultades que tiene sistema energético en Colombia, lejos de terminar, siguieron avanzando.

El presidente Gustavo Petro desde la G20 en Brasil anunció el reinicio de suministro de energía a Ecuador. | Foto: Presidencia

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, formuló un control de advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, por riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles. En su pronunciamiento identificó cuatro riesgos.

El primero tiene que ver con una disminución significativa en los ingresos de la nación, principalmente en regalías, derivada de la reducción de la producción de hidrocarburos y por ende de su exportación, evidenciada a través de los indicadores de exploración e incorporación de reservas, “lo cual pone de presente el anquilosamiento en el sector de hidrocarburos en Colombia. Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, generados por las industrias, las cuales ante un eventual desabastecimiento o incremento en los combustibles (gas, ACPM, gasolina) terminarían acabando con las empresas”.

Se presenta también un riesgo, al tener que destinar recursos para atender subsidios en servicios públicos, ante un desabastecimiento e importación de gas y otros combustibles. “Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2,5 billones de pesos”.

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, formuló un control de advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, por riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles. | Foto: Guillermo Torres Reina

Los otros dos riesgos se dan, por un lado, por una posible disminución de la inversión extranjera directa en el país, como consecuencia de la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación minera y petrolera. Y, por el otro, que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados.

Por su parte, Corficolombiana realizó un análisis denominado ‘El costo del déficit local del gas y eventual apagón’, en el que plantea los escenarios de desbalance en el suministro de gas y en la situación del sistema eléctrico nacional, y su impacto en el país.

Advierte el análisis que, durante 2024, se han encendido las alarmas sobre posibles escenarios de importación de gas natural para cubrir la demanda no térmica y de racionamiento de energía eléctrica en Colombia en los próximos años, dado que la demanda viene aumentando, al punto que podría estar por encima de la oferta.

En el caso del gas, señala la firma, la caída de las reservas probadas en los últimos doce años, sin perspectivas claras de reversión, es un factor preocupante. Por su parte, en el sector eléctrico, retrasos en proyectos de infraestructura y la alta dependencia del sistema de condiciones hidrológicas agravan la incertidumbre. “Estas condiciones impiden garantizar que la futura demanda de energía estará completamente cubierta por la oferta local. Este editorial analiza los escenarios de desbalance en el mercado de gas y desabastecimiento de energía eléctrica, estimando los impactos potenciales de su materialización.

“Estas condiciones impiden garantizar que la futura demanda de energía estará completamente cubierta por la oferta local". | Foto: SEMANA

De acuerdo con el estudio de Corficolombiana, las reservas probadas de este hidrocarburo en el país han disminuido constantemente desde 2011, pasando de un factor de reservas/producción de 13,9 años en 2011 a 6,1 años en 2023. Además, la negativa del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ha limitado la capacidad de aumentar el nivel de nuevos descubrimientos de gas en el país.

“En septiembre de 2024 la producción comercializada de gas completó 11 meses consecutivos con caídas anuales, disminuyendo en promedio 7,5 % anual cada mes. Hacia delante, el Ministerio de Minas y Energía proyecta que el potencial de producción de gas natural en el país se reducirá a una tasa promedio anual de 10 % hasta 2029. Al mismo tiempo, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) estima que la demanda total de gas en Colombia aumentará en promedio un 2,4 % anual durante el mismo período”, advierte el informe.

Señala que, ante la caída en la extracción local de gas, según proyecciones del Ministerio de Minas y la Upme, a partir de noviembre de 2024 la demanda local por este hidrocarburo superaría la producción en el país, aunque solamente afectaría la demanda de las generadoras térmicas de energía eléctrica. Pero allí hay un respaldo, pues el país cuenta con la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) desde 2016, una planta regasificadora ubicada en el Caribe colombiano, que permite la importación de gas. Esta planta tiene una capacidad de regasificación de 450 millones de pies cúbicos diarios, lo que equivale aproximadamente al 30 % de la producción nacional en 2024. Desde hace varios años, Colombia ha importado gas a través de Spec, aunque este mecanismo se ha utilizado exclusivamente para respaldar la generación de energía térmica, permitiéndole al sector eléctrico responder de manera satisfactoria en periodos de estrés climático, como el reciente fenómeno de El Niño.

El país cuenta con la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) desde 2016, una planta regasificadora ubicada en el Caribe colombiano, que permite la importación de gas. Esta planta tiene una capacidad de regasificación de 450 millones de pies cúbicos diarios. Foto: Cortesía para El País | Foto: Uso exclusivo de El País

Según el escenario medio de la Upme, gracias al respaldo de Spec, la importación de gas podría cubrir la demanda térmica hasta julio de 2026, a pesar de la caída en la producción local. “Sin embargo, aún falta la regulación necesaria para permitir la comercialización del gas importado para la demanda esencial e industrial, y este pronóstico depende de diversas eventualidades que podrían adelantar dicho escenario”, advierte el análisis.

¿Cuál será el impacto? La menor capacidad de abastecimiento de gas, explica Corficolombiana, podría afectar la economía colombiana, provocando racionamientos en su suministro. “Aunque los hogares y la generación térmica serían los últimos en verse afectados, el sector industrial sería el más vulnerable. Un ejemplo de ello fue la Resolución 40444 de 2024 del Ministerio de Minas, que priorizó estos sectores durante el mantenimiento de la planta Spec. A partir de agosto de 2026, cuando la demanda no térmica superaría la producción local, las importaciones de gas se volverían esenciales para abastecer a hogares, comercios e industrias. Aunque el gas importado desde Cartagena se ha destinado principalmente a la generación de energía, este mecanismo sería el más viable para suministrar gas a los hogares. Para ello, sería necesario habilitar la comercialización del gas importado y activar la bidireccionalidad del gasoducto Barranquilla-Ballena”, agrega.

Y el otro impacto, será el tarifario. Los cálculos de la firma establecen que, según la Upme, el gas importado desde Cartagena tiene un costo entre un 65 y un 132 % más alto que el gas extraído en el país. En este contexto, las facturas de los hogares podrían experimentar un aumento en el componente de generación1 (en el caso donde se utilice gas importado para el suministro residencial). “En general, por cada 10 % de participación del gas importado sobre el suministro total (excluyendo el sector termoeléctrico), las tarifas aumentarían en 4,2 %, con un efecto inflacionario de 0,04 puntos porcentuales”.

¿Cortocircuito eléctrico?

El otro frente en el análisis de Corficolombiana es el sector eléctrico. Allí, son varias las preocupaciones. Primero, los retrasos en proyectos de infraestructura, en especial los relacionados con energías renovables no convencionales –como eólica o solar–, que, sumados a la alta dependencia de fuentes hidroeléctricas expuestas a fenómenos climáticos, como El Niño, agravan el riesgo. Además, explica que la última subasta de obligación de energía en firme, diseñada para garantizar la oferta futura de electricidad, asignó el 99 % a energía renovables no convencionales, dejando un margen mínimo para la generación térmica y limitando la capacidad del sistema eléctrico de responder con fuentes no dependientes de las condiciones climáticas.

La Upme proyecta que la demanda local de electricidad aumentará en promedio un 3,1 % en el escenario medio.

“A diferencia del gas de producción nacional, no se anticipa una disminución en la oferta de energía, sino que la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) será insuficiente en los próximos años. La ENFICC representa la cantidad de energía que el sistema puede garantizar de forma continua, incluso en condiciones críticas, como periodos de baja hidrología. Según cifras de XM y la Upme, la demanda de electricidad en el país superará la ENFICC a partir de julio de 2025. Si bien esta situación no implica necesariamente un desabastecimiento, refleja que la capacidad de generación no sería suficiente para cubrir la demanda en un escenario climático complejo, como el que se ha experimentado en 2024 debido al fenómeno de El Niño”, advierte el estudio.

Los efectos económicos de un desbalance en la oferta de energía eléctrica serían significativos para el crecimiento económico. ¿La razón? A diferencia del gas, la capacidad de importación de electricidad es muy limitada, lo que reduce el margen para aumentar la oferta local a corto plazo. En este contexto, si la demanda supera la capacidad de generación de energía eléctrica, el país enfrentaría apagones programados y restricciones en el suministro de electricidad en varios sectores.

Recordó el estudio que en 1992 Colombia tuvo un apagón que significó una reducción en la demanda de energía de parte del sector industrial de 3,1 %. Y estima que un eventual costo por hora del racionamiento es equivalente a 5.200 millones de pesos de 2024.

“No obstante, la necesidad de un racionamiento de la magnitud que se dio en 1992 sería baja, incluso bajo un escenario de generación de energía eléctrica limitada por factores como fenómenos climáticos (baja hidrología), problemas técnicos u operativos en las instalaciones y/o gestión inadecuada y deficiente planeación de los recursos hídricos. Ante este panorama, es esencial tomar medidas urgentes para garantizar el suministro energético en el mediano y largo plazo”, puntualiza.