Los colombianos comparten los propósitos de cuidar el medioambiente al garantizar el acceso a la información, la efectiva participación ciudadana y la justicia para evitar crímenes contra la biodiversidad. Al fin y al cabo el país, en los últimos años, ha aprendido a tener conciencia sobre la necesidad de contar con un medioambiente sano y un desarrollo sostenible.
Por eso la nación aplaudió cuando en diciembre el presidente Iván Duque anunció la firma del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que comparte esos propósitos. Se trata del primer acuerdo regional sobre medioambiente, propuesto en 2012 y avalado por la Cepal, que tras una larga negociación quedó listo en 2018. A la fecha lo apoyan 22 de los 33 países de América Latina y el Caribe.
Para que entre en vigencia, antes del 26 de septiembre deben haberlo ratificado 11 países. En este momento lo han hecho nueve. Sin embargo esta semana Chile, uno de los principales impulsores de la iniciativa, dijo que no lo hará. Su canciller, Andrés Allamand, aseguró que es inconveniente para el país. En Perú la discusión ha tomado fuerza en las últimas semanas y varios sectores pidieron archivarlo. Lo mismo ocurre en Brasil.
En Colombia, donde acaba de comenzar la discusión en el Congreso, algunos gremios han pedido no aprobarlo, como se vio durante una audiencia sobre el proyecto de ley radicado en julio por el Gobierno. ¿Por qué después del entusiasmo algunos países se echaron para atrás?
Varios temas generan escozor. El primero es que, como dice un dirigente gremial, es un acuerdo “para ángeles” y su puesta en marcha dista mucho de ajustarse a la realidad de los países de la región. Adoptarlo exigirá muchos cambios en la legislación ambiental. Segundo, hay recelo por la redacción ambigua, que hace temer que genere problemas similares a los creados por las consultas previas, que hoy tienen frenados varios proyectos productivos. De hecho, la figura de consultas previas surgió de un acuerdo internacional firmado por Colombia con la OIT.
Y tercero, preocupan los nuevos compromisos que en materia judicial tendrá que adoptar el país, que podrían llevarlo a comparecer a tribunales internacionales o convertirse en letra muerta.
En la audiencia pública convocada por la Comisión Segunda del Senado, hace unos días, representantes del Gobierno, líderes de ONG, ambientalistas y algunos congresistas destacaron las bondades del acuerdo. Pero varios dirigentes gremiales expresaron sus preocupaciones. Los presidentes de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidieron no aprobarlo.
Bedoya explica que antes que adoptar nuevas normativas en estas materias ambientales, el país debe “aplicar las leyes que ya existen, desarrollar y robustecer las instituciones públicas para cumplir lo que está en nuestra Constitución y dar seguridad jurídica y claridad al sector privado y al agro, donde están todos los que producen la comida del país”. Y se queja de que el lenguaje del acuerdo tiene una gran ambigüedad.
Para el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, el acuerdo tiene un lenguaje positivo y buenas intenciones, pero temas como la inversión de la carga de la prueba y la falta de una buena reglamentación podrían generar problemas como los que provocó la consulta previa. Una figura que “se ha prestado para usos injustificados y afecta el desarrollo económico del país”.
La discusión sobre Escazú ya arrancó en el vecindario y apenas comienza en Colombia. Sin duda no será un tema fácil, pues Gobierno, ambientalistas y ONG ya han pedido acoger este acuerdo. Sin embargo, vale la pena revisarlo a fondo para evitar que ahora, que la reactivación es urgente, este nuevo instrumento frene la inversión y los nuevos proyectos.