Este 28 de diciembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una decisión que se esperaba durante meses. Muy temprano en la mañana, en una discreta rueda de prensa, sin mayores anuncios previos, el superintendente Andrés Barreto hizo públicos los resultados de la investigación de la entidad en uno de los mayores escándalos de corrupción en tiempos recientes: la Ruta del Sol II. Se trata del capítulo colombiano del entramado de Odebrecht, la compañía brasileña que reconoció que había fraguado una red de sobornos para lograr la adjudicación de contratos en toda América Latina.

El proceso de la Superintendencia había comenzado en 2017, cuando estalló el escándalo, y sus resultados finales apenas se conocen. La sanción que impuso Barreto es económicamente muy cuantiosa. En total, las empresas y personas naturales que participaron en los negocios de ese consorcio deberán pagar cerca de 295.000 millones de pesos.

Las multas están distribuidas de la siguiente manera:

Empresas:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.: $87.780.299.178

ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S.A,: $87.780.299.178

CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA, S.A. (CORFICOLOMBIANA): $55.564.723.500

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL, S.A.S. (EPISOL): $33.826.650.000

CONCESIONARIA RUTA DEL SOL, S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (CONCESIONARIA): $221.475.540

Personas naturales:

GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES: $1.228.975.605 (% por el programa de beneficios por colaboración): $26.349.180.000

LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (ODEBRECHT): $1.755.603.135

LUIZ ANTONIO MAMERI (ODEBRECHT): $1.228.975.605

YEZID AUGUSTO AROCHA ALARCÓN (ODEBRECHT): $185.512.470

JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA (CORFICOLOMBIANA): $393.991.455

Durante los últimos meses, el proceso en la Superintendencia había despertado mucha curiosidad en el sector empresarial y jurídico. Pero no por Odebrecht, sino por las implicaciones que este podría tener en el principal conglomerado del país, el Grupo Aval. Al final, la decisión le impuso al grupo de Luis Carlos Sarmiento un duro castigo, pero también le representó un alivio.

Frente a lo primero, en la decisión de la Superintendencia, dos empresas del Grupo deberán pagar cuantiosas multas. Corficolombiana, cerca de 55 mil millones, y Episol, 33 mil millones. Desde que comenzó el escándalo, la defensa del conglomerado siempre fue que ellos tenían una participación minoritaria en el consorcio y que Odebrecht, al tener el 62 % en la sociedad, mantenía el control. Episol, filial de Aval, tenía el 33 % y el grupo Solarte poseía el 5 % restante.

Un entramado

La Superintendencia se aparta de esa posición y envía un duro mensaje con su decisión. Según el documento de la rueda de prensa, “se encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol”. El texto agrega que este se dio en dos fases. En la primera, “idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del contrato”.

En la segunda, “a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó a través de la instrumentalización de diferentes contratos, les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto de la Ruta del Sol”.

Frente a los hechos irregulares, la Superintendencia tiene una tesis. Para la entidad, ese sistema para violar la libre competencia “tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial”. En ese contexto, las tres empresas –Odebrecht, Corficolombiana y Episol–, con el fin de ganar el contrato, le apuntaron a enfilar sus esfuerzos al viceministro Gabriel García Morales, a quien –según la SIC– buscaron “con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo”.

Sobre el pago a Morales, quien reconoció ante la justicia haber recibido una coima de 6,5 millones de dólares, la Superintendencia señala que este fue hecho por Odebrecht, pero que entre las empresas se acordó “la división de los costos de la retribución económica pactada”. Agrega que luego se ideó un esquema para generar los reembolsos.

A pesar de la dureza de la sanción, en el Grupo Aval la decisión fue recibida con alivio. Para ellos, la Superintendencia, a pesar de la imposición de la cuantiosa multa, ratifica lo que ha sido su defensa por años. El conglomerado asegura que después de la investigación no se pudo probar que de esos reembolsos ellos hayan tenido conocimiento.

En el documento de la decisión se aclara lo siguiente: “Dentro del acervo probatorio recaudado en el marco de la investigación no se encontró prueba alguna que permita acreditar que el grupo Aval hubiere tenido conocimiento o prestado su participación o participado en la configuración y ejecución del acuerdo colusorio que se celebró con Gabriel García Morales”. Pero se especifica que sí existen pruebas de que las empresas controladas por el grupo, Episol y Corficolombiana, habrían participado del acuerdo anticompetitivo.

Por ahora, se sabe que ese pago se habría efectuado a través de un contrato, por valor de $10.890.000 de dólares, entre Consol y una sociedad española denominada DCS Management. Para Aval, la SIC no logró demostrar cuándo ni cómo los pagos efectuados a DCS Management habrían terminado en manos de Odebrecht.

Alguien sabía

El elemento central de la tesis de Aval es que el único que habría tenido conocimiento de las irregularidades era José Elías Melo, el entonces presidente de Corficolombiana, holding de Sarmiento y dueño de Episol, quien terminó condenado a 11 años de prisión por la justicia penal. La decisión de la Superintendencia condenó a Melo, como persona natural, al pago de 393 millones de pesos de multa, pero exoneró a todos los demás directivos de la compañía.

Esa liberación de responsabilidad incluye al presidente de Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Sobre él, la entidad de control aseguró que “no tuvo participación en los hechos investigados y, en particular, luego de evaluar todas las pruebas recaudadas, descartó su responsabilidad en cualquier conducta relacionadas con irregularidades durante la fase previa a la licitación respectiva”.

En la rueda de prensa, el superintendente Barreto dijo que “el señor José Elías Melo mantuvo todo en secreto y en concurso con Odebrecht procurando evitar el control de la compañía para la cual trabajaba”. La entidad asegura que “los gerentes de Consol, así como el “Controller” de la Concesionaria, identificaron pagos irregulares que carecían de soporte o justificación” y que “dichos pagos irregulares fueron puestos en conocimiento de José Elías Melo”.

El conglomerado reaccionó de inmediato. “El Grupo Aval celebra que esta decisión final haya confirmado, como lo ha sostenido a lo largo de los últimos años, que a la empresa, sus directivos y funcionarios, no se les puede imputar responsabilidad alguna en este censurable caso”, aseguró.

La decisión de la Superintendencia generó revuelo en quienes han liderado las denuncias por ese escándalo de corrupción. “Otra decisión legal que nos da la razón a quienes investigamos y denunciamos este caso”, señaló el senador Jorge Enrique Robledo. Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente que comenzó la investigación, también se pronunció. “Hace 2 años imputamos cargos a las corruptas empresas de Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht por el soborno para la adjudicación de Ruta del Sol 2. Hoy la SIC les impone millonarias multas por la suma global de $295 mil millones. Apreciable decisión”, dijo.

Como dato curioso, la investigación de la SIC comenzó en enero de 2017, cuando el entonces senador Iván Duque le envió una carta al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, para pedirle investigar “las prácticas y responsabilidades de la empresa Odebrecht por la eventual violación del régimen de libre competencia… y traslade los hallazgos a los que haya lugar a las autoridades penales en el evento de encontrarse la comisión de conductas punibles”. Para ese momento, el escándalo internacional ya había estallado y en Colombia el exviceministro Gabriel García Morales y Otto Bula estaban presos por recibir sobornos de 11 millones de dólares.