Cuando menos se esperaba y en medio de las mayores tensiones con el sector privado, tras la no asistencia del presidente Gustavo Petro a la clausura del Congreso de la Andi la semana anterior y el aplazamiento del encuentro con los representantes del Consejo Gremial Nacional, el Gobierno decidió presentar, en silencio, la reforma laboral en el Congreso.
De sus iniciativas sociales, esta fue la única que no sobrevivió el trámite en la legislatura pasada. En total, el nuevo proyecto trae 92 artículos, 16 más que el original. Dentro de los cambios que se destacan en la estructura del proyecto presentado, sobresalen las formas de contratación y de pagos en la seguridad social.
De acuerdo con el Gobierno, para desarrollar el principio constitucional de la estabilidad laboral, mediante el uso de los contratos de trabajo a término indefinido como regla general, en la exposición de motivos de la iniciativa, se proponen nuevas formas de contratación. Por ejemplo, el contrato de trabajo doméstico, el trabajo agropecuario, el laboral de aprendizaje y la vinculación de trabajadores a plataformas digitales tecnológicas de reparto.
Este último es tal vez el más novedoso de los cambios en la iniciativa. Según explicó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In —gremio que agrupa a las plataformas digitales—, se establecieron dos tipos de relaciones entre trabajadores y empresas de las plataformas:
La primera, a través de un contrato independiente, en donde las empresas contribuyen con una parte del pago a la seguridad social de los repartidores de la siguiente manera: el pago será tomado del 40 por ciento del ingreso base de cada repartidor; las plataformas pagarán el 60 por ciento del aporte de salud y el 60 por ciento del aporte en pensión y el trabajador el 40 por ciento restante, respectivamente. Además, las plataformas pagarán el ciento por ciento del aporte en riesgos laborales.
Y la segunda: que los repartidores se podrán vincular por medio de trabajo dependiente, si así lo acuerdan las dos partes, con las implicaciones de ley.
De hecho, esa flexibilidad llegaría también a los micronegocios, que podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial. En la exposición de motivos se enmarca la búsqueda de fórmulas que promuevan el tránsito a la economía formal por parte de los trabajadores, mediante la generación de incentivos que prioricen los micronegocios. El texto también incluye medidas específicas contra la discriminación por razones de género. Pero en principio mantiene la estructura del proyecto original.
Por eso, a pesar de contar con algunos avances, también llegaron críticas de expertos laboralistas y gremios. Por una parte, en el tema de la forma.
El primero en pronunciarse fue Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien advirtió en su cuenta de Twitter que “como miembros de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales le habíamos solicitado formalmente al ministerio que citara a una reunión para debatir un nuevo proyecto. Esto no sucedió”. Y agregó: “El Gobierno deberá presentar al Congreso y al país la evaluación de la propuesta sobre empleo, informalidad e impacto fiscal. No podemos cometer el error de dejar a miles y miles de familias sin empleo. La responsabilidad con ellas es inmensa”.
En el mismo sentido, Charles Chapman, experto laboralista y socio de la firma Chapman Wilches, aseguró que la presentación de la reforma no atiende el tripartismo. “Esto, incluso, vicia el proyecto”, dice. Como asegura un dirigente empresarial: “No se entiende el alcance del acuerdo nacional que quiere el Gobierno, porque luego de aplazar la reunión con el Consejo Gremial radica la reforma laboral sin ningún tipo de consenso”.
Sin duda, el problema laboral en Colombia es estructural y es necesario abordar una reforma que entregue soluciones para generar empleo y reducir la informalidad en medio de retos como los desarrollos tecnológicos y los vaivenes de la economía.
“No es que no necesitemos una reforma laboral, porque definitivamente la necesitamos; el problema es que no deberían imponernos una visión política que no aborde las necesidades reales de Colombia, las cuales son mejorar las tasas de desempleo y reducir la preocupante informalidad. Lo que más preocupa es que el Gobierno parece estar renunciando nuevamente a la posibilidad de un diálogo nacional significativo”, afirma Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight.
Además, en el fondo de la reforma, persisten las preocupaciones de la primera iniciativa presentada por el Gobierno. Chapman advierte que el actual proyecto desconoce las recomendaciones que hizo el Banco de la República sobre la pérdida de 450.000 empleos, debido al aumento desmedido de los costos laborales.
“El Gobierno desatiende los poderosos argumentos técnicos planteados por el Banco y mantiene en la reforma el incremento de recargos, licencia de paternidad, jornada laboral, indemnizaciones y fueros de estabilidad laboral”, dice. Chapman también resalta el tema de las indemnizaciones.
“Se consagra un aumento desmedido de la indemnización por despido sin justa causa. Se duplica, triplica y cuadruplica y hasta más la indemnización, dependiendo de la antigüedad, la que pasa de 20 a 60 días por años subsiguientes al primero, cuando el trabajador cumpla diez años. Esto se convertirá en un estímulo para que los empresarios despidan a sus empleados antes de cumplir estos diez años, repitiendo un error que se había superado cuando la ley anterior consagraba la acción de reintegro después de cumplir la década de servicios”, explica.
Por su parte, Mauricio Montealegre, director de la práctica laboral en Gómez-Pinzón Abogados, considera que incrementar la rigurosidad en las normas, bajo el escudo de eliminar la precariedad laboral, “supone un mayor obstáculo para lograr el objetivo de la formalidad, pudiendo tener como efecto la precariedad social”. Según él, para las plataformas digitales hubo un “salvavidas” legislativo, porque el texto abre la posibilidad de tener trabajadores dependientes e independientes, lo que permitirá que se cree una discusión que coincida con la realidad de las nuevas formas de trabajo.
“Hay mucho margen de mejora en el texto, sobre todo para dar inicio al debate de la concepción del trabajo en el año 2023 y futuro. En mi opinión, esta es una deuda que sigue teniendo el Gobierno con su propuesta de reforma, pues conserva la concepción del trabajador del año 1950 en una época en la que el mundo vive transformaciones constantes en materia de actividades laborales”, asegura Montealegre, de Gómez-Pinzón. Destaca que se crea el trabajo transnacional, dentro de las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo.
Permite a las empresas tener trabajadores en cualquier lugar del mundo, siempre que se cumpla con las normas migratorias y se contrate un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. “Es clave que este punto sea asumido por las reformas a salud y pensión, para que la incorporación del trabajo trasnacional sea integral en materia de cubrimientos”, dice.
La discusión apenas va a empezar, sin embargo, la acelerada radicación del proyecto parece haber marcado con pie izquierdo el arranque de una reforma necesaria, pero en la que es clave la búsqueda de acuerdos y consensos.