Tras el fracaso de la reforma laboral, se han prendido las alarmas sobre el futuro de las otras reformas sociales del Gobierno Petro, en particular la de la salud y la pensional. Para algunos, bajo el argumento de “mejor malo conocido que bueno por conocer”, es sano que las reformas no se aprueben o al menos no como están propuestas. Otros piensan que si no avanzan, Colombia podría entrar en una era de mayor descontento social.
En salud, los promotores de la iniciativa piden casi que un borrón y cuenta nueva, argumentando que el sistema de Colombia es de los peores del mundo, mientras que los contradictores admiten que se deben hacer numerosos ajustes, construyendo sobre lo construido, pero no arrancar de cero. En pensiones, por el contrario, sí hay consenso con respecto a que si no se hace nada, no va a ser posible atajar la tan temida “bomba pensional”.
El problema no solo radica en que bajo las condiciones actuales apenas se pensiona uno de cada cuatro adultos mayores, sino que además es un sistema regresivo que les da más subsidio a quienes tienen más recursos.
Parte de ese desfase se explica por dos razones: la primera es la enorme inestabilidad del mercado laboral, que frecuentemente saca personas de la formalidad a la informalidad, la cual hace muy difícil cumplir con los requisitos para pensionarse, y la segunda, que tras la Ley 100 se dejaron dos sistemas pensionales que, en vez de complementarse, compiten entre sí, en medio de un cambio demográfico con una población cada vez más vieja y unos jóvenes que no quieren tener hijos que ayuden en el futuro a financiar a los jubilados. Solucionar ese ‘chicharrón’ no es tarea fácil, pero lo que sí es cierto es que hay que empezar a corregirlo.
Alejandra Sánchez Vásquez, coordinadora de la Maestría en Actuaría y Finanzas del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, lleva cinco años estudiando este tema con sus alumnos y con la solidez que le da el haber recopilado y analizado los datos de todos los colombianos que cotizan a pensiones en los dos regímenes, así como de todos los pensionados, asegura que solo hay tres formas para darle sostenibilidad al sistema: cotizar más, entregar mesadas más bajas o que el Estado subsidie más.
Sin embargo, en un país como Colombia hacer esos ajustes no es sencillo, pese a que miles de estudios internacionales y locales han recomendado aumentar la edad de pensión o subir el 16 por ciento del salario que se ahorra mensualmente. Y la razón para que ese cambio no sea viable es porque hoy 42 por ciento de las personas mayores no se pensionan, pues pese a tener la edad, no alcanzan a las 1.300 semanas exigidas. Si se les pide que coticen más semanas, va a ser aún más complicado cumplir ese requisito.
“A eso se suma una muy baja densidad de cotización, es decir, la cantidad de semanas que se cotizan cada año. Por ejemplo, en diez años serían 520 semanas para tener una densidad del ciento por ciento. Eso quiere decir que una persona estuvo enganchada laboralmente diez años. Sin embargo, en Colombia la densidad de cotización es en promedio de entre 34 y 35 por ciento, lo que significa que un colombiano para poder lograr las 1.300 semanas exigidas, con esa densidad de cotización, no necesita 26 años de trabajo, sino 60 y por eso tanta gente no se nos pensiona”, reitera Sánchez, quien tras su exhaustivo trabajo de investigación con un equipo de estudiantes y profesores, vio que había una oportunidad para que sus análisis sobre las pensiones en el país pudiera servir al hacer política pública, aprovechando la reforma pensional que planteó el Gobierno. Por este motivo, le plantearon al Ministerio de Trabajo un convenio interadministrativo que les diera acceso a todas las bases de datos y tanto esa cartera como el grupo de investigación son dueños de los resultados.
‘Embudos’ para atender
Gran parte de lo que encontró este grupo de investigación de la Universidad Nacional sirvió como base para la ponencia de la reforma pensional que se aprobó en la Comisión Séptima de Senado. La profesora Sánchez insiste en que uno de los mayores ‘embudos’ que se deben atender es el de esas personas mayores de 60 años que se quedaron con 1.100 o 1.200 semanas y no se logran pensionar, pues difícilmente se pueden emplear a esa edad. Hoy, a ese grupo se le devuelve el dinero, pero en la reforma se aprobó la prestación anticipada, que es un intermedio entre el pilar semicontributivo y el contributivo. La idea es que en vez de devolverles el ahorro, les liquidan una mesa como si ya tuvieran el tiempo, pero mensualmente les van descontando las cotizaciones que les faltan hasta que completen las 1.300 semanas. Una vez lo logren, ya les quedará su pensión plena.
Esta experta acepta que la exigencia de 1.300 semanas es bajita frente a estándares internacionales, pero reitera que la gente no se pensiona por vaga o porque no quiera trabajar, sino porque el mercado laboral los saca permanentemente. A eso, hay que sumarle la elevada participación de los contratos de prestación de servicios, pues casi la mitad de quienes hoy cotizan con salarios de entre uno y tres salarios mínimos lo hacen como independientes. Esa cifra puede llegar al 70 por ciento en regiones como la costa caribe. “La prestación de servicios implica una inestabilidad laboral enorme, a tal punto que a muchos de quienes tienen este tipo de contratos los bancos no les dan crédito, así que difícilmente van a lograr las 1.300 semanas y tampoco se les podría pedir más”, puntualiza Sánchez y agrega que el éxito de la reforma dependerá claramente de que se pueda aumentar la población con trabajo formal. En promedio, el país ha tenido 10 millones de empleados formales frente a una población económicamente activa de 24 millones, lo que implica que hay 14 millones que no están cotizando para pensión, y mientras no lo hagan, el sistema no tendrá futuro por más reformas que se hagan.
“La que está en el Congreso ayuda bastante en términos financieros, en especial porque le crea un pasivo cierto a Colpensiones, que va a saber a cuántas personas va a subsidiar, pero se van a necesitar recursos, hacia los años 2048-2050”, dice la investigadora y agrega que la gran ventaja de Colombia está justamente ahí en lograr que coticen los 14 millones de trabajadores que están por fuera del sistema, mientras que en los países europeos, como Francia, lo único que les queda es subir la edad de pensión y las cotizaciones.
A Sánchez no le gusta el concepto de bomba pensional, porque dice que hasta ahora Colombia les ha cumplido a los pensionados, sin retrasos en los pagos de las mesadas y, probablemente, lo seguirá haciendo con o sin reforma, pero lo que sí puede haber es una bomba social ante un creciente número de viejos sin ingresos y claramente no es lo mismo tener jóvenes pobres que adultos mayores en esa condición, lo cual genera, a su vez, una mayor presión por subsidios.
Aunque apoya la reforma, a esta experta le preocupan los cambios que se metan en el proceso legislativo, sin tener en cuenta los datos y que, por buscar la equidad, terminen creando más desigualdad.