El tránsito de las reformas a la justicia ha sido complicado y ha llevado, una y otra vez, a su hundimiento. Gran parte de esta responsabilidad está en el interés de transformar el gobierno de la Justicia, es decir, las altas cortes, el periodo y la elección de los magistrados y hasta el régimen de inmunidad.
“Eso tal como funciona está bien. Podría ser mejor, lo que tenemos no es perfecto, pero ese no es el grave problema. Nosotros no vamos a inventar un proyecto de reforma a la justicia para intentar lo mismo. Vamos a intentar, en juzgados municipales, acercar la justicia a la ciudadanía, aligerar los procedimientos judiciales, es decir, una reforma a la justicia que probablemente no toca la Constitución”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en entrevista con SEMANA.
Eso significaría, según él, cambios en leyes, decretos, políticas públicas. “Y es más efectivo que una reforma a la Constitución, en la que, admito, el régimen de configuración de la justicia está bien, es aceptable, garantiza autonomía, independencia, funcionamiento del Poder Judicial. Lo que nos hace falta es que sea más efectivo, y para eso necesitamos más juzgados, más presencia de Poder Judicial, más eficacia en la justicia; las altas cortes están funcionando bien”, advierte.
Frente a la elección de altos funcionarios del Estado, como el contralor, el fiscal o el procurador, que ha despertado polémica e incluso ha sido criticada por el mismo presidente Gustavo Petro en su momento, ¿qué viene? “Esa es una pregunta para el ministro Prada, pero me atrevo a decir que no está en las prioridades del Gobierno. El proyecto de reforma política en el que está pensando el Gobierno no va por ahí. Es cierto que se presentó un proyecto recientemente, que es de iniciativa parlamentaria, de unificación de periodos, pero no es un proyecto de iniciativa gubernamental”, advirtió el jefe de la cartera de Justicia.
Él sueña con un sistema penal humanista, que confíe en la dignidad humana, en la posibilidad de redención de las personas. “Confío en un sistema de justicia cercano a la ciudadanía, fácil, sobre todo con presencia fuerte en las regiones más olvidadas. Todos nos quejamos de que en Medellín y en Bogotá no hay suficientes juzgados ni miembros del Poder Judicial, hay que resolverlo. Pero hay que pensar más en el Putumayo, Guaviare, Vichada, en donde casi no hay presencia judicial. En eso tenemos que empeñarnos en dar un paso cualitativo y cuantitativo para seguir hacia delante”, agrega.
Tiene claro que la esencia de la administración de justicia pasa por la prontitud. “Una justicia tardía ya no es justa. Aligerar los procesos judiciales, recortar los términos, para eso se requieren políticas muy combinadas. Necesitamos hacer una peluqueada a normas procesales que requieren unos formalismos tal vez excesivos”, dijo.
Explicó que quiere concentrarse en desjudicializar algunas conductas que implican ir a los juzgados, pero que se pueden atender en Centros de Conciliación, Casas de Justicia, Comisarías de Familia.
Además, puso como ejemplo los programas de descongestión judicial, que en la jurisdicción laboral funcionaron. “Podríamos mirar si en la jurisdicción civil hacemos algo parecido. El Poder Judicial es autónomo en eso, pero las experiencias exitosas se pueden replicar”, concluyó.